El Colegio de Abogados preocupado por la Justicia de Chubut
Fijaron su posición de rechazó a las decisiones que el máximo tribunal tomó. Se solidarizaron y apoyaron los reclamos de los trabajadores judiciales.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn manifestó su “profunda preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, motivada por decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia que han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la justicia”.
La institución que preside Gustavo Cruz planteó que “se ha conocido la existencia de varias acordadas firmadas por los ministros del STJ que se asignan aumentos salariales significativos, con adicionales por "gastos de investidura", incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia”.
Los representantes de los letrados madrynenses indicaron que “estos incrementos, que en algunos casos alcanzarían hasta un 60 por ciento sobre las remuneraciones, han sido implementados sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301, que garantiza la equidad salarial en toda la estructura judicial”. Además, “se ha denunciado la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de gastos reservados o gastos sin discriminar, sin rendición de cuentas ni control externo, lo cual contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos” expresa el comunicado del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.
Plantaron que “estas prácticas, junto con la reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de antecedentes ni oposición, profundizan el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial, afectando injustamente a trabajadores, funcionarios y magistrados que sí cumplen con sus funciones y sostienen, con esfuerzo diario, el buen funcionamiento del sistema judicial”.
Frente a este conflicto, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn expresó “su respeto y solidaridad por el derecho de los trabajadores a reclamar condiciones salariales dignas, que se respete la ley de porcentualidad, y advierte con firmeza que es el Superior Tribunal de Justicia quien debe brindar explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantizar la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actuar con austeridad republicana; y proceder conforme a la Constitución Provincial y las leyes en la designación de todos los cargos del Poder Judicial”.
Recordaron que la institución “manifestó ante el Poder Ejecutivo su disconformidad -por distintos fundamentos- respecto de las propuestas de designación de determinados candidatos como ministros del Superior Tribunal de Justicia”. Por ello, “no resulta sorprendente que hoy se observe, como nunca antes, una gestión marcada por el uso discrecional de los recursos, la resistencia a los mecanismos de control y la concentración de beneficios en unos pocos” indicaron los abogados madrnyenses.
Junto a ello, advirtieron que “esta lógica de funcionamiento ha llegado incluso al extremo de negar a nuestra institución el acceso a información pública vinculada a recientes designaciones internas, desconociendo hasta el momento si las mismas fueron realizadas con la correspondiente sustanciación previa de antecedentes, en abierta contradicción con los principios que deben regir al Poder Judicial en un Estado de Derecho”.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn manifestó su “profunda preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, motivada por decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia que han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la justicia”.
La institución que preside Gustavo Cruz planteó que “se ha conocido la existencia de varias acordadas firmadas por los ministros del STJ que se asignan aumentos salariales significativos, con adicionales por "gastos de investidura", incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia”.
Los representantes de los letrados madrynenses indicaron que “estos incrementos, que en algunos casos alcanzarían hasta un 60 por ciento sobre las remuneraciones, han sido implementados sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301, que garantiza la equidad salarial en toda la estructura judicial”. Además, “se ha denunciado la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de gastos reservados o gastos sin discriminar, sin rendición de cuentas ni control externo, lo cual contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos” expresa el comunicado del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.
Plantaron que “estas prácticas, junto con la reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de antecedentes ni oposición, profundizan el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial, afectando injustamente a trabajadores, funcionarios y magistrados que sí cumplen con sus funciones y sostienen, con esfuerzo diario, el buen funcionamiento del sistema judicial”.
Frente a este conflicto, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn expresó “su respeto y solidaridad por el derecho de los trabajadores a reclamar condiciones salariales dignas, que se respete la ley de porcentualidad, y advierte con firmeza que es el Superior Tribunal de Justicia quien debe brindar explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantizar la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actuar con austeridad republicana; y proceder conforme a la Constitución Provincial y las leyes en la designación de todos los cargos del Poder Judicial”.
Recordaron que la institución “manifestó ante el Poder Ejecutivo su disconformidad -por distintos fundamentos- respecto de las propuestas de designación de determinados candidatos como ministros del Superior Tribunal de Justicia”. Por ello, “no resulta sorprendente que hoy se observe, como nunca antes, una gestión marcada por el uso discrecional de los recursos, la resistencia a los mecanismos de control y la concentración de beneficios en unos pocos” indicaron los abogados madrnyenses.
Junto a ello, advirtieron que “esta lógica de funcionamiento ha llegado incluso al extremo de negar a nuestra institución el acceso a información pública vinculada a recientes designaciones internas, desconociendo hasta el momento si las mismas fueron realizadas con la correspondiente sustanciación previa de antecedentes, en abierta contradicción con los principios que deben regir al Poder Judicial en un Estado de Derecho”.