Condenan a conocida abogada que usó firma falsa para frenar desalojo
Es Sonia Ivanoff, conocida por su defensa de los aborígenes. Es por un caso en Sarmiento. Engañó a varios jueces y tendrá 2 años de prisión en suspenso.
Por Rolando Tobarez
El juez Jorge Criado condenó a la conocida abogada de causas indígenas, Sonia Ivanoff, a dos años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para ejercer su profesión. La letrada de Comodoro Rivadavia utilizó una firma falsa para engañar a varios jueces y evitar el desalojo de un cliente, que había ocupado un campo ajeno.
La pena se agravó porque se consignó contra la imputada “el vano y estéril intento de escudarse detrás de lo que llamó ´la causa indígena´, loable tarea por cierto, para ocultar que el caso retrataba la simple comisión de delitos contra la propiedad y contra la fe pública”.
“Resulta moralmente reprochable –escribió Criado- servirse del dolor, oprobio y marginación que los pueblos originarios han sufrido a lo largo de la historia en nuestro país, y que aún hoy padecen, para intentar justificar un acto ilícito injustificable”.
La historia se inició cuando una orden judicial impulsada por el defensor público Tomás Malerba le exigió a Carlos Antileo, lonco de la Comunidad Jacinto Antileo, retirar sus vacas, caballos y ovejas de un predio rural que no era suyo, en la zona de Buen Pasto, quitar un candado de un galpón y no volver a ingresar.
El 13 de mayo de 2010 a las 9.15, con los plazos vencidos, Antileo presentó en el Juzgado Universal de Sarmiento un escrito con dos firmas: la suya y la de su abogada Ivanoff. Ese documento era imprescindible para poder apelar y frenar el desalojo.
Curiosamente esa misma mañana, una inquieta Ivanoff había telefoneado al juez Gustavo Antoún, titular del Juzgado: estaba parada en un piquete de Los Dragones en la ruta y no podría llegar al tribunal para el trámite. Antileo esperaba en mesa de entradas. Sin la firma de su abogada no podría apelar el desalojo. Pero el escrito ingresó. Sorprendido, el juez la llamó y le preguntó cómo había hecho para llegar tan rápido desde Comodoro Rivadavia para rubricar el papel. “Una persona de Sarmiento tiene una hoja firmada en blanco”, dijo ella. “Se tomó el helicóptero de la Presidente”, ironizó él, que luego diría que “no es normal llamar o recibir llamados de los abogados”.
La firma era falsa. El engaño tampoco fue advertido por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro, Fernando Nahuelanca y Julio Alexandre. Aceptaron el recurso de apelación y el desalojo no ocurrió. No sólo eso: Malerba fue condenado a pagarle honorarios por 1.040 pesos a Ivanoff.
El juez Antoún siempre dudó de la autenticidad de la firma y de la explicación de la hoja en blanco de la abogada. Le pidió que reconociera la rúbrica como propia y ella lo hizo. Pero igual ordenó una pericia caligráfica ya que la justificación de la abogada “no se muestra consistente”. Era imposible un viaje tan rápido de Comodoro a Sarmiento.
El caso era grave: sólo gracias a que Ivanoff dijo que la firma era suya se pudo tramitar el recurso de apelación y lograr que los camaristas fallaran a favor de Antileo para que no haya desalojo “causando perjuicios importantes a la víctima, Tomás Malerba”. La abogada se quejó de la pericia que ordenó Antoún y de nuevo la Cámara le dio la razón, porque consideró que Ivanoff ya la había reconocido y eso bastaba.
Malerba la denunció y se inició una investigación penal. En su defensa, la abogada dijo que la distancia que la separa de Sarmiento es “contraproducente”, especialmente como patrocinante de Antileo, “quien además reside en Buen Pasto y no concurre habitualmente a Sarmiento, lo que dificulta o impide el ejercicio efectivo o la defensa de los derechos de miembros de pueblos originarios”.
Destacó que hace 28 años que trabaja en la causa indígena. “Aclaró que dejaba escritos firmados para casos excepcionales y especialmente por la imposibilidad de trasladarse; las firmas a distintas alturas de las hojas es práctica habitual entre los abogados”.
En cada comunidad que representa hay gente que tiene hojas firmadas en blanco. Insistió con que los pobladores originarios “han sido hostigados por presentar escritos por ella”. Y señaló que en el juicio se discutieron “dos paradigmas de relación con los pueblos originarios: los que no los reconocen y los que sí los reconocen”.
Hasta el procurador general Jorge Miquelarena recibió un escrito de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, preocupada por “la sujeción de una abogada asociada a un proceso penal por un conflicto territorial, sugestivo porque la firma había sido reconocida, señalando que por ello había intención de hostigamiento y persecución”. Pero en el Juzgado no había quejas registradas por discriminar a las comunidades aborígenes.
En su decisión, el juez Criado desmintió a Ivanoff: “Este juicio nada tiene que ver con la causa indígena ni con sus derechos ni con paradigmas constitucionales en el marco de la vigencia de los derechos humanos”. Y descartó “cualquier suspicacia en relación a la supuesta práctica habitual de tratar en forma discriminatoria a los miembros de las comunidades aborígenes cuando intentaban presentar escritos de la imputada”. Más bien “se pretendió distraer la atención del Tribunal de los hechos por los cuales fuera traída a juicio, presentando el caso como una suerte de ataque institucional a su persona por la tarea que desarrolla, en lo que llamó la ´causa indígena´”.
Según Criado, la abogada engañó a los jueces para “procurar mejorar la situación procesal de su representado, causando intencionalmente perjuicio a la administración de justicia”. Hizo creer que el escrito presentado aquella mañana de mayo era legal para evitar que su cliente fuera desalojado. Esto afectó el patrimonio de Malerba, que no pudo defender sus derechos en tiempo y firma.
Antoún fue el primero que sospechó de la firma trucha. “Desconfió de inicio de la maniobra de la imputada y ciertamente tuvo razón para desconfiar”, dijo Criado. Los 1.040 pesos que cobró de Malerba fueron un “magro pago por haber sacrificado la buena fe y la probidad profesional con su conducta ilícita”.
Si de verdad su cliente tenía una hoja en blanco firmada por ella, la presencia de la abogada no era necesaria para el trámite de apelación. ¿Entonces por qué Ivanoff tenía tanto apuro en llegar a Sarmiento? También pudo acudir a un gestor, pero prefirió usar una firma falsa e insistir con que era suya. Para el juez, “el relato de la imputada es inverosímil”.
La abogada sabía lo que hacía. Tenía claro que sin su firma el desalojo no podría frenarse. “Si no lo hacía la etapa recursiva se declararía desierta, por lo que optó por el engaño hasta las últimas instancias. Ya en debate sostuvo ante mí la mirada, e insistió que la firma era suya”, relató Criado.
“Desplegó durante todo el proceso el engaño que generó los fraudes procesales a fin de conseguir una mejor situación procesal a su representado, Carlos Antileo”.
Hasta cobró costas: “Utilizó en interés y beneficio propio al percibir los honorarios profesionales que fueron logrados con sustento en la misma maniobra ardidosa. Un proceso que de haberse desplegado legítimamente, no hubiera prosperado”. En síntesis, “la imputada abusó de su rol de abogada y nada justificaba delinquir para mejorar la situación procesal de su representado”.
Por Rolando Tobarez
El juez Jorge Criado condenó a la conocida abogada de causas indígenas, Sonia Ivanoff, a dos años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para ejercer su profesión. La letrada de Comodoro Rivadavia utilizó una firma falsa para engañar a varios jueces y evitar el desalojo de un cliente, que había ocupado un campo ajeno.
La pena se agravó porque se consignó contra la imputada “el vano y estéril intento de escudarse detrás de lo que llamó ´la causa indígena´, loable tarea por cierto, para ocultar que el caso retrataba la simple comisión de delitos contra la propiedad y contra la fe pública”.
“Resulta moralmente reprochable –escribió Criado- servirse del dolor, oprobio y marginación que los pueblos originarios han sufrido a lo largo de la historia en nuestro país, y que aún hoy padecen, para intentar justificar un acto ilícito injustificable”.
La historia se inició cuando una orden judicial impulsada por el defensor público Tomás Malerba le exigió a Carlos Antileo, lonco de la Comunidad Jacinto Antileo, retirar sus vacas, caballos y ovejas de un predio rural que no era suyo, en la zona de Buen Pasto, quitar un candado de un galpón y no volver a ingresar.
El 13 de mayo de 2010 a las 9.15, con los plazos vencidos, Antileo presentó en el Juzgado Universal de Sarmiento un escrito con dos firmas: la suya y la de su abogada Ivanoff. Ese documento era imprescindible para poder apelar y frenar el desalojo.
Curiosamente esa misma mañana, una inquieta Ivanoff había telefoneado al juez Gustavo Antoún, titular del Juzgado: estaba parada en un piquete de Los Dragones en la ruta y no podría llegar al tribunal para el trámite. Antileo esperaba en mesa de entradas. Sin la firma de su abogada no podría apelar el desalojo. Pero el escrito ingresó. Sorprendido, el juez la llamó y le preguntó cómo había hecho para llegar tan rápido desde Comodoro Rivadavia para rubricar el papel. “Una persona de Sarmiento tiene una hoja firmada en blanco”, dijo ella. “Se tomó el helicóptero de la Presidente”, ironizó él, que luego diría que “no es normal llamar o recibir llamados de los abogados”.
La firma era falsa. El engaño tampoco fue advertido por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro, Fernando Nahuelanca y Julio Alexandre. Aceptaron el recurso de apelación y el desalojo no ocurrió. No sólo eso: Malerba fue condenado a pagarle honorarios por 1.040 pesos a Ivanoff.
El juez Antoún siempre dudó de la autenticidad de la firma y de la explicación de la hoja en blanco de la abogada. Le pidió que reconociera la rúbrica como propia y ella lo hizo. Pero igual ordenó una pericia caligráfica ya que la justificación de la abogada “no se muestra consistente”. Era imposible un viaje tan rápido de Comodoro a Sarmiento.
El caso era grave: sólo gracias a que Ivanoff dijo que la firma era suya se pudo tramitar el recurso de apelación y lograr que los camaristas fallaran a favor de Antileo para que no haya desalojo “causando perjuicios importantes a la víctima, Tomás Malerba”. La abogada se quejó de la pericia que ordenó Antoún y de nuevo la Cámara le dio la razón, porque consideró que Ivanoff ya la había reconocido y eso bastaba.
Malerba la denunció y se inició una investigación penal. En su defensa, la abogada dijo que la distancia que la separa de Sarmiento es “contraproducente”, especialmente como patrocinante de Antileo, “quien además reside en Buen Pasto y no concurre habitualmente a Sarmiento, lo que dificulta o impide el ejercicio efectivo o la defensa de los derechos de miembros de pueblos originarios”.
Destacó que hace 28 años que trabaja en la causa indígena. “Aclaró que dejaba escritos firmados para casos excepcionales y especialmente por la imposibilidad de trasladarse; las firmas a distintas alturas de las hojas es práctica habitual entre los abogados”.
En cada comunidad que representa hay gente que tiene hojas firmadas en blanco. Insistió con que los pobladores originarios “han sido hostigados por presentar escritos por ella”. Y señaló que en el juicio se discutieron “dos paradigmas de relación con los pueblos originarios: los que no los reconocen y los que sí los reconocen”.
Hasta el procurador general Jorge Miquelarena recibió un escrito de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, preocupada por “la sujeción de una abogada asociada a un proceso penal por un conflicto territorial, sugestivo porque la firma había sido reconocida, señalando que por ello había intención de hostigamiento y persecución”. Pero en el Juzgado no había quejas registradas por discriminar a las comunidades aborígenes.
En su decisión, el juez Criado desmintió a Ivanoff: “Este juicio nada tiene que ver con la causa indígena ni con sus derechos ni con paradigmas constitucionales en el marco de la vigencia de los derechos humanos”. Y descartó “cualquier suspicacia en relación a la supuesta práctica habitual de tratar en forma discriminatoria a los miembros de las comunidades aborígenes cuando intentaban presentar escritos de la imputada”. Más bien “se pretendió distraer la atención del Tribunal de los hechos por los cuales fuera traída a juicio, presentando el caso como una suerte de ataque institucional a su persona por la tarea que desarrolla, en lo que llamó la ´causa indígena´”.
Según Criado, la abogada engañó a los jueces para “procurar mejorar la situación procesal de su representado, causando intencionalmente perjuicio a la administración de justicia”. Hizo creer que el escrito presentado aquella mañana de mayo era legal para evitar que su cliente fuera desalojado. Esto afectó el patrimonio de Malerba, que no pudo defender sus derechos en tiempo y firma.
Antoún fue el primero que sospechó de la firma trucha. “Desconfió de inicio de la maniobra de la imputada y ciertamente tuvo razón para desconfiar”, dijo Criado. Los 1.040 pesos que cobró de Malerba fueron un “magro pago por haber sacrificado la buena fe y la probidad profesional con su conducta ilícita”.
Si de verdad su cliente tenía una hoja en blanco firmada por ella, la presencia de la abogada no era necesaria para el trámite de apelación. ¿Entonces por qué Ivanoff tenía tanto apuro en llegar a Sarmiento? También pudo acudir a un gestor, pero prefirió usar una firma falsa e insistir con que era suya. Para el juez, “el relato de la imputada es inverosímil”.
La abogada sabía lo que hacía. Tenía claro que sin su firma el desalojo no podría frenarse. “Si no lo hacía la etapa recursiva se declararía desierta, por lo que optó por el engaño hasta las últimas instancias. Ya en debate sostuvo ante mí la mirada, e insistió que la firma era suya”, relató Criado.
“Desplegó durante todo el proceso el engaño que generó los fraudes procesales a fin de conseguir una mejor situación procesal a su representado, Carlos Antileo”.
Hasta cobró costas: “Utilizó en interés y beneficio propio al percibir los honorarios profesionales que fueron logrados con sustento en la misma maniobra ardidosa. Un proceso que de haberse desplegado legítimamente, no hubiera prosperado”. En síntesis, “la imputada abusó de su rol de abogada y nada justificaba delinquir para mejorar la situación procesal de su representado”.