"Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana", dijo el presidente Pedro Castillo en un mensaje al país por televisión cerca de la medianoche.
Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo exigió el cese de manera inmediata de la medida, que consideró “inconstitucional” y desproporcionada, dado que no contempla la movilidad de los trabajadores informales, directamente perjudicados por la medida, y poco después presentó un recurso de "habeas corpus" para que la Justicia la derogue.
"Solicitamos se declare fundada la demanda y, por consiguiente, se disponga dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria (...) así como exhortar a las codemandadas de abstenerse en volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad", precisó la demanda presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima por el defensor, Walter Gutiérrez, informó el diario local Perú 21.
El presidente anunció, por su parte, que se presentará en la tarde de este martes junto con varios de sus ministros ante el Congreso, al que fue invitado por su presidenta, la opositora María del Carmen Alva.
La legisladora advirtió, en un primer momento, que el Gobierno "no puede impedir el funcionamiento del Congreso" de acuerdo con la Constitución, aunque luego dijo que iban a "ayudar al Ejecutivo a manejar esta crisis que ellos mismos han originado".
La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas el martes a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, puntualizó la agencia de noticias AFP.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de cabinas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en varias zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.
Las protestas, originadas en las alzas de los precios de los combustibles y alimentos, se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.
"Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley", indicó Castillo en su breve mensaje.
El mandatario agregó que la medida regirá para la provincia de Lima, también conocida como Lima Metropolitana, capital, y para el Callao, una provincia constitucional colindante.
Lima Metropolitana y el Callao conforman una sola unidad urbana que se entiende como la ciudad capital del país, la cual alberga a una población cercana a los 11 millones de habitantes, añadió la agencia de noticias Sputnik.
Los bloqueos de rutas y los disturbios continuaban anoche, pese a que el gobierno decretó ayer una rebaja de los precios de los combustibles, al eximirlos de un impuesto de manera transitoria, y a que algunas organizaciones de transportistas informaron que abandonaban la protesta, según la agencia de noticias Andina y el diario La República.
Un paro parcial de transportistas y choferes de carga y de pasajeros, iniciado la semana pasada y agudizado ayer, generó el bloqueo de varias rutas, la suspensión de clases y la muerte de un hombre que era trasladado en una ambulancia que fue interceptada por uno de los cortes.
La medida de fuerza, en protesta por los precios del combustible y los peajes, es la primera de peso contra el gobierno de Castillo, que en ocho meses de gestión ya sorteó en el Congreso dos pedidos de destitución.
En las regiones de Ica (sur) y Junín (este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales. En Ica, a 300 km al sur de Lima, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país.
"Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana", dijo el presidente Pedro Castillo en un mensaje al país por televisión cerca de la medianoche.
Tras el anuncio, la Defensoría del Pueblo exigió el cese de manera inmediata de la medida, que consideró “inconstitucional” y desproporcionada, dado que no contempla la movilidad de los trabajadores informales, directamente perjudicados por la medida, y poco después presentó un recurso de "habeas corpus" para que la Justicia la derogue.
"Solicitamos se declare fundada la demanda y, por consiguiente, se disponga dejar sin efecto la inmovilización social obligatoria (...) así como exhortar a las codemandadas de abstenerse en volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad", precisó la demanda presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima por el defensor, Walter Gutiérrez, informó el diario local Perú 21.
El presidente anunció, por su parte, que se presentará en la tarde de este martes junto con varios de sus ministros ante el Congreso, al que fue invitado por su presidenta, la opositora María del Carmen Alva.
La legisladora advirtió, en un primer momento, que el Gobierno "no puede impedir el funcionamiento del Congreso" de acuerdo con la Constitución, aunque luego dijo que iban a "ayudar al Ejecutivo a manejar esta crisis que ellos mismos han originado".
La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas el martes a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, puntualizó la agencia de noticias AFP.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de cabinas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en varias zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.
Las protestas, originadas en las alzas de los precios de los combustibles y alimentos, se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.
"Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley", indicó Castillo en su breve mensaje.
El mandatario agregó que la medida regirá para la provincia de Lima, también conocida como Lima Metropolitana, capital, y para el Callao, una provincia constitucional colindante.
Lima Metropolitana y el Callao conforman una sola unidad urbana que se entiende como la ciudad capital del país, la cual alberga a una población cercana a los 11 millones de habitantes, añadió la agencia de noticias Sputnik.
Los bloqueos de rutas y los disturbios continuaban anoche, pese a que el gobierno decretó ayer una rebaja de los precios de los combustibles, al eximirlos de un impuesto de manera transitoria, y a que algunas organizaciones de transportistas informaron que abandonaban la protesta, según la agencia de noticias Andina y el diario La República.
Un paro parcial de transportistas y choferes de carga y de pasajeros, iniciado la semana pasada y agudizado ayer, generó el bloqueo de varias rutas, la suspensión de clases y la muerte de un hombre que era trasladado en una ambulancia que fue interceptada por uno de los cortes.
La medida de fuerza, en protesta por los precios del combustible y los peajes, es la primera de peso contra el gobierno de Castillo, que en ocho meses de gestión ya sorteó en el Congreso dos pedidos de destitución.
En las regiones de Ica (sur) y Junín (este) hubo saqueos en comercios, según imágenes difundidas por televisoras locales. En Ica, a 300 km al sur de Lima, fueron quemadas algunas casetas de peaje en la ruta Panamericana, una de las principales vías del país.