Desplazaron a jefes de la Alcaidía e investigan corrupción
Investigan una presunta connivencia entre policías y detenidos. La Fiscalía realizó seis allanamientos y requisas tras una investigación iniciada en abril por posibles hechos de corrupción dentro del establecimiento.
Hallaron evidencias que confirmarían varias de las sospechas sobre beneficios otorgados a internos por fuera de la normativa. El jefe fue pasado a disponibilidad por 60 días y el segundo jefe trasladado. La investigación judicial que comenzó a fines de abril derivó en seis allanamientos y requisas dentro de la Alcaidía, donde la Fiscalía y la Policía del Chubut detectaron presuntas irregularidades que podrían configurar delitos vinculados a beneficios indebidos otorgados a personas privadas de la libertad.
Como consecuencia, el jefe de la dependencia comisario José Carlos Fernández fue pasado a disponibilidad preventiva por 60 días y el segundo jefe fue trasladado. El fiscal Cristian Olazábal confirmó que la causa se inició el 22 de abril, cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de situaciones anómalas que se estarían desarrollando dentro del establecimiento carcelario. “Tomamos conocimiento de irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la Alcaidía Policial y que estas conductas tendrían componentes delictivos”, explicó el fiscal al brindar detalles sobre el operativo realizado durante la madrugada.
A partir de esa información, la Fiscalía avanzó en la recolección de pruebas y solicitó medidas de comprobación directa que fueron autorizadas por la jueza penal María Laura Borges. Los procedimientos comenzaron alrededor de las seis de la mañana y estuvieron dirigidos tanto a sectores administrativos de la Alcaidía como a los pabellones 3 y 4, considerados de interés para la investigación. También se realizaron diligencias vinculadas a quien ejercía la dirección del establecimiento. Según reveló Olazábal, las evidencias obtenidas permitieron corroborar varias de las sospechas que manejaban los investigadores.
“Varias de las sospechas que nosotros teníamos fueron comprobadas a partir de la recolección de evidencias que acreditaban aquello que teníamos por datos aportados a la causa y también por algunas intervenciones telefónicas”, sostuvo. Si bien evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer la pesquisa, el representante del Ministerio Público señaló que existen elementos que apuntan a una posible connivencia entre detenidos y autoridades de la dependencia. “Lo que tenemos es una posible convivencia entre personas que están privadas de la libertad con las autoridades de la Alcaidía Policial”, afirmó.
Consultado sobre la naturaleza de esas irregularidades, Olazábal indicó que se investiga el otorgamiento de beneficios por fuera de toda normativa. “Serían beneficios otorgados a los presos por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley”, manifestó.
La investigación también apunta a determinar si existieron maniobras vinculadas a un posible enriquecimiento ilícito. No obstante, el fiscal aclaró que todavía se encuentra en etapa preliminar y que resta analizar documentación y peritar dispositivos de comunicación secuestrados durante los procedimientos. Por el momento, la pesquisa está centrada en el jefe de la Alcaidía, aunque no se descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades. “Estamos hablando de una institución donde hay personas que podrían tener conocimiento. Ese es el objeto que estamos tratando de establecer”, señaló.
Autodepuración de la fuerza
Desde la Policía del Chubut, el comisario Omar Delgado, confirmó que la Jefatura dispuso medidas administrativas inmediatas una vez finalizados los procedimientos. “Administrativamente, en función de lo que se ha colectado, el señor jefe de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del jefe de la dependencia, el traslado del segundo jefe y la designación de una nueva conducción”, informó.
La Alcaidía quedó a cargo del comisario inspector Diego Ruhmling, acompañado por el oficial principal Maximiliano Ruiz Díaz, quienes asumieron funciones durante la tarde de este miércoles. Paralelamente, se realiza un relevamiento integral del establecimiento y de los elementos hallados durante las requisas.
Por su parte el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena remarcó que la intervención fue realizada por personal de la propia fuerza provincial y destacó que la investigación surgió desde el interior de la institución. “Es muy importante destacar que nuestra Policía se autodepura. Cuando encontramos algún efectivo que no está de este lado de la ley y está del otro, rápidamente se hace lo que corresponde para que no continúe en su cargo”, expresó.
El funcionario evitó confirmar si existen más policías involucrados, aunque dejó abierta esa posibilidad al señalar que la investigación continúa bajo estricta reserva. Mientras tanto, la Fiscalía analiza la evidencia secuestrada y avanza en una causa que podría derivar en imputaciones por delitos de corrupción dentro de uno de los principales establecimientos de detención de la ciudad.
Hallaron evidencias que confirmarían varias de las sospechas sobre beneficios otorgados a internos por fuera de la normativa. El jefe fue pasado a disponibilidad por 60 días y el segundo jefe trasladado. La investigación judicial que comenzó a fines de abril derivó en seis allanamientos y requisas dentro de la Alcaidía, donde la Fiscalía y la Policía del Chubut detectaron presuntas irregularidades que podrían configurar delitos vinculados a beneficios indebidos otorgados a personas privadas de la libertad.
Como consecuencia, el jefe de la dependencia comisario José Carlos Fernández fue pasado a disponibilidad preventiva por 60 días y el segundo jefe fue trasladado. El fiscal Cristian Olazábal confirmó que la causa se inició el 22 de abril, cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de situaciones anómalas que se estarían desarrollando dentro del establecimiento carcelario. “Tomamos conocimiento de irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la Alcaidía Policial y que estas conductas tendrían componentes delictivos”, explicó el fiscal al brindar detalles sobre el operativo realizado durante la madrugada.
A partir de esa información, la Fiscalía avanzó en la recolección de pruebas y solicitó medidas de comprobación directa que fueron autorizadas por la jueza penal María Laura Borges. Los procedimientos comenzaron alrededor de las seis de la mañana y estuvieron dirigidos tanto a sectores administrativos de la Alcaidía como a los pabellones 3 y 4, considerados de interés para la investigación. También se realizaron diligencias vinculadas a quien ejercía la dirección del establecimiento. Según reveló Olazábal, las evidencias obtenidas permitieron corroborar varias de las sospechas que manejaban los investigadores.
“Varias de las sospechas que nosotros teníamos fueron comprobadas a partir de la recolección de evidencias que acreditaban aquello que teníamos por datos aportados a la causa y también por algunas intervenciones telefónicas”, sostuvo. Si bien evitó brindar mayores precisiones para no entorpecer la pesquisa, el representante del Ministerio Público señaló que existen elementos que apuntan a una posible connivencia entre detenidos y autoridades de la dependencia. “Lo que tenemos es una posible convivencia entre personas que están privadas de la libertad con las autoridades de la Alcaidía Policial”, afirmó.
Consultado sobre la naturaleza de esas irregularidades, Olazábal indicó que se investiga el otorgamiento de beneficios por fuera de toda normativa. “Serían beneficios otorgados a los presos por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley”, manifestó.
La investigación también apunta a determinar si existieron maniobras vinculadas a un posible enriquecimiento ilícito. No obstante, el fiscal aclaró que todavía se encuentra en etapa preliminar y que resta analizar documentación y peritar dispositivos de comunicación secuestrados durante los procedimientos. Por el momento, la pesquisa está centrada en el jefe de la Alcaidía, aunque no se descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades. “Estamos hablando de una institución donde hay personas que podrían tener conocimiento. Ese es el objeto que estamos tratando de establecer”, señaló.
Autodepuración de la fuerza
Desde la Policía del Chubut, el comisario Omar Delgado, confirmó que la Jefatura dispuso medidas administrativas inmediatas una vez finalizados los procedimientos. “Administrativamente, en función de lo que se ha colectado, el señor jefe de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del jefe de la dependencia, el traslado del segundo jefe y la designación de una nueva conducción”, informó.
La Alcaidía quedó a cargo del comisario inspector Diego Ruhmling, acompañado por el oficial principal Maximiliano Ruiz Díaz, quienes asumieron funciones durante la tarde de este miércoles. Paralelamente, se realiza un relevamiento integral del establecimiento y de los elementos hallados durante las requisas.
Por su parte el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena remarcó que la intervención fue realizada por personal de la propia fuerza provincial y destacó que la investigación surgió desde el interior de la institución. “Es muy importante destacar que nuestra Policía se autodepura. Cuando encontramos algún efectivo que no está de este lado de la ley y está del otro, rápidamente se hace lo que corresponde para que no continúe en su cargo”, expresó.
El funcionario evitó confirmar si existen más policías involucrados, aunque dejó abierta esa posibilidad al señalar que la investigación continúa bajo estricta reserva. Mientras tanto, la Fiscalía analiza la evidencia secuestrada y avanza en una causa que podría derivar en imputaciones por delitos de corrupción dentro de uno de los principales establecimientos de detención de la ciudad.