La empresa Aluar habría “ventilado asuntos confidenciales” del convenio que firmó con Pan American Energy cuando denunció el corte de suministro de gas por parte de la petrolera a partir del 17 de enero. Así lo revelaron medios nacionales. La revelación de los mencionados datos confidenciales formarían parte de la nota que la firma de la familia Madanes Quintanilla envió a la Bolsa de Comercio para notificarle la decisión de PAE. Por otra parte, fuentes consultadas por Jornada admitieron que es inminente la intervención del Gobierno nacional en forma directa en este posible conflicto: es que el Estado nacional tiene el 9,31 por ciento de las acciones de la empresa de aluminio a través de la ANSeS. Esta posibilidad-la intervención del Gobierno- fue lo que provocó que Aluar haga público un problema de precios que incumbe a tratativas directas entre empresas. La productora de aluminio entiende que si algún ministro nacional toma el caso, está más cerca de no tener que pagar lo que sabía desde hace tiempo, iba a tener que pagar por la compra del fluido.
Como se sabe, hace unos días Aluar denunció ante la Bolsa de Comercio y a través de un comunicado que envió a los medios que Pan American Energy (PAE) tomó la decisión de terminar a partir del 17 de enero el contrato de compraventa de gas que habían firmado en 2007 y que regía hasta 2027. Por ese convenio, PAE se había comprometido a poner a disposición de Aluar bajo ciertas condiciones de precio y calidad, 2,1 millones de metros cúbicos diarios de gas (1,6% de la demanda nacional). El contrato le garantizaba a Aluar un insumo clave a un precio competitivo para la ampliación de su planta de Puerto Madryn.
Según Aluar, la causa invocada por PAE para fundamentar su decisión “es que las partes no habrían arribado a un acuerdo para la superación de lo que en forma arbitraria y sin razones jurídicas válidas PAE califica de eventos distorsivos del precio ”.
La pelea enfrenta a dos de los grupos económicos más importantes del país. Por un lado, la petrolera Pan American Energy (PAE), que maneja la familia Bulgheroni con los chinos de CNOOC y la inglesa BP. Del otro, Aluar, la mayor fabricante de aluminio del país, en manos de los Madanes Quintanilla, y con 9,31% del capital en poder del Estado, a través de la ANSeS. La discusión, como suele ser común en los negocios, es por precios.
Además, Aluar pone como variable en esta cuestión que el corte del suministro de gas pondría en peligro no sólo su producción sino también una importante cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas. Aluar agregó que “intimó a PAE a abstenerse de cortar el suministro y que abrirá un proceso arbitral contra la petrolera según las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”.
“En el mercado se especulaba con que a partir de la carta a la Bolsa –que ventila asuntos confidenciales, según allegados a PAE– Aluar estaría buscando la intervención del Gobierno, que se verá afectado también como accionista”, se dio a conocer en los últimos días.
Sin embargo y como informó Jornada la semana pasada, según publicó el sitio especializado El Inversor Online, a mediados de septiembre de 2013 un alto directivo de Aluar se habría reunido con funcionarios cercanos a la Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas para abordar un tema que los preocupaba: “El encarecimiento de los precios del gas motorizado por la caída de la oferta local y la escalada de las importaciones de LNG y desde Bolivia”.
La nota, que firma el periodista Nicolás Gandini, indica que el funcionario habría expresado con claridad que Aluar debía reacomodar su esquema de precios. “Están pagando por el gas US$ 1,70 por millón de BTU que consumen cuando al resto de las grandes industrias le cuesta por encima de US$ 3,50. Hay que actualizar el importe”. La respuesta por parte del representante de Aluar habría sido: “Si nos aumentan el precio del gas, estaríamos obligados a reducir la operación y a suspender personal. Dejaríamos de ser competitivos”. La cuestión está más que clara.
La empresa Aluar habría “ventilado asuntos confidenciales” del convenio que firmó con Pan American Energy cuando denunció el corte de suministro de gas por parte de la petrolera a partir del 17 de enero. Así lo revelaron medios nacionales. La revelación de los mencionados datos confidenciales formarían parte de la nota que la firma de la familia Madanes Quintanilla envió a la Bolsa de Comercio para notificarle la decisión de PAE. Por otra parte, fuentes consultadas por Jornada admitieron que es inminente la intervención del Gobierno nacional en forma directa en este posible conflicto: es que el Estado nacional tiene el 9,31 por ciento de las acciones de la empresa de aluminio a través de la ANSeS. Esta posibilidad-la intervención del Gobierno- fue lo que provocó que Aluar haga público un problema de precios que incumbe a tratativas directas entre empresas. La productora de aluminio entiende que si algún ministro nacional toma el caso, está más cerca de no tener que pagar lo que sabía desde hace tiempo, iba a tener que pagar por la compra del fluido.
Como se sabe, hace unos días Aluar denunció ante la Bolsa de Comercio y a través de un comunicado que envió a los medios que Pan American Energy (PAE) tomó la decisión de terminar a partir del 17 de enero el contrato de compraventa de gas que habían firmado en 2007 y que regía hasta 2027. Por ese convenio, PAE se había comprometido a poner a disposición de Aluar bajo ciertas condiciones de precio y calidad, 2,1 millones de metros cúbicos diarios de gas (1,6% de la demanda nacional). El contrato le garantizaba a Aluar un insumo clave a un precio competitivo para la ampliación de su planta de Puerto Madryn.
Según Aluar, la causa invocada por PAE para fundamentar su decisión “es que las partes no habrían arribado a un acuerdo para la superación de lo que en forma arbitraria y sin razones jurídicas válidas PAE califica de eventos distorsivos del precio ”.
La pelea enfrenta a dos de los grupos económicos más importantes del país. Por un lado, la petrolera Pan American Energy (PAE), que maneja la familia Bulgheroni con los chinos de CNOOC y la inglesa BP. Del otro, Aluar, la mayor fabricante de aluminio del país, en manos de los Madanes Quintanilla, y con 9,31% del capital en poder del Estado, a través de la ANSeS. La discusión, como suele ser común en los negocios, es por precios.
Además, Aluar pone como variable en esta cuestión que el corte del suministro de gas pondría en peligro no sólo su producción sino también una importante cantidad de fuentes de trabajo directas e indirectas. Aluar agregó que “intimó a PAE a abstenerse de cortar el suministro y que abrirá un proceso arbitral contra la petrolera según las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”.
“En el mercado se especulaba con que a partir de la carta a la Bolsa –que ventila asuntos confidenciales, según allegados a PAE– Aluar estaría buscando la intervención del Gobierno, que se verá afectado también como accionista”, se dio a conocer en los últimos días.
Sin embargo y como informó Jornada la semana pasada, según publicó el sitio especializado El Inversor Online, a mediados de septiembre de 2013 un alto directivo de Aluar se habría reunido con funcionarios cercanos a la Comisión de Coordinación y Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas para abordar un tema que los preocupaba: “El encarecimiento de los precios del gas motorizado por la caída de la oferta local y la escalada de las importaciones de LNG y desde Bolivia”.
La nota, que firma el periodista Nicolás Gandini, indica que el funcionario habría expresado con claridad que Aluar debía reacomodar su esquema de precios. “Están pagando por el gas US$ 1,70 por millón de BTU que consumen cuando al resto de las grandes industrias le cuesta por encima de US$ 3,50. Hay que actualizar el importe”. La respuesta por parte del representante de Aluar habría sido: “Si nos aumentan el precio del gas, estaríamos obligados a reducir la operación y a suspender personal. Dejaríamos de ser competitivos”. La cuestión está más que clara.