Lado B / Tierra de nadie… ¿o de pocos?
Por Bulin Fernández
Hace más de 12 mil años se registran los primeros humanos habitando esta zona del planeta, hoy denominada Patagonia. A lo largo del tiempo se sucedieron movimientos nómades de grupos cazadores y recolectores hasta la aparición de los pueblos originarios, agrupados y denominados tehuelches y mapuches. Ya en el siglo XIX, con los albores de la patria y las luchas por la independencia, comenzaron a implementarse distintos métodos de acceso a la tierra que respondían a intereses diversos.
Desde el centralismo porteño, preexistente incluso a la conformación de la Argentina como país, hubo quienes marcaron las primeras diferencias en torno a las tierras productivas destinadas a la cría de ganado y a las siembras, cuya producción tenía como destino los mercados europeos.
Hacia 1826, como consecuencia del corrupto empréstito contraído por Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, un banco londinense fundado en 1762, el país puso sus tierras como garantía, hipotecando enormes extensiones productivas. Aun así, muchos terratenientes adinerados comenzaron a alambrar campos amparados en la denominada Ley de Pastoreo.
No fue por mérito, por trabajo de sol a sol, por transparencia ni por el libre mercado que se distribuyeron cientos de miles de hectáreas de algunas de las mejores tierras para producir. Tampoco existió un verdadero límite a la concentración, ya que las restricciones establecidas por la ley para evitar monopolios eran burladas mediante escrituras a nombre de distintos integrantes de una misma familia. Así fue creciendo la riqueza de un reducido sector social radicado en Buenos Aires, que hacía gala de su supuesto "estilo europeo".
En 1866, con la creación de la Sociedad Rural Argentina, esos sectores consolidaron una organización destinada a defender y fortalecer sus propios intereses, una influencia que, en gran medida, llega hasta nuestros días.
Con esa misma lógica centralista, en 1878 esos grupos financiaron, con fondos públicos destinados a la compra de armamentos, caballos y al pago de tropas, la mal llamada Conquista del Desierto, encabezada por el general Julio Argentino Roca.
La Patagonia, con una población escasa y dispersa en un territorio inmenso, sufrió el avance de la ocupación militar de sus tierras a costa de sangre y fuego.
Mediante los denominados Bonos de Suscripción, una forma de deuda interna utilizada para financiar la campaña, alrededor de 400 familias terminaron apropiándose de cerca de ocho millones de hectáreas. Luego llegaron las explotaciones, los deslindes, las ventas y los negocios "libres".
La situación no fue diferente en el norte argentino. Hacia 1881, Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, repartía en remate más de 2,1 millones de hectáreas en Misiones entre apenas 38 familias.
A fines del siglo XX aparecieron los nuevos trajes a medida: la conversión de las grandes estancias en sociedades anónimas. Esa figura no solo facilitó la transferencia de propiedades a nuevos dueños, sino también su cotización en las bolsas de Londres y Nueva York.
Durante el menemismo, además, se impulsó la modalidad de alquileres con opción de compra, un mecanismo que facilitó el desembarco de grandes capitales sobre pequeños y medianos propietarios, seducidos por el uno a uno.
Finalmente, la ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un marco regulatorio con amplia participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos científicos, organizaciones comunitarias y ONG. Sin embargo, hoy se intenta modificar esa norma, pese a que ni siquiera se ha utilizado un tercio del límite permitido para la compra de tierras por parte de extranjeros. El objetivo parece ser otorgar una mayor libertad de acción a capitales foráneos en zonas de enorme valor estratégico, económico, ambiental y geopolítico.
En cada uno de estos procesos históricos hubo un elemento en común: la complicidad del poder político y gubernamental.
La pregunta es inevitable: ¿lo permitiremos una vez más? ¿Serán las próximas generaciones las que deban afrontar las consecuencias?
Y si un argentino quisiera comprar miles de hectáreas en cualquier otro país del mundo, ¿podría hacerlo?
Pareciera que la tierra, con toda su trascendencia, no pertenece a quien la habita, la cuida, la produce y contribuye al desarrollo del bien común. Parece pertenecer a quienes la conquistan para beneficio de unos pocos o a quienes están dispuestos a defenderla para la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Veremos, en poco tiempo, cuál será el resultado.
Por Bulin Fernández
Hace más de 12 mil años se registran los primeros humanos habitando esta zona del planeta, hoy denominada Patagonia. A lo largo del tiempo se sucedieron movimientos nómades de grupos cazadores y recolectores hasta la aparición de los pueblos originarios, agrupados y denominados tehuelches y mapuches. Ya en el siglo XIX, con los albores de la patria y las luchas por la independencia, comenzaron a implementarse distintos métodos de acceso a la tierra que respondían a intereses diversos.
Desde el centralismo porteño, preexistente incluso a la conformación de la Argentina como país, hubo quienes marcaron las primeras diferencias en torno a las tierras productivas destinadas a la cría de ganado y a las siembras, cuya producción tenía como destino los mercados europeos.
Hacia 1826, como consecuencia del corrupto empréstito contraído por Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, un banco londinense fundado en 1762, el país puso sus tierras como garantía, hipotecando enormes extensiones productivas. Aun así, muchos terratenientes adinerados comenzaron a alambrar campos amparados en la denominada Ley de Pastoreo.
No fue por mérito, por trabajo de sol a sol, por transparencia ni por el libre mercado que se distribuyeron cientos de miles de hectáreas de algunas de las mejores tierras para producir. Tampoco existió un verdadero límite a la concentración, ya que las restricciones establecidas por la ley para evitar monopolios eran burladas mediante escrituras a nombre de distintos integrantes de una misma familia. Así fue creciendo la riqueza de un reducido sector social radicado en Buenos Aires, que hacía gala de su supuesto "estilo europeo".
En 1866, con la creación de la Sociedad Rural Argentina, esos sectores consolidaron una organización destinada a defender y fortalecer sus propios intereses, una influencia que, en gran medida, llega hasta nuestros días.
Con esa misma lógica centralista, en 1878 esos grupos financiaron, con fondos públicos destinados a la compra de armamentos, caballos y al pago de tropas, la mal llamada Conquista del Desierto, encabezada por el general Julio Argentino Roca.
La Patagonia, con una población escasa y dispersa en un territorio inmenso, sufrió el avance de la ocupación militar de sus tierras a costa de sangre y fuego.
Mediante los denominados Bonos de Suscripción, una forma de deuda interna utilizada para financiar la campaña, alrededor de 400 familias terminaron apropiándose de cerca de ocho millones de hectáreas. Luego llegaron las explotaciones, los deslindes, las ventas y los negocios "libres".
La situación no fue diferente en el norte argentino. Hacia 1881, Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, repartía en remate más de 2,1 millones de hectáreas en Misiones entre apenas 38 familias.
A fines del siglo XX aparecieron los nuevos trajes a medida: la conversión de las grandes estancias en sociedades anónimas. Esa figura no solo facilitó la transferencia de propiedades a nuevos dueños, sino también su cotización en las bolsas de Londres y Nueva York.
Durante el menemismo, además, se impulsó la modalidad de alquileres con opción de compra, un mecanismo que facilitó el desembarco de grandes capitales sobre pequeños y medianos propietarios, seducidos por el uno a uno.
Finalmente, la ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un marco regulatorio con amplia participación de distintos sectores de la sociedad, entre ellos científicos, organizaciones comunitarias y ONG. Sin embargo, hoy se intenta modificar esa norma, pese a que ni siquiera se ha utilizado un tercio del límite permitido para la compra de tierras por parte de extranjeros. El objetivo parece ser otorgar una mayor libertad de acción a capitales foráneos en zonas de enorme valor estratégico, económico, ambiental y geopolítico.
En cada uno de estos procesos históricos hubo un elemento en común: la complicidad del poder político y gubernamental.
La pregunta es inevitable: ¿lo permitiremos una vez más? ¿Serán las próximas generaciones las que deban afrontar las consecuencias?
Y si un argentino quisiera comprar miles de hectáreas en cualquier otro país del mundo, ¿podría hacerlo?
Pareciera que la tierra, con toda su trascendencia, no pertenece a quien la habita, la cuida, la produce y contribuye al desarrollo del bien común. Parece pertenecer a quienes la conquistan para beneficio de unos pocos o a quienes están dispuestos a defenderla para la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Veremos, en poco tiempo, cuál será el resultado.