Editorial / Tapados con tierra
La reforma a la Ley de Tierras que impulsa Milei en el Senado pone a Chubut en alerta: más recursos en juego y menos límites para la compra de tierras. ¿Algún senador chubutense se animará a apoyar?
Hay proyectos de ley que se discuten en el Congreso por una cuestión ideológica. Otros, por una necesidad económica. Y hay iniciativas que trascienden ambas categorías porque definen qué país se quiere construir. La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei pertenece a este último grupo.
El oficialismo la bautizó pomposamente como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una denominación pretenciosa que pretende ocultar el fondo de la cuestión. Detrás de ese título se esconde una modificación profunda del régimen que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, protege zonas estratégicas y fija reglas para evitar una concentración ilimitada sobre uno de los recursos más valiosos que posee la Argentina.
La ley vigente establece tres restricciones centrales: que los extranjeros no puedan poseer más del 15% de las tierras rurales del país; que ese mismo límite rija en cada provincia y municipio; y que una misma persona o empresa extranjera no pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Además, impide operaciones sobre inmuebles vinculados con cuerpos permanentes de agua y áreas consideradas estratégicas.
Con la ley que impulsa Milei y su séquito, todo eso desaparecería: se eliminan los topes de superficie; se elimina el límite porcentual a la propiedad extranjera; y flexibiliza restricciones que fueron concebidas para preservar el control nacional sobre recursos estratégicos.
El Gobierno nacional sostiene que así llegarán inversiones, habrá mayor seguridad jurídica y se dinamizará el mercado inmobiliario rural.
Pero el proyecto va mucho más allá. Por ejemplo, endurece el régimen de expropiaciones, acelera desalojos y elimina parte de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego, aquella que impedía modificar el uso de tierras incendiadas durante un período determinado para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
No sorprende, entonces, que la iniciativa haya generado una inédita reacción de organizaciones ambientales, rurales, sindicales, académicas, sociales y territoriales, que convocaron a movilizarse el mismo día en que el Senado volverá a discutir el proyecto, próximo jueves.
Con una ayudita de los amigos
Otra vez, lo llamativo no es solamente el contenido de la ley sino quiénes podrían facilitar su aprobación. La conducción nacional de la Unión Cívica Radical tomó una posición institucional en contra del proyecto y pidió expresamente a sus senadores que voten su rechazo. Esa decisión expuso una fuerte tensión interna dentro del radicalismo. Sin embargo, varios gobernadores aliados a la UCR aparecen como actores clave para inclinar la balanza en el Senado. Entre ellos, Nacho Torres.
Y no es un dato menor: Chubut concentra algunos de los bienes estratégicos más codiciados del país: petróleo, gas, uranio, enormes reservas de agua dulce, bosques, recursos pesqueros, miles de kilómetros de costa y un inmenso potencial para energías renovables.
También posee extensas superficies rurales que desde hace décadas despiertan interés de grandes grupos económicos nacionales e internacionales.
En una provincia con semejante riqueza territorial, resulta difícil explicar por qué se podría acompañar una ley que elimina los principales límites para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Los defensores del proyecto suelen plantear una falsa dicotomía: o se aprueba esta reforma o la Argentina seguirá espantando inversiones. La experiencia demuestra exactamente lo contrario.
Los países que más inversiones reciben son aquellos que ofrecen reglas claras, estabilidad institucional y protección jurídica, no aquellos que renuncian a regular recursos estratégicos. La soberanía no espanta inversiones. La improvisación sí.
En Chubut esa contradicción sería todavía más evidente. Porque mientras el discurso oficial provincial reivindica permanentemente la defensa de los recursos naturales, el acompañamiento a esta reforma implicaría votar exactamente en sentido contrario.
Es la tierra, estúpido
Hay otro punto que no se puede soslayar: además de la sesión del próximo jueves, por estas horas las comisiones del Senado comenzarán el debate del denominado “Super RIGI”, que ya tiene media sanción en Diputados. Esa ley se une por un delgado hilo con la de tierras. Desde hace tiempo, desde Chubut, la Fundación Patagonia Tercer Milenio viene sosteniendo que el factorg escaso en la generación de energía renovable eólica es el “suelo”. El viento es la fertilidad de nuestra tierra patagónica expresada en su potencial de generación eólico.
Esta potencialidad se contrasta con la actualidad de la producción agropecuaria extensiva que caracterizó históricamente al campo patagónico, hoy en una profunda crisis por diversos factores.
En este marco, el tratamiento de los dos proyectos de ley son golpes a distintas campanas que suenan igual. Por un lado, la “inviolabilidad de la propiedad privada” que quita la limitación a la capacidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros; y por el otro, el nuevo esquema de Super RIGI que se quiere aprobar, con el cual uno de los principales sectores beneficiados será el “hidrógeno verde”.
Estos dos proyectos combinarían un doble beneficio para la extranjerización de la Patagonia. Por un lado, los beneficios fiscales irrisorios que el “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” promueve, con la capacidad de los beneficiarios externos de esos proyectos de adquirir la cantidad de tierras que quisieran, sólo con la promesa de en un futuro desarrollar proyectos de hidrógeno verde, cuyo principal insumo es la energía eléctrica.
El Gobierno de Chubut ha demostrado una profunda vinculación con los intereses de las cadenas de valor global asociados al hidrógeno verde, vector energético que actualmente se encuentra en duda en los principales países del mundo, no por su viabilidad técnica sino por su viabilidad económica.
La discusión, en definitiva, no es jurídica ni técnica. Es profundamente política. Lo que está en juego no son apenas unas hectáreas más o menos, sino quién decidirá sobre el futuro del territorio argentino durante las próximas décadas.
Una vez que la tierra cambia de manos, difícilmente vuelva. Los beneficios fiscales caducan, los gobiernos pasan y los discursos se reciclan.
Por eso, cuando el Senado vote estas leyes, no estará eligiendo solamente un modelo de inversiones sino que estará definiendo si la soberanía sigue siendo un principio irrenunciable o una mercancía más, disponible al mejor postor.
Hay proyectos de ley que se discuten en el Congreso por una cuestión ideológica. Otros, por una necesidad económica. Y hay iniciativas que trascienden ambas categorías porque definen qué país se quiere construir. La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei pertenece a este último grupo.
El oficialismo la bautizó pomposamente como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una denominación pretenciosa que pretende ocultar el fondo de la cuestión. Detrás de ese título se esconde una modificación profunda del régimen que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, protege zonas estratégicas y fija reglas para evitar una concentración ilimitada sobre uno de los recursos más valiosos que posee la Argentina.
La ley vigente establece tres restricciones centrales: que los extranjeros no puedan poseer más del 15% de las tierras rurales del país; que ese mismo límite rija en cada provincia y municipio; y que una misma persona o empresa extranjera no pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Además, impide operaciones sobre inmuebles vinculados con cuerpos permanentes de agua y áreas consideradas estratégicas.
Con la ley que impulsa Milei y su séquito, todo eso desaparecería: se eliminan los topes de superficie; se elimina el límite porcentual a la propiedad extranjera; y flexibiliza restricciones que fueron concebidas para preservar el control nacional sobre recursos estratégicos.
El Gobierno nacional sostiene que así llegarán inversiones, habrá mayor seguridad jurídica y se dinamizará el mercado inmobiliario rural.
Pero el proyecto va mucho más allá. Por ejemplo, endurece el régimen de expropiaciones, acelera desalojos y elimina parte de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego, aquella que impedía modificar el uso de tierras incendiadas durante un período determinado para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
No sorprende, entonces, que la iniciativa haya generado una inédita reacción de organizaciones ambientales, rurales, sindicales, académicas, sociales y territoriales, que convocaron a movilizarse el mismo día en que el Senado volverá a discutir el proyecto, próximo jueves.
Con una ayudita de los amigos
Otra vez, lo llamativo no es solamente el contenido de la ley sino quiénes podrían facilitar su aprobación. La conducción nacional de la Unión Cívica Radical tomó una posición institucional en contra del proyecto y pidió expresamente a sus senadores que voten su rechazo. Esa decisión expuso una fuerte tensión interna dentro del radicalismo. Sin embargo, varios gobernadores aliados a la UCR aparecen como actores clave para inclinar la balanza en el Senado. Entre ellos, Nacho Torres.
Y no es un dato menor: Chubut concentra algunos de los bienes estratégicos más codiciados del país: petróleo, gas, uranio, enormes reservas de agua dulce, bosques, recursos pesqueros, miles de kilómetros de costa y un inmenso potencial para energías renovables.
También posee extensas superficies rurales que desde hace décadas despiertan interés de grandes grupos económicos nacionales e internacionales.
En una provincia con semejante riqueza territorial, resulta difícil explicar por qué se podría acompañar una ley que elimina los principales límites para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Los defensores del proyecto suelen plantear una falsa dicotomía: o se aprueba esta reforma o la Argentina seguirá espantando inversiones. La experiencia demuestra exactamente lo contrario.
Los países que más inversiones reciben son aquellos que ofrecen reglas claras, estabilidad institucional y protección jurídica, no aquellos que renuncian a regular recursos estratégicos. La soberanía no espanta inversiones. La improvisación sí.
En Chubut esa contradicción sería todavía más evidente. Porque mientras el discurso oficial provincial reivindica permanentemente la defensa de los recursos naturales, el acompañamiento a esta reforma implicaría votar exactamente en sentido contrario.
Es la tierra, estúpido
Hay otro punto que no se puede soslayar: además de la sesión del próximo jueves, por estas horas las comisiones del Senado comenzarán el debate del denominado “Super RIGI”, que ya tiene media sanción en Diputados. Esa ley se une por un delgado hilo con la de tierras. Desde hace tiempo, desde Chubut, la Fundación Patagonia Tercer Milenio viene sosteniendo que el factorg escaso en la generación de energía renovable eólica es el “suelo”. El viento es la fertilidad de nuestra tierra patagónica expresada en su potencial de generación eólico.
Esta potencialidad se contrasta con la actualidad de la producción agropecuaria extensiva que caracterizó históricamente al campo patagónico, hoy en una profunda crisis por diversos factores.
En este marco, el tratamiento de los dos proyectos de ley son golpes a distintas campanas que suenan igual. Por un lado, la “inviolabilidad de la propiedad privada” que quita la limitación a la capacidad de adquisición de tierras por parte de extranjeros; y por el otro, el nuevo esquema de Super RIGI que se quiere aprobar, con el cual uno de los principales sectores beneficiados será el “hidrógeno verde”.
Estos dos proyectos combinarían un doble beneficio para la extranjerización de la Patagonia. Por un lado, los beneficios fiscales irrisorios que el “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” promueve, con la capacidad de los beneficiarios externos de esos proyectos de adquirir la cantidad de tierras que quisieran, sólo con la promesa de en un futuro desarrollar proyectos de hidrógeno verde, cuyo principal insumo es la energía eléctrica.
El Gobierno de Chubut ha demostrado una profunda vinculación con los intereses de las cadenas de valor global asociados al hidrógeno verde, vector energético que actualmente se encuentra en duda en los principales países del mundo, no por su viabilidad técnica sino por su viabilidad económica.
La discusión, en definitiva, no es jurídica ni técnica. Es profundamente política. Lo que está en juego no son apenas unas hectáreas más o menos, sino quién decidirá sobre el futuro del territorio argentino durante las próximas décadas.
Una vez que la tierra cambia de manos, difícilmente vuelva. Los beneficios fiscales caducan, los gobiernos pasan y los discursos se reciclan.
Por eso, cuando el Senado vote estas leyes, no estará eligiendo solamente un modelo de inversiones sino que estará definiendo si la soberanía sigue siendo un principio irrenunciable o una mercancía más, disponible al mejor postor.