Falsas denuncias: “No hay condenas, es para generar miedo”
La abogada especialista en Derechos Humanos y coordinadora del Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer, Alejandra Tolosa, cuestionó el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual. Advirtió que la iniciativa “pretende acallar a las víctimas”, sostuvo que las denuncias falsas representan apenas el 0,09% y alertó sobre un retroceso en políticas de género y derechos humanos.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
En medio del avance en el Senado de la Nación del proyecto de ley que propone endurecer las penas para las falsas denuncias vinculadas a casos de violencia de género y abuso sexual, la abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Tolosa salió al cruce de la iniciativa y aseguró que se trata de una medida orientada a “disciplinar y silenciar a las víctimas”.
Tolosa, quien además coordina el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer, en una entrevista con Jornada, cuestionó el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada y afirmó que no existe una problemática real que justifique el agravamiento penal.
“No existen las falsas denuncias como fenómeno. En Chubut no hay ni un solo caso de falsas denuncias por estos motivos. Lo que se pretende es crear una realidad inexistente para generar miedo y disuadir a las personas de denunciar”, sostuvo.
La especialista remarcó que el delito de falsa denuncia ya está contemplado en el Código Penal argentino y que la modificación propuesta apunta exclusivamente a denuncias vinculadas a violencia de género y abusos sexuales. Para Tolosa, ese punto revela el verdadero objetivo de la iniciativa.
“El agravamiento se aplica solamente a estos delitos. Entonces queda claro que la pretensión no es combatir un problema real sino acallar a las víctimas y disciplinarlas mediante la amenaza penal”, explicó.
En ese sentido, citó datos del Consejo Federal de Fiscales que indican que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total y que, además, suelen estar relacionadas con delitos económicos y estafas, no con denuncias por violencia de género.
“La realidad no muestra esa supuesta plaga de falsas denuncias de mujeres contra varones inocentes que algunos sectores quieren instalar. Lo que sí existe es un enorme subregistro: casi el 90% de las víctimas no denuncia”, afirmó.
Tolosa advirtió que las personas que atraviesan situaciones de violencia ya enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la Justicia y que este proyecto profundizaría esas dificultades. “En delitos donde muchas veces no hay testigos y existen enormes barreras para denunciar, sumar la amenaza de criminalización significa agregar otro obstáculo más”, señaló.
Además, consideró que la iniciativa se inscribe dentro de un contexto político e ideológico más amplio. “Desde diciembre de 2023 se viene desarticulando de manera sistemática toda la institucionalidad vinculada a derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBI+. Hay un retroceso en programas, políticas públicas y marcos normativos”, indicó.
Entre los ejemplos mencionó el debilitamiento de programas como Acompañar, la línea 144, la implementación de la Ley Micaela y las políticas de salud sexual y reproductiva. Según sostuvo, estas decisiones reflejan “una avanzada conservadora global” que busca frenar conquistas impulsadas por los movimientos feministas.
“Hay sectores que incluso niegan la violencia de género y el femicidio, del mismo modo que niegan el cambio climático. Se intenta reinstalar estereotipos sobre las mujeres como manipuladoras, exageradas o mentirosas”, expresó.
Para la abogada, el discurso sobre las falsas denuncias construye una figura inexistente: “Se pretende instalar la idea de mujeres feministas que inventan hechos por venganza o interés económico, cuando esa realidad no existe”.
Tolosa también recordó que organismos internacionales ya manifestaron preocupación por el proyecto. En particular, señaló que el Comité de la CEDAW —encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— recomendó este año al Estado argentino retirar la iniciativa.
“Distintas organizaciones llevamos esta preocupación al Comité y en febrero recomendaron expresamente que Argentina retire el proyecto porque constituye un obstáculo adicional para el acceso a la Justicia de las mujeres”, concluyó.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
En medio del avance en el Senado de la Nación del proyecto de ley que propone endurecer las penas para las falsas denuncias vinculadas a casos de violencia de género y abuso sexual, la abogada especialista en Derechos Humanos Alejandra Tolosa salió al cruce de la iniciativa y aseguró que se trata de una medida orientada a “disciplinar y silenciar a las víctimas”.
Tolosa, quien además coordina el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer, en una entrevista con Jornada, cuestionó el proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada y afirmó que no existe una problemática real que justifique el agravamiento penal.
“No existen las falsas denuncias como fenómeno. En Chubut no hay ni un solo caso de falsas denuncias por estos motivos. Lo que se pretende es crear una realidad inexistente para generar miedo y disuadir a las personas de denunciar”, sostuvo.
La especialista remarcó que el delito de falsa denuncia ya está contemplado en el Código Penal argentino y que la modificación propuesta apunta exclusivamente a denuncias vinculadas a violencia de género y abusos sexuales. Para Tolosa, ese punto revela el verdadero objetivo de la iniciativa.
“El agravamiento se aplica solamente a estos delitos. Entonces queda claro que la pretensión no es combatir un problema real sino acallar a las víctimas y disciplinarlas mediante la amenaza penal”, explicó.
En ese sentido, citó datos del Consejo Federal de Fiscales que indican que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total y que, además, suelen estar relacionadas con delitos económicos y estafas, no con denuncias por violencia de género.
“La realidad no muestra esa supuesta plaga de falsas denuncias de mujeres contra varones inocentes que algunos sectores quieren instalar. Lo que sí existe es un enorme subregistro: casi el 90% de las víctimas no denuncia”, afirmó.
Tolosa advirtió que las personas que atraviesan situaciones de violencia ya enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la Justicia y que este proyecto profundizaría esas dificultades. “En delitos donde muchas veces no hay testigos y existen enormes barreras para denunciar, sumar la amenaza de criminalización significa agregar otro obstáculo más”, señaló.
Además, consideró que la iniciativa se inscribe dentro de un contexto político e ideológico más amplio. “Desde diciembre de 2023 se viene desarticulando de manera sistemática toda la institucionalidad vinculada a derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBI+. Hay un retroceso en programas, políticas públicas y marcos normativos”, indicó.
Entre los ejemplos mencionó el debilitamiento de programas como Acompañar, la línea 144, la implementación de la Ley Micaela y las políticas de salud sexual y reproductiva. Según sostuvo, estas decisiones reflejan “una avanzada conservadora global” que busca frenar conquistas impulsadas por los movimientos feministas.
“Hay sectores que incluso niegan la violencia de género y el femicidio, del mismo modo que niegan el cambio climático. Se intenta reinstalar estereotipos sobre las mujeres como manipuladoras, exageradas o mentirosas”, expresó.
Para la abogada, el discurso sobre las falsas denuncias construye una figura inexistente: “Se pretende instalar la idea de mujeres feministas que inventan hechos por venganza o interés económico, cuando esa realidad no existe”.
Tolosa también recordó que organismos internacionales ya manifestaron preocupación por el proyecto. En particular, señaló que el Comité de la CEDAW —encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— recomendó este año al Estado argentino retirar la iniciativa.
“Distintas organizaciones llevamos esta preocupación al Comité y en febrero recomendaron expresamente que Argentina retire el proyecto porque constituye un obstáculo adicional para el acceso a la Justicia de las mujeres”, concluyó.