Reforma de los Códigos: recular para aprender
Por Esteban Gallo
La reforma del Código Procesal No Penal impulsada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut quedó en suspenso y no avanzará en los términos en que fue redactado y presentado a la Legislatura.
La decisión se tomó luego de la reunión celebrada en Rawson el lunes pasado de la que participaron los Dres. Andrés Giacomone y Mario Vivas, en representación de la Corte provincial, los titulares de los Colegios de Abogados de la provincia, la Asociación de Magistrados y funcionarios y el SITRAJUCH.
Aunque el proyecto no fue retirado formalmente, los ministros del Superior Tribunal se comprometieron a no avanzar con la iniciativa tal como fue redactada y a abrir una nueva instancia de análisis, que contemple la opinión de los operadores judiciales, con una mirada integral sobre el funcionamiento de los Códigos Civil, Comercial, Laboral y de Familia.
El primer punto que deberá analizarse es si existe realmente una necesidad concreta que justifique avanzar con una reforma.
Lo que se pide es un diagnóstico real, serio y debidamente fundamentado que explique cuál es el problema que se pretende resolver. No alcanza con información vaga, generalidades o argumentos de oportunidad.
De hecho, los operadores judiciales y abogados de la magistratura del Chubut no advierten una situación de crisis que torne imprescindible semejante revisión.
En la reunión del lunes también se plantearon cuestionamientos técnicos muy sesudos.
Los operadores judiciales advirtieron que el proyecto presentado por Giacomone y compañía establecía límites inaceptables a los abogados que ejercen la defensa, al tiempo que otorgaba superpoderes a los jueces, facultades discrecionales excesivas para el manejo y la dirección de las pruebas. Pero, además, obligaba a los magistrados a estar presente en todas las audiencias bajo pena de nulidad. Como los jueces no iban a poder estar en todas las audiencias y al mismo tiempo dictar sentencia, se hubieran generado cuellos de botella en los expedientes, demoras imposibles de predecir, y, por ende, una catarata de planteos de nulidad.
El otro aspecto insoslayable es el económico.
¿Con qué dinero se pensaba implementar una reforma de esta envergadura? ¿De dónde iban a salir los fondos para hacer frente a los gastos de infraestructura, construcción de salas de audiencias adecuadas y funcionales, nombramiento de personal y designación de jueces?
No parece razonable que una provincia sumida en una emergencia crónica pretenda asumir el costo y la complejidad de una reforma de este calibre.
En estos últimos años, con la llegada del tándem Raidán-Giacomone el Superior Tribunal de Justicia hace y deshace a piacere y avanza como si tuviera las llaves de todas las puertas. Ni siquiera quienes deberían ejercer el contrapeso institucional se animan a discutir sus decisiones.
En ese contexto, que los Colegios de Abogados, magistrados, funcionarios y empleados le hayan marcado la cancha es un gesto de valentía y de responsabilidad.
Alguien les puso un límite y tuvieron que dar marcha atrás.
Pero que no sientan mal por haber tenido que retrotraerse. No siempre dar un paso atrás es una derrota. También puede ser una oportunidad para revisar el camino recorrido y entender que ninguna institución u organismo, o cuerpo, por más calificado que sea, tiene el monopolio de la verdad.
Y si esta vez hubo que recular, quizá también haya una oportunidad para aprender.
Por Esteban Gallo
La reforma del Código Procesal No Penal impulsada por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut quedó en suspenso y no avanzará en los términos en que fue redactado y presentado a la Legislatura.
La decisión se tomó luego de la reunión celebrada en Rawson el lunes pasado de la que participaron los Dres. Andrés Giacomone y Mario Vivas, en representación de la Corte provincial, los titulares de los Colegios de Abogados de la provincia, la Asociación de Magistrados y funcionarios y el SITRAJUCH.
Aunque el proyecto no fue retirado formalmente, los ministros del Superior Tribunal se comprometieron a no avanzar con la iniciativa tal como fue redactada y a abrir una nueva instancia de análisis, que contemple la opinión de los operadores judiciales, con una mirada integral sobre el funcionamiento de los Códigos Civil, Comercial, Laboral y de Familia.
El primer punto que deberá analizarse es si existe realmente una necesidad concreta que justifique avanzar con una reforma.
Lo que se pide es un diagnóstico real, serio y debidamente fundamentado que explique cuál es el problema que se pretende resolver. No alcanza con información vaga, generalidades o argumentos de oportunidad.
De hecho, los operadores judiciales y abogados de la magistratura del Chubut no advierten una situación de crisis que torne imprescindible semejante revisión.
En la reunión del lunes también se plantearon cuestionamientos técnicos muy sesudos.
Los operadores judiciales advirtieron que el proyecto presentado por Giacomone y compañía establecía límites inaceptables a los abogados que ejercen la defensa, al tiempo que otorgaba superpoderes a los jueces, facultades discrecionales excesivas para el manejo y la dirección de las pruebas. Pero, además, obligaba a los magistrados a estar presente en todas las audiencias bajo pena de nulidad. Como los jueces no iban a poder estar en todas las audiencias y al mismo tiempo dictar sentencia, se hubieran generado cuellos de botella en los expedientes, demoras imposibles de predecir, y, por ende, una catarata de planteos de nulidad.
El otro aspecto insoslayable es el económico.
¿Con qué dinero se pensaba implementar una reforma de esta envergadura? ¿De dónde iban a salir los fondos para hacer frente a los gastos de infraestructura, construcción de salas de audiencias adecuadas y funcionales, nombramiento de personal y designación de jueces?
No parece razonable que una provincia sumida en una emergencia crónica pretenda asumir el costo y la complejidad de una reforma de este calibre.
En estos últimos años, con la llegada del tándem Raidán-Giacomone el Superior Tribunal de Justicia hace y deshace a piacere y avanza como si tuviera las llaves de todas las puertas. Ni siquiera quienes deberían ejercer el contrapeso institucional se animan a discutir sus decisiones.
En ese contexto, que los Colegios de Abogados, magistrados, funcionarios y empleados le hayan marcado la cancha es un gesto de valentía y de responsabilidad.
Alguien les puso un límite y tuvieron que dar marcha atrás.
Pero que no sientan mal por haber tenido que retrotraerse. No siempre dar un paso atrás es una derrota. También puede ser una oportunidad para revisar el camino recorrido y entender que ninguna institución u organismo, o cuerpo, por más calificado que sea, tiene el monopolio de la verdad.
Y si esta vez hubo que recular, quizá también haya una oportunidad para aprender.