Comenzó el picante jury contra un asesor de Familia
Hugo Sánchez es el jefe de la Asesoría de Familia de la Defensa Pública en Esquel. Le imputan múltiples maltratos a las mujeres de su área durante años. Al caso lo disparó la denuncia de una abogada atacada mientras cursaba un embarazo. Según el alegato inicial de la acusación, el funcionario jerárquico ya no está en condiciones de seguir en el cargo.
En su alegato de apertura,la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura le imputó al jefe de la Asesoría de Familia de la sede Esquel de la Defensa Pública, Hugo Sánchez, haber generado desde hace 15 años a esta parte “un clima laboral hostil e intimidatorio direccionado en forma sistemática hacia las mujeres funcionarias y empleadas bajo su dependencia jerárquica”.
La primera audiencia del jury contra Sánchez se concretó este jueves en la sede del Superior Tribunal de Justicia. Al Tribunal de Enjuiciamiento lo integran la ministra del STJ Camila Banfi Saavedra, los abogados Claudia Maranzana y César Mahía, y los diputados María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
Según la consejera Lucía Pettinari, “Sánchez usó su corpulencia física, su tono de voz elevado y su potestad disciplinaria para someter a las abogadas de la dependencia”.
El episodio que activó el sumario y desentrañó las “prácticas vejatorias” de Sánchez fue una denuncia de la abogada Paula Epifane, profesional de la Asesoría.
Según su testimonio, en noviembre de 2024 fue víctima de una dura catarata de agresiones verbales de su entonces jefe en una reunión de trabajo. Terminó llorando en el baño, destrozada emocionalmente.
El ataque hasta puso un riesgo un embarazo de casi 20 semanas. Y le generó a la mujer un cuadro de depresión, angustia, insomnio, ansiedad generalizada y estrés postraumático que afectaron su integridad psíquica, derivando en una prolongada licencia médica.
El alegato de Pettinari –a quien acompaña la concejera Lucía Almirón- agregó casos similares de violencia y acoso laboral de Sánchez en el ámbito de la Asesoría. Los testimonios se conocerán en las audiencias, que siguen este viernes y continuarán la otra semana.
El Defensor Jefe en Esquel, Marcos Ponce, corroboró el éxodo de empleadas y funcionarias de la Asesoría. A lo largo de sus 14 años de carrera tuvo que hacer "huecos" sistemáticamente para reubicar a funcionarias que huían de Sánchez. El área se transformó en un “tembladeral” signado por la constante rotación y una alta tasa de licencias psiquiátricas. “Por culpa de la incapacidad de conducción del magistrado, el organismo está diezmado, trabajando a menos y con imposibilidad absoluta de planificar objetivos, resintiendo directamente el servicio de justicia”, dijo la acusación
Según el alegato, lejos de mostrar arrepentimiento o recato, Sánchez “evidenció una absoluta falta de registro del daño causado”.
A nivel profesional “frustró proyectos laborales de las afectadas”. A nivel institucional, desorganizó la Asesoría y generó “un éxodo de personal valioso y la instauración de un sistema en el que el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación”.
Sánchez causó un dispendio de recursos, obligando al Ministerio de la Defensa Publica a abonar sueldos por licencias de largo tratamiento y “a readaptar la estructura de trabajo simplemente para proteger a las víctimas de un magistrado violento”.
El alegato agregó conceptos como “falta de aptitud moral para el ejercicio de la magistratura, incluyendo maltrato psicológico, desprecio por el bienestar de sus subordinados, comunicación abusiva y humillación pública”.
Todo el cuadro configura mal desempeño, asegura la acusación.
“Sánchez tuvo una conducta sistemática de maltrato persistente en el tiempo para con sus dependientes.Ejerció violencia por razón de género, con estereotipos discriminatorios y malos tratos que deben encuadrarse en violencia simbólica, psicológica y física”.
Según explicó Pettinari, “las conductas vejatorias fueron frecuentes y continuadas, y tuvieron una direccionalidad innegable: las víctimas fueron exclusivamente mujeres”. En tal sentido, el jefe de la Asesoría “propinaba un trato mesurado a sus pares varones mientras denigraba, aislaba y agredía a sus funcionarias mujeres”.
En este escenario, la inequidad en las cargas de trabajo en detrimento de las mujeres y la falta de organización que provocó sobre exigencia laboral en el personal de la Asesoría “demuestra que el enjuiciado carece de las aptitudes morales y de liderazgo necesarias para continuar”.
En las audiencias en Rawsona Sánchez lo defiende el abogado Santiago Carlen, quien también desplegó su alegato.
Fotos: Sergio Esparza
En su alegato de apertura,la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura le imputó al jefe de la Asesoría de Familia de la sede Esquel de la Defensa Pública, Hugo Sánchez, haber generado desde hace 15 años a esta parte “un clima laboral hostil e intimidatorio direccionado en forma sistemática hacia las mujeres funcionarias y empleadas bajo su dependencia jerárquica”.
La primera audiencia del jury contra Sánchez se concretó este jueves en la sede del Superior Tribunal de Justicia. Al Tribunal de Enjuiciamiento lo integran la ministra del STJ Camila Banfi Saavedra, los abogados Claudia Maranzana y César Mahía, y los diputados María Andrea Aguilera y Gustavo Fita.
Según la consejera Lucía Pettinari, “Sánchez usó su corpulencia física, su tono de voz elevado y su potestad disciplinaria para someter a las abogadas de la dependencia”.
El episodio que activó el sumario y desentrañó las “prácticas vejatorias” de Sánchez fue una denuncia de la abogada Paula Epifane, profesional de la Asesoría.
Según su testimonio, en noviembre de 2024 fue víctima de una dura catarata de agresiones verbales de su entonces jefe en una reunión de trabajo. Terminó llorando en el baño, destrozada emocionalmente.
El ataque hasta puso un riesgo un embarazo de casi 20 semanas. Y le generó a la mujer un cuadro de depresión, angustia, insomnio, ansiedad generalizada y estrés postraumático que afectaron su integridad psíquica, derivando en una prolongada licencia médica.
El alegato de Pettinari –a quien acompaña la concejera Lucía Almirón- agregó casos similares de violencia y acoso laboral de Sánchez en el ámbito de la Asesoría. Los testimonios se conocerán en las audiencias, que siguen este viernes y continuarán la otra semana.
El Defensor Jefe en Esquel, Marcos Ponce, corroboró el éxodo de empleadas y funcionarias de la Asesoría. A lo largo de sus 14 años de carrera tuvo que hacer "huecos" sistemáticamente para reubicar a funcionarias que huían de Sánchez. El área se transformó en un “tembladeral” signado por la constante rotación y una alta tasa de licencias psiquiátricas. “Por culpa de la incapacidad de conducción del magistrado, el organismo está diezmado, trabajando a menos y con imposibilidad absoluta de planificar objetivos, resintiendo directamente el servicio de justicia”, dijo la acusación
Según el alegato, lejos de mostrar arrepentimiento o recato, Sánchez “evidenció una absoluta falta de registro del daño causado”.
A nivel profesional “frustró proyectos laborales de las afectadas”. A nivel institucional, desorganizó la Asesoría y generó “un éxodo de personal valioso y la instauración de un sistema en el que el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación”.
Sánchez causó un dispendio de recursos, obligando al Ministerio de la Defensa Publica a abonar sueldos por licencias de largo tratamiento y “a readaptar la estructura de trabajo simplemente para proteger a las víctimas de un magistrado violento”.
El alegato agregó conceptos como “falta de aptitud moral para el ejercicio de la magistratura, incluyendo maltrato psicológico, desprecio por el bienestar de sus subordinados, comunicación abusiva y humillación pública”.
Todo el cuadro configura mal desempeño, asegura la acusación.
“Sánchez tuvo una conducta sistemática de maltrato persistente en el tiempo para con sus dependientes.Ejerció violencia por razón de género, con estereotipos discriminatorios y malos tratos que deben encuadrarse en violencia simbólica, psicológica y física”.
Según explicó Pettinari, “las conductas vejatorias fueron frecuentes y continuadas, y tuvieron una direccionalidad innegable: las víctimas fueron exclusivamente mujeres”. En tal sentido, el jefe de la Asesoría “propinaba un trato mesurado a sus pares varones mientras denigraba, aislaba y agredía a sus funcionarias mujeres”.
En este escenario, la inequidad en las cargas de trabajo en detrimento de las mujeres y la falta de organización que provocó sobre exigencia laboral en el personal de la Asesoría “demuestra que el enjuiciado carece de las aptitudes morales y de liderazgo necesarias para continuar”.
En las audiencias en Rawsona Sánchez lo defiende el abogado Santiago Carlen, quien también desplegó su alegato.
Fotos: Sergio Esparza