Menna: “Hay posibilidades de revertir el fallo de Preska”

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna dialogó este martes a la mañana en Jornada Radio sobre el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska que ordenó al Estado argentino a entregar a un fondo extranjero las acciones de la petrolera YPF. Cabe recordar que la provincia de Chubut posee un 8% de esos activos y el gobernador Torres decidió apelar para salvar el patrimonio provincial.

Hay un posicionamiento muy firme del gobernador, ¿no?

“Absolutamente. Chubut tiene acciones clase D de YPF, es accionista de YPF, entre otras, las clases D que son las que están embargadas por la jueza Loretta Preska en Nueva York. Esas acciones fueron originalmente expropiadas en el año 2012 por una ley del Congreso, representaban el 51% del capital total de YPF, y en esa misma ley se dispuso que un poco más que la mitad de esas acciones, el 51%, correspondían al Estado argentino, pero el 49% restante a las provincias petroleras, que luego se acordaría cómo se distribuían entre las provincias productoras de hidrocarburos, teniendo en cuenta la producción de cada una de ellas”.

“El 9 de agosto del 2012, pocos meses después de la Ley de Expropiación, se hizo ese acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias, y ahí se le adjudicó lo que le correspondía a cada una”.

ACUERDO DESVENTAJOSO

“Ese acuerdo fue absolutamente desventajoso y escandaloso, porque a Chubut le tocó el 8,60% cuando otras provincias con mucho menor capacidad productiva, como Mendoza, le dieron el 20”, señaló Menna.

“Aunque parezca increíble, ese acuerdo nunca se envió a aprobación a la legislatura por ley, ni siquiera se protocolizó en escribanía de gobierno, como si hubiese habido un ocultamiento de este convenio. Pero lo cierto es que tuvo principio de ejecución, porque desde entonces y hasta acá, Chubut ejerció los derechos políticos societarios que le da su calidad de accionista”

“Las acciones que tiene la provincia, forman parte de una compañía que hoy tiene un valor de12.000 millones de dólares, y probablemente también eso vaya creciendo por todos los proyectos que tiene YPF, porque es mucha plata, porque tiene que ver con los activos de la provincia de Chubut, y porque más allá de la discusión de si este juicio ha sido bien resuelto o mal resuelto, nosotros creemos que la sentencia de Preska no está ajustada a derecho. Lo cierto es que no corresponde que se embarguen acciones que no son del Estado argentino, son de la provincia de Chubut”.

SEGUIR EL CAMINO DE CHUBUT

“Si todas las provincias accionistas de YPF toman la misma decisión que tomó el gobernador de Chubut, ya con esa sola acción se podría poner a salvo la mitad de lo que hoy está afectado por esta decisión que ratificó la jueza Preska, con lo cual también debería ser acompañado y respaldado por el Gobierno Nacional, porque de esa manera estamos reduciendo el problema a la mitad”.

“El gobernador ha resuelto encabezar este trámite que viene tan mal gestado desde el 2012 y va a remitir ese convenio que logramos rescatar y que prueba que Chubut tiene su derecho propio en la compañía a la próxima sesión legislativa, pero eso ya es una pelea interna que no tiene nada que ver con el discurso que se debata en Nueva York. Lograr una revisión de esta participación sin fundamento, va a ser una oportunidad propicia también para los que formaron parte de toda esta sucesión de gobiernos que tomaron estas decisiones, que expliquen por qué hicieron ese tipo de acuerdo y por qué lo mantuvieron oculto.

“Pocos meses después, en 2012, se hicieron todas esas renegociaciones petroleras que eran por 40 años y no aguantaron ni 15 años porque una a una de las empresas se fue retirando, y ahora se hacen los distraídos y se asombran de la situación de la cuenca, pero fueron los gestores de esos acuerdos”.

“Hay responsabilidad de los gobiernos nacionales y provinciales?

“No, en este aspecto, básicamente provincial. Fueron los gobiernos de Bussi, después Arcioni, fue toda una situación con muchos actores, en el caso de Comodoro, por ejemplo, se le hizo firmar al municipio la eximición a YPF y la condonación de un impuesto municipal que se llamaba BDPIN, que era un canon que compensaba la indisponibilidad de tierras en ese radio de seguridad que tienen los pozos petroleros de 80 metros, en donde no se puede construir, no se puede urbanizar y demás, eso fue una batalla que tuvo durante muchos años el intendente Jorge Aubía y quienes lo sucedieron porque la empresa lo había cuestionado en la justicia, la justicia convalidó la posición del municipio y alegremente en esa época se le regaló todo ese capital de Comodoro a cambio de una pileta de natación y de un gimnasio en Kilómetro 8.

¿En relación al fallo, hay ignorancia por parte de la jueza?

“Obviamente hay ignorancia, no lo digo en términos despectivos, sino que probablemente nadie ha hecho este planteo, es muy llamativo porque basta con leer la ley 26.741 queda claro que la casi mitad de las acciones que pasan de Repsol a la Argentina son de las provincias y hay un acuerdo que formaliza eso. Chubut tuvo directores, o sea un miembro en el directorio ininterrumpidamente desde 2012 para acá, porque el tener la designación de un director es el ejercicio de los derechos políticos societarios que te da la calidad de accionista”.

¿Hay posibilidades reales de revertir el embargo?

“En lo que respecta a Chubut, sí, absolutamente. El acreedor y el juez, para asegurar el cobro de un juicio, puede ir sobre el patrimonio del deudor, pero no sobre el patrimonio de terceros, que ni siquiera son parte en el juicio. Y acá lo que hay que demostrar es que esas acciones no son del Estado argentino demandado, sino que son de una persona jurídica distinta que es la provincia de Chubut.

¿La presentación ante la Corte de Apelación es inminente?

“Sí, sí, claro, esa es la determinación. Ayer tuvimos consultas de otras provincias, la verdad es que, si hubiese una actitud similar de parte de las restantes provincias, estaríamos hablando de salvar por este camino el 49% de lo que hoy está embargado”.

¿Se ha hablado con otras provincias?

“Han hecho consultas, sí, el análisis lo hicimos nosotros durante todos los últimos días, que fue complejo por esta razón que contaba al principio, que no hay antecedentes, porque ese convenio no sólo no se envió a la legislatura, sino que no se protocolizó en escribanía de gobierno, entonces hay que hacer toda una serie de acciones para consolidar esto desde el plano interno. Llamativamente el único antecedente que había en Legislatura fue por un pedido de informes que hizo en su momento un diputado. Porque el convenio del 9 de agosto del 2012 no llegó como hubiese correspondido como un proyecto de ley aprobatorio de ese convenio, sino como respuesta a un pedido de informes que hizo un diputado pidiendo saber qué había pasado, y cuáles eran los términos de ese acuerdo. Pero luego no pasó más nada, no hubo una publicitación de eso o un cuestionamiento a una negociación tan ruinosa para la provincia”, finalizó.