El juez Carlos Richeri, a sumario por "comercio ilegal"
Por mayoría, el Consejo de la Magistratura decidió abrir el sumario contra el magistrado de Esquel. Lo habían denunciado tres abogados por vender cursos de litigación en la web y por abuso de poder. También por el uso de la IA para redactar sentencias, pero este cuestionamiento quedó afuera de la investigación administrativa.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
En su sesión de este miércoles en Puerto Madryn, el Consejo de la Magistratura del Chubut votó por mayoría abrir el sumario contra el juez penal de Esquel Carlos Richeri, denunciado por “comercio ilegal”. El sumariante será Juan Pablo Camilo Gallegos, consejero popular por la Circunscripción Judicial de Sarmiento.
Al momento de la votación no estaban todos los consejeros presentes. Se presentaron dos dictámenes a consideración: ambos aconsejaban el sumario pero con distinta cantidad de episodios. Ahora la presentación tiene tres destinos posibles: el archivo de las actuaciones, el envío al Superior Tribunal de Justicia para que disponga o la remisión a un jury de enjuciamiento.
En diciembre de 2025, los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa denunciaron por mal desempeño al magistrado por ejercer el comercio ilegalmente, haber usado Inteligencia Artificial para redactar una sentencia y haber abusado de su poder en una causa que los involucra.
Los letrados acusaron al magistrado por montar “una verdadera empresa comercial, una academia privada de enseñanza de destrezas forenses y asesoramiento profesional de abogados y funcionarios judiciales”.
Son páginas web donde imparte clases particulares a abogados mediante grabaciones que entrega a cambio de tarifas diferenciales. Además, da cursos on-line que se pueden comprar en conjunto o separados de las clases grabadas.
En ese momento la denuncia precisó que el precio de $ 500.000 estaba tachado y abajo había un nuevo precio de $ 350.000 (con la leyenda de 30% off) con un vínculo para transferencia bancaria. El precio en dólares era de U$S 400, tachado y abajo un nuevo precio de U$S 250 (con la leyenda de 38% off).
Tras recordar la Ley de Ética Pública, la denuncia recordó que los jueces tienen prohibido ejercer el comercio y ejercer la abogacía de cualquier modo.
“La venta de cursos, grabados y presenciales, por parte del juez Richeri, con sustento en su -exagerada, por otra parte- experiencia como magistrado, garantizando resultados, actividad que publicita permanentemente con histrionismo desmedido, es una actividad incompatible con la dignidad de un magistrado”.
Pérez Galimberti, Ruffa y Heredia remarcaron que para sus videos Richeri usaba su despacho y la sala de audiencias en los Tribunales de Esquel. “Usó bienes del Estado para provecho propio, como el propio edificio y el despacho judicial; los muebles y la enseña patria; también servicios, como la provisión de energía eléctrica, y eventualmente el uso de una computadora provista
por el Poder Judicial”.
Lo consideraron “una conducta gravemente indecorosa del juez, que aprovecha los recursos del Poder Judicial de Chubut para generar ingresos en un emprendimiento comercial”.
De acuerdo a la presentación, al dar asesoramiento personal en casos reales está ejerciendo la profesión de abogado, cuando lo tiene vedado.
“La conducta de montar una academia, de la que sólo él es responsable, y que tiene por finalidad de obtención de dinero por parte de particulares, significa que ejerce un comercio en el que vende servicios. Y esto evidencia una grave falta de idoneidad moral”.
La denuncia original también hacía referencia a la sentencia de la Cámara Penal de Esquel, que invalidó un fallo de Richeri por haberlo escrito usando Inteligencia Artificial. Cabe recordar, sin embargo, que un fallo del Superior Tribunal de Justicia respaldó el trabajo del juez y validó su uso de IA. Por este motivo, este cuestionamiento quedó afuera de la investigación administrativa.
El tercer motivo de la denuncia fue conocido y sí será indagado: la intervención “irregular” del juez en la causa penal en la que Heredia y Pérez Galimberti, en representación de la Asociación de la Magistratura denunciaron a los integrantes del Superior.
“Asumió una jurisdicción que no le correspondía y no se excusó cuando todos los magistrados asociados lo hicieron”, dice la denuncia. “No se puede ser juez y parte. Es abuso de poder”.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
En su sesión de este miércoles en Puerto Madryn, el Consejo de la Magistratura del Chubut votó por mayoría abrir el sumario contra el juez penal de Esquel Carlos Richeri, denunciado por “comercio ilegal”. El sumariante será Juan Pablo Camilo Gallegos, consejero popular por la Circunscripción Judicial de Sarmiento.
Al momento de la votación no estaban todos los consejeros presentes. Se presentaron dos dictámenes a consideración: ambos aconsejaban el sumario pero con distinta cantidad de episodios. Ahora la presentación tiene tres destinos posibles: el archivo de las actuaciones, el envío al Superior Tribunal de Justicia para que disponga o la remisión a un jury de enjuciamiento.
En diciembre de 2025, los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa denunciaron por mal desempeño al magistrado por ejercer el comercio ilegalmente, haber usado Inteligencia Artificial para redactar una sentencia y haber abusado de su poder en una causa que los involucra.
Los letrados acusaron al magistrado por montar “una verdadera empresa comercial, una academia privada de enseñanza de destrezas forenses y asesoramiento profesional de abogados y funcionarios judiciales”.
Son páginas web donde imparte clases particulares a abogados mediante grabaciones que entrega a cambio de tarifas diferenciales. Además, da cursos on-line que se pueden comprar en conjunto o separados de las clases grabadas.
En ese momento la denuncia precisó que el precio de $ 500.000 estaba tachado y abajo había un nuevo precio de $ 350.000 (con la leyenda de 30% off) con un vínculo para transferencia bancaria. El precio en dólares era de U$S 400, tachado y abajo un nuevo precio de U$S 250 (con la leyenda de 38% off).
Tras recordar la Ley de Ética Pública, la denuncia recordó que los jueces tienen prohibido ejercer el comercio y ejercer la abogacía de cualquier modo.
“La venta de cursos, grabados y presenciales, por parte del juez Richeri, con sustento en su -exagerada, por otra parte- experiencia como magistrado, garantizando resultados, actividad que publicita permanentemente con histrionismo desmedido, es una actividad incompatible con la dignidad de un magistrado”.
Pérez Galimberti, Ruffa y Heredia remarcaron que para sus videos Richeri usaba su despacho y la sala de audiencias en los Tribunales de Esquel. “Usó bienes del Estado para provecho propio, como el propio edificio y el despacho judicial; los muebles y la enseña patria; también servicios, como la provisión de energía eléctrica, y eventualmente el uso de una computadora provista
por el Poder Judicial”.
Lo consideraron “una conducta gravemente indecorosa del juez, que aprovecha los recursos del Poder Judicial de Chubut para generar ingresos en un emprendimiento comercial”.
De acuerdo a la presentación, al dar asesoramiento personal en casos reales está ejerciendo la profesión de abogado, cuando lo tiene vedado.
“La conducta de montar una academia, de la que sólo él es responsable, y que tiene por finalidad de obtención de dinero por parte de particulares, significa que ejerce un comercio en el que vende servicios. Y esto evidencia una grave falta de idoneidad moral”.
La denuncia original también hacía referencia a la sentencia de la Cámara Penal de Esquel, que invalidó un fallo de Richeri por haberlo escrito usando Inteligencia Artificial. Cabe recordar, sin embargo, que un fallo del Superior Tribunal de Justicia respaldó el trabajo del juez y validó su uso de IA. Por este motivo, este cuestionamiento quedó afuera de la investigación administrativa.
El tercer motivo de la denuncia fue conocido y sí será indagado: la intervención “irregular” del juez en la causa penal en la que Heredia y Pérez Galimberti, en representación de la Asociación de la Magistratura denunciaron a los integrantes del Superior.
“Asumió una jurisdicción que no le correspondía y no se excusó cuando todos los magistrados asociados lo hicieron”, dice la denuncia. “No se puede ser juez y parte. Es abuso de poder”.