Editorial / La Justicia opaca
Las denuncias de la fiscal María Bottini exponen presiones, silencios y una trama de poder que pone en duda la independencia del sistema judicial en Chubut.
Hay denuncias que trascienden una causa judicial. Y hay silencios que terminan siendo tan graves como los hechos denunciados.
Eso ocurre con las revelaciones formuladas por la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, en torno a la investigación por la presunta defraudación en la Mutual Aonikenk, vinculada a directivos de la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel y Trevelin.
No se trata simplemente de una discusión jurídica sobre una audiencia, una imputación o una estrategia procesal. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la independencia de quienes tienen la obligación constitucional de investigar delitos. Y las garantías de una mujer, Estefanía Peloff, que se animó a denunciar las irregularidades que dieron pie a la causa y en el camino perdió su trabajo por semejante osadía.
Que una fiscal jefa afirme públicamente que sufrió presiones para no avanzar en una investigación debería haber provocado una reacción inmediata y contundente de todo el sistema institucional. No alcanza con expresar preocupación. No basta un comunicado. Una denuncia de semejante magnitud exige respuestas concretas, investigación y protección para quienes dicen haber sido objeto de hostigamientos.
La causa Aonikenk ya carga con demasiados años de idas y vueltas judiciales, que equivalen a injusticia. Los imputados han visto revocaciones, sobreseimientos, apelaciones y nuevas instancias. Todo ello forma parte de las reglas del debido proceso. Lo que nunca puede naturalizarse es la sospecha de que, detrás de esas discusiones técnicas, existan presiones destinadas a condicionar el trabajo de los fiscales.
Si las denuncias de Bottini alcanzan a funcionarios judiciales acusados de parcialidad, como el juez Jorge Novarino; si involucran al poderoso abogado Ricardo Gerosa Lewis —poco conocido en el resto de Chubut pero vastamente renombrado por su nivel de influencia en la zona cordillerana—; o a cualquier otra persona con poder, corresponde que cada hecho sea esclarecido con absoluta transparencia. No para alimentar disputas personales, sino para preservar la credibilidad de una institución que desde hace años vive en medio de la desconfianza pública.
Por ejemplo, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, expresó su repudio a las presiones denunciadas. Es un paso necesario, pero insuficiente. La máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de garantizar que los fiscales puedan investigar sin condicionamientos, sin temores y sin interferencias.
Pero llama la atención la escasa reacción de organismos que deberían ser especialmente sensibles frente a denuncias de esta naturaleza. El Superior Tribunal de Justicia, que tantas veces interviene cuando se discuten cuestiones de procedimiento o de competencia, no puede mostrarse indiferente cuando lo que se pone en cuestión es el funcionamiento mismo del sistema judicial.
¿No tienen nada para decir los cortesanos sobre las presuntas influencias de un poderoso abogado cordillerano que todos ellos conocen? ¿No se animan a negarlas, aunque sea?
¿Y el Consejo de la Magistratura, cuya razón de ser es preservar la calidad e independencia de jueces y fiscales, tampoco tiene nada para decir?
¿Y la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial, siempre atenta a defender intereses de (algunos) jueces, fiscales y defensores, esta vez se va a quedar callada ante el presunto atropello a una fiscal?
Por ahora, los comunicados parecen no ser suficientes.
Mientras tanto, la política parece observar desde la tribuna. Como si las denuncias sobre presiones a fiscales fueran un problema corporativo de la Justicia y no una amenaza al Estado de derecho. ¿Esperarán a que pase el Mundial para opinar? Qué nervios.
El desinterés resulta preocupante porque, cuando investigar la corrupción puede transformarse en un camino de hostigamientos, el mensaje hacia el resto de los funcionarios judiciales es devastador.
No importa quién gobierne ni quiénes sean los investigados. Tampoco importa el peso político o económico de los imputados. El principio es siempre el mismo: un fiscal debe poder investigar con absoluta libertad y sin presiones de ningún tipo.
Si las denuncias formuladas por Bottini son ciertas, el problema excede ampliamente a la causa Aonikenk. Estaríamos frente a un intento de disciplinar a quienes tienen la obligación de perseguir delitos. Y, si eventualmente no fueran ciertas, también corresponde investigarlas y despejar cualquier duda. En ambos casos, la respuesta institucional no puede ser el silencio.
Las democracias no empiezan a deteriorarse cuando un juez dicta una mala sentencia. Empiezan a deteriorarse cuando quienes deben investigar sienten que hacerlo tiene costos personales o profesionales, y cuando las instituciones encargadas de garantizar esa independencia prefieren mirar hacia otro lado.
Es un riesgo demasiado grande como para dejarlo pasar como si nada.
Hay denuncias que trascienden una causa judicial. Y hay silencios que terminan siendo tan graves como los hechos denunciados.
Eso ocurre con las revelaciones formuladas por la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, en torno a la investigación por la presunta defraudación en la Mutual Aonikenk, vinculada a directivos de la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel y Trevelin.
No se trata simplemente de una discusión jurídica sobre una audiencia, una imputación o una estrategia procesal. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la independencia de quienes tienen la obligación constitucional de investigar delitos. Y las garantías de una mujer, Estefanía Peloff, que se animó a denunciar las irregularidades que dieron pie a la causa y en el camino perdió su trabajo por semejante osadía.
Que una fiscal jefa afirme públicamente que sufrió presiones para no avanzar en una investigación debería haber provocado una reacción inmediata y contundente de todo el sistema institucional. No alcanza con expresar preocupación. No basta un comunicado. Una denuncia de semejante magnitud exige respuestas concretas, investigación y protección para quienes dicen haber sido objeto de hostigamientos.
La causa Aonikenk ya carga con demasiados años de idas y vueltas judiciales, que equivalen a injusticia. Los imputados han visto revocaciones, sobreseimientos, apelaciones y nuevas instancias. Todo ello forma parte de las reglas del debido proceso. Lo que nunca puede naturalizarse es la sospecha de que, detrás de esas discusiones técnicas, existan presiones destinadas a condicionar el trabajo de los fiscales.
Si las denuncias de Bottini alcanzan a funcionarios judiciales acusados de parcialidad, como el juez Jorge Novarino; si involucran al poderoso abogado Ricardo Gerosa Lewis —poco conocido en el resto de Chubut pero vastamente renombrado por su nivel de influencia en la zona cordillerana—; o a cualquier otra persona con poder, corresponde que cada hecho sea esclarecido con absoluta transparencia. No para alimentar disputas personales, sino para preservar la credibilidad de una institución que desde hace años vive en medio de la desconfianza pública.
Por ejemplo, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, expresó su repudio a las presiones denunciadas. Es un paso necesario, pero insuficiente. La máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de garantizar que los fiscales puedan investigar sin condicionamientos, sin temores y sin interferencias.
Pero llama la atención la escasa reacción de organismos que deberían ser especialmente sensibles frente a denuncias de esta naturaleza. El Superior Tribunal de Justicia, que tantas veces interviene cuando se discuten cuestiones de procedimiento o de competencia, no puede mostrarse indiferente cuando lo que se pone en cuestión es el funcionamiento mismo del sistema judicial.
¿No tienen nada para decir los cortesanos sobre las presuntas influencias de un poderoso abogado cordillerano que todos ellos conocen? ¿No se animan a negarlas, aunque sea?
¿Y el Consejo de la Magistratura, cuya razón de ser es preservar la calidad e independencia de jueces y fiscales, tampoco tiene nada para decir?
¿Y la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial, siempre atenta a defender intereses de (algunos) jueces, fiscales y defensores, esta vez se va a quedar callada ante el presunto atropello a una fiscal?
Por ahora, los comunicados parecen no ser suficientes.
Mientras tanto, la política parece observar desde la tribuna. Como si las denuncias sobre presiones a fiscales fueran un problema corporativo de la Justicia y no una amenaza al Estado de derecho. ¿Esperarán a que pase el Mundial para opinar? Qué nervios.
El desinterés resulta preocupante porque, cuando investigar la corrupción puede transformarse en un camino de hostigamientos, el mensaje hacia el resto de los funcionarios judiciales es devastador.
No importa quién gobierne ni quiénes sean los investigados. Tampoco importa el peso político o económico de los imputados. El principio es siempre el mismo: un fiscal debe poder investigar con absoluta libertad y sin presiones de ningún tipo.
Si las denuncias formuladas por Bottini son ciertas, el problema excede ampliamente a la causa Aonikenk. Estaríamos frente a un intento de disciplinar a quienes tienen la obligación de perseguir delitos. Y, si eventualmente no fueran ciertas, también corresponde investigarlas y despejar cualquier duda. En ambos casos, la respuesta institucional no puede ser el silencio.
Las democracias no empiezan a deteriorarse cuando un juez dicta una mala sentencia. Empiezan a deteriorarse cuando quienes deben investigar sienten que hacerlo tiene costos personales o profesionales, y cuando las instituciones encargadas de garantizar esa independencia prefieren mirar hacia otro lado.
Es un riesgo demasiado grande como para dejarlo pasar como si nada.