En tres días hábiles los jueces Ivana González y Gustavo Castro decidirán si la Unidad Anticorrupciónpuede seguir investigando la causa Carpintero/Severiche o si en cambio confirman la resolución de su colega Mirta Moreno, que declaró nula la pesquisa y sus operativos.
En una picante audiencia en Tribunales de Trelew la mañana de este miércoles, la jefa de la Unidad, Julieta Gamarra, consideró que la secuencia de decisiones de Moreno fue “totalmente inestable y generadora de inseguridad jurídica”.

Es que primero la magistrada consideró verosímil la denuncia del gremialista José Severiche al exministro Gonzalo Carpintero y a Ricardo Traversini Loza por ofrecerle plata a cambio de “armar quilombo” e impedir el inicio de las clases en Chubut.
“Moreno autorizó requisar sus coches, secuestrar sus celulares y equipos de DVR”, recordó Gamarra. “Pero menos de 10 días después, con la misma información, la misma jueza da un giro total y decide lo contrario con una oscilación manifiesta”.
“Es una contradicción judicial: o primero conocía el Derecho y coincidía con Fiscalía, o no lo conocía y marcó posición ante el planteo de la defensa, ¿qué modelo de Justicia estamos convalidando?”.

Gamarra consideró “ilógica, arbitraria y contradictoria” la nulidad que firmó Moreno. “Sostenemos que hubo cohecho pero nos cierran toda posibilidad de investigar porque la única vía que teníamos eran los celulares y los DVR”.
La fiscal se preguntó: “¿La jueza controló la legalidad del proceso y por eso autorizó semejantes procedimientos o después se dio cuenta de que no lo había controlado?”.
Federico Ruffa, defensor de Carpintero, replicó que si Fiscalía aceptó la competencia de Moreno para revisar su propia primera resolución, también debe aceptar que pueda declararla nula. “Es falso que la jueza tuvo siempre la misma información: Moreno no sabía que Severiche no era funcionario público sino celador en uso de licencia, ni tampoco que no era secretario general de ATE Chubut”.
Cuestionó que al ampliar su denuncia ante la UA, el gremialista sugestivamente “ya se había olvidado” detalles básicos de su primera presentación, como la dirección donde le ofrecieron el soborno. Y reveló que como el teléfono de Severiche era un “celular corporativo”, ni siquiera lo aportó para peritar.
“La realidad es que quieren entrar a pescar al teléfono de Carpintero, que probablemente sea muy lindo para los actores políticos detrás de esto. Moreno tuvo la valentía y la capacidad de explicar frondosamente por qué su primera orden era inválida”.
Gamarra niega esta intención ya que según aclaró, la búsqueda de información se limitará al lapso de la denuncia, ni antes ni después.

Alfredo Pérez Galimberti, abogado de Traversini Loza, graficó: “Esta causa se trata de un señor que habla con otro para hacer tal cuestión, y eso no es delito ni se puede investigar, pero insisten en abrir teléfonos a ver qué encuentran, ¿qué otra aventura quieren encarar? No se puede seguir violando la intimidad de las personas”.
“No cualquier empleado público puede cometer cohecho. El celador en uso de licencia Severiche jamás tuvo la competencia material y territorial que Fiscalía le atribuye, aunque lo investiguen toda la vida para descubrir algo que no es. No traen un solo argumento”.
Tras considerar que hubo un “notorio desconocimiento del Derecho” de los fiscales Gamarra y Lucas Papini, inesperadamente Galimberti pidió que se ordene que ambos paguen las costas del proceso.
El tono de la audiencia se calentó. Tanto, que cuando la discusión amagabaconvertirse en cruces personales, con una mirada mutua los jueces consideraron agotado el debate y se retiraron a deliberar.
Fotos: Sergio Esparza

En tres días hábiles los jueces Ivana González y Gustavo Castro decidirán si la Unidad Anticorrupciónpuede seguir investigando la causa Carpintero/Severiche o si en cambio confirman la resolución de su colega Mirta Moreno, que declaró nula la pesquisa y sus operativos.
En una picante audiencia en Tribunales de Trelew la mañana de este miércoles, la jefa de la Unidad, Julieta Gamarra, consideró que la secuencia de decisiones de Moreno fue “totalmente inestable y generadora de inseguridad jurídica”.

Es que primero la magistrada consideró verosímil la denuncia del gremialista José Severiche al exministro Gonzalo Carpintero y a Ricardo Traversini Loza por ofrecerle plata a cambio de “armar quilombo” e impedir el inicio de las clases en Chubut.
“Moreno autorizó requisar sus coches, secuestrar sus celulares y equipos de DVR”, recordó Gamarra. “Pero menos de 10 días después, con la misma información, la misma jueza da un giro total y decide lo contrario con una oscilación manifiesta”.
“Es una contradicción judicial: o primero conocía el Derecho y coincidía con Fiscalía, o no lo conocía y marcó posición ante el planteo de la defensa, ¿qué modelo de Justicia estamos convalidando?”.

Gamarra consideró “ilógica, arbitraria y contradictoria” la nulidad que firmó Moreno. “Sostenemos que hubo cohecho pero nos cierran toda posibilidad de investigar porque la única vía que teníamos eran los celulares y los DVR”.
La fiscal se preguntó: “¿La jueza controló la legalidad del proceso y por eso autorizó semejantes procedimientos o después se dio cuenta de que no lo había controlado?”.
Federico Ruffa, defensor de Carpintero, replicó que si Fiscalía aceptó la competencia de Moreno para revisar su propia primera resolución, también debe aceptar que pueda declararla nula. “Es falso que la jueza tuvo siempre la misma información: Moreno no sabía que Severiche no era funcionario público sino celador en uso de licencia, ni tampoco que no era secretario general de ATE Chubut”.
Cuestionó que al ampliar su denuncia ante la UA, el gremialista sugestivamente “ya se había olvidado” detalles básicos de su primera presentación, como la dirección donde le ofrecieron el soborno. Y reveló que como el teléfono de Severiche era un “celular corporativo”, ni siquiera lo aportó para peritar.
“La realidad es que quieren entrar a pescar al teléfono de Carpintero, que probablemente sea muy lindo para los actores políticos detrás de esto. Moreno tuvo la valentía y la capacidad de explicar frondosamente por qué su primera orden era inválida”.
Gamarra niega esta intención ya que según aclaró, la búsqueda de información se limitará al lapso de la denuncia, ni antes ni después.

Alfredo Pérez Galimberti, abogado de Traversini Loza, graficó: “Esta causa se trata de un señor que habla con otro para hacer tal cuestión, y eso no es delito ni se puede investigar, pero insisten en abrir teléfonos a ver qué encuentran, ¿qué otra aventura quieren encarar? No se puede seguir violando la intimidad de las personas”.
“No cualquier empleado público puede cometer cohecho. El celador en uso de licencia Severiche jamás tuvo la competencia material y territorial que Fiscalía le atribuye, aunque lo investiguen toda la vida para descubrir algo que no es. No traen un solo argumento”.
Tras considerar que hubo un “notorio desconocimiento del Derecho” de los fiscales Gamarra y Lucas Papini, inesperadamente Galimberti pidió que se ordene que ambos paguen las costas del proceso.
El tono de la audiencia se calentó. Tanto, que cuando la discusión amagabaconvertirse en cruces personales, con una mirada mutua los jueces consideraron agotado el debate y se retiraron a deliberar.
Fotos: Sergio Esparza