La jueza de Rawson Eve Ponce elevó a juicio oral y público el caso del presunto fraude en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado en Chubut. El único imputado es su secretario general, Guillermo Quiroga, que será juzgado por un tribunal unipersonal. Le imputan desviar más de $ 22 millones de cuentas del sindicato a sus cuentas personales y familiares. Sólo resta que la Oficina Judicial le ponga fecha al debate, para el cual hay programados 98 testigos.
La magistrada rechazó el sobreseimiento que había solicitado Oscar Romero, defensor del gremialista, al tiempo que declaró admisibles las acusaciones del fiscal Lucas Papini, a cargo de la Unidad Anticorrupción, y de los querellantes Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, representantes de una parte de los afiliados de ATE.

En su decisión, Ponce planteó que los cuestionamientos de la defensa, si bien pueden ser atendibles, “merecen ser discutidos en debate, con los testimonios que se ofrecen y la exhibición de la documental, pudiendo cada parte examinar y contraexaminar la producción de la prueba, situación que es ajena a esta instancia del proceso”.
Los argumentos de Romero “no me permiten obtener certeza negativa de que el hecho imputado por los acusadores no se haya cometido razón por la cual desvincular al imputado en esta instancia no puede prosperar y sería prematuro vendando la posibilidad de la averiguación de la verdad”.
La jueza de Rawson Eve Ponce elevó a juicio oral y público el caso del presunto fraude en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado en Chubut. El único imputado es su secretario general, Guillermo Quiroga, que será juzgado por un tribunal unipersonal. Le imputan desviar más de $ 22 millones de cuentas del sindicato a sus cuentas personales y familiares. Sólo resta que la Oficina Judicial le ponga fecha al debate, para el cual hay programados 98 testigos.
La magistrada rechazó el sobreseimiento que había solicitado Oscar Romero, defensor del gremialista, al tiempo que declaró admisibles las acusaciones del fiscal Lucas Papini, a cargo de la Unidad Anticorrupción, y de los querellantes Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, representantes de una parte de los afiliados de ATE.

En su decisión, Ponce planteó que los cuestionamientos de la defensa, si bien pueden ser atendibles, “merecen ser discutidos en debate, con los testimonios que se ofrecen y la exhibición de la documental, pudiendo cada parte examinar y contraexaminar la producción de la prueba, situación que es ajena a esta instancia del proceso”.
Los argumentos de Romero “no me permiten obtener certeza negativa de que el hecho imputado por los acusadores no se haya cometido razón por la cual desvincular al imputado en esta instancia no puede prosperar y sería prematuro vendando la posibilidad de la averiguación de la verdad”.