"La prueba mostrará que no hubo insultos, agresiones ni amenazas"
Santiago Carlen, defensor del asesor de Familia de Esquel Hugo Sánchez, dijo que para sostener el caso la acusación construyó la imagen de un magistrado "violento, autoritario y misógino". En su alegato de apertura le pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que "juzgue hechos y no personalidades".
En su alegato de apertura, Santiago Carlen, defensor en el jury contra Hugo Sánchez, jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, le pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que “juzgue hechos y no personalidades”. A Sánchez le imputan múltiples maltratos a las trabajadoras de esa área del Ministerio de la Defensoría Pública
En la primera audiencia realizada este jueves en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, Carlen deslizó que el único hecho que se puede imputar a su defendido es su discusión del 4 de noviembre de 2024 con la denunciante Paula Epifane.“Todo lo demás es una construcción arbitraria e intencional, sin sustento práctico, para crear una cortina de humo, y evadir el hecho único y central”, remarcó. “Les pido que juzguen hechos y no perfiles ni 15 años resumidos en adjetivos descalificativos”.
Desde la audiencia en Rawson, Carlen enfatizó que el jury probará que aquella discusión que terminó en una denuncia fue breve y tensa pero que se sacó de contexto. “Tuvo tonos elevados de ambos lados; lo reconocemos pero la prueba mostrará que no hubo insultos, agresiones físicas ni amenazas”.
“La imagen de un magistrado violento, autoritario y misógino que la acusación construyó no resiste el contraste con la prueba científica e institucional ni con los propios actos de gestión de Sánchez a lo largo de su carrera”, agregó.
Según su abogado, incluso si algún episodio fuese cierto, “no alcanzan ni de lejos el umbral constitucional necesario para destituir a un magistrado”.
Carlen explicó que la Comisión Acusadora busca cargarle a Sánchez “una serie de relatos arbitrariamente seleccionados sobre situaciones incomprobables: algunas datan de hace más de 15 años, otras no tienen pruebas y otras son percepciones subjetivas o diferencias de interpretaciones”. En todo caso, ninguno de ellos es una conducta sancionable y por lo tanto no pueden fundamentar una destitución. “Con esa materia prima se pide la destitución de un magistrado con más de 30 años de función pública”.
En su alegato, Carlen aseguró que “la prueba mostrará exactamente lo contrario del patrón que se invoca”. Por ejemplo, que fue el acusado quien promovió los ascensos de varias funcionarias mujeres. En tal sentido recordó informes y evaluaciones internas que no reflejaron datos de acoso ni violencia de género en la Asesoría.
“La acusación describe a un hombre dominado por la ira, soberbio y abusivo que humilla y denigra a sus colegas. Y las pruebas mostrará a alguien que poco después de la discusión admitió que pudo haberse equivocado. No es la frase de un agresor sino la de alguien capaz de autocrítica y reflexión”, acotó el defensor.
Según Carlen, para sostener su caso la acusación necesita que el imputado sea “violento, misógina y abusivo”. Pero una evaluación realizada por una psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social concluyó que Sánchez “es transparente, franco en su discurso, sin signos de psicosis, delirios ni intoxicación y sin rasgos de personalidad antisocial, paranoide o inclusivo. No presentó ningún tipo de indicador de riesgo de conductas violentas”.
“Donde escuchen un rótulo o un adjetivo –graficó-, pregúntense cuál es el hecho concreto que hay detrás. Y si no hay hechos, no hay nada que juzgar”.
En cuanto a la acusación de violencia de género, Carlen pidió “no banalizarla” y “reservar esa calificación para los hechos que de verdad la configuran, acreditados con prueba seria”.
“Cuando termine este debate la prueba no les va a mostrar un magistrado violento y misógino sino a un hombre de 55 años que discutió con una colega por una cuestión de criterio profesional sin vinculación con el género. La pregunta no es si la conducta fue impecable: la pregunta es si una discusión sin insultos ni agresiones alcanza para destituir a un magistrado”, remató.
En su alegato de apertura, Santiago Carlen, defensor en el jury contra Hugo Sánchez, jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, le pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que “juzgue hechos y no personalidades”. A Sánchez le imputan múltiples maltratos a las trabajadoras de esa área del Ministerio de la Defensoría Pública
En la primera audiencia realizada este jueves en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, Carlen deslizó que el único hecho que se puede imputar a su defendido es su discusión del 4 de noviembre de 2024 con la denunciante Paula Epifane.“Todo lo demás es una construcción arbitraria e intencional, sin sustento práctico, para crear una cortina de humo, y evadir el hecho único y central”, remarcó. “Les pido que juzguen hechos y no perfiles ni 15 años resumidos en adjetivos descalificativos”.
Desde la audiencia en Rawson, Carlen enfatizó que el jury probará que aquella discusión que terminó en una denuncia fue breve y tensa pero que se sacó de contexto. “Tuvo tonos elevados de ambos lados; lo reconocemos pero la prueba mostrará que no hubo insultos, agresiones físicas ni amenazas”.
“La imagen de un magistrado violento, autoritario y misógino que la acusación construyó no resiste el contraste con la prueba científica e institucional ni con los propios actos de gestión de Sánchez a lo largo de su carrera”, agregó.
Según su abogado, incluso si algún episodio fuese cierto, “no alcanzan ni de lejos el umbral constitucional necesario para destituir a un magistrado”.
Carlen explicó que la Comisión Acusadora busca cargarle a Sánchez “una serie de relatos arbitrariamente seleccionados sobre situaciones incomprobables: algunas datan de hace más de 15 años, otras no tienen pruebas y otras son percepciones subjetivas o diferencias de interpretaciones”. En todo caso, ninguno de ellos es una conducta sancionable y por lo tanto no pueden fundamentar una destitución. “Con esa materia prima se pide la destitución de un magistrado con más de 30 años de función pública”.
En su alegato, Carlen aseguró que “la prueba mostrará exactamente lo contrario del patrón que se invoca”. Por ejemplo, que fue el acusado quien promovió los ascensos de varias funcionarias mujeres. En tal sentido recordó informes y evaluaciones internas que no reflejaron datos de acoso ni violencia de género en la Asesoría.
“La acusación describe a un hombre dominado por la ira, soberbio y abusivo que humilla y denigra a sus colegas. Y las pruebas mostrará a alguien que poco después de la discusión admitió que pudo haberse equivocado. No es la frase de un agresor sino la de alguien capaz de autocrítica y reflexión”, acotó el defensor.
Según Carlen, para sostener su caso la acusación necesita que el imputado sea “violento, misógina y abusivo”. Pero una evaluación realizada por una psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social concluyó que Sánchez “es transparente, franco en su discurso, sin signos de psicosis, delirios ni intoxicación y sin rasgos de personalidad antisocial, paranoide o inclusivo. No presentó ningún tipo de indicador de riesgo de conductas violentas”.
“Donde escuchen un rótulo o un adjetivo –graficó-, pregúntense cuál es el hecho concreto que hay detrás. Y si no hay hechos, no hay nada que juzgar”.
En cuanto a la acusación de violencia de género, Carlen pidió “no banalizarla” y “reservar esa calificación para los hechos que de verdad la configuran, acreditados con prueba seria”.
“Cuando termine este debate la prueba no les va a mostrar un magistrado violento y misógino sino a un hombre de 55 años que discutió con una colega por una cuestión de criterio profesional sin vinculación con el género. La pregunta no es si la conducta fue impecable: la pregunta es si una discusión sin insultos ni agresiones alcanza para destituir a un magistrado”, remató.