Echaron del Estado a la exministra Torres Otarola
Al decreto lo firmó el gobernador Torres. Así formaliza la expulsión de la extitular de Familia y Desarrollo Social durante la gestión de Mariano Arcioni. Fue condenada por defraudación al Estado.
El gobernador de Chubut, Nacho Torres, firmó el Decreto mediante el cual se echó de la administración pública a la exministra de Familia y Desarrollo Social de la gestión de Mariano Arcioni, Cecilia Torres Otarola, condenada por corrupción en la causa “Ñoquis Calientes”.
En línea con el objetivo de normativas como la Ley de Ficha Limpia, el documento, que también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, establece la expulsión “de conformidad con lo normado por el artículo 17 inciso g) del Convenio Colectivo de Salud —homologado por Resolución N° 164/2013 de la Secretaría de Trabajo— y por los artículos 51 incisos 1° y 2° de la Ley I N° 74”, a partir de lo concluido por el sumario administrativo ordenado mediante Resolución XXI N° 19/25-AGG.
Al respecto, Torres ratificó que “no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado", agregando que la expulsión de Torres Otarola “no es solo un acto de Justicia, sino una deuda saldada con los principales perjudicados por su accionar: todos los chubutenses”.
El Decreto hace referencia a la condena de la ex funcionaria a 2 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por haber sido hallada autora material y penalmente responsable de los delitos de defraudación a la Administración Pública y exacciones ilegales.
El texto subraya que “todo funcionario público debe tener idoneidad técnica y moral para el ejercicio de la función pública”, y que “los hechos acreditados en el expediente penal, sumados a la calidad de funcionaria que ostentaba y que aún posee como agente, dañan gravemente la imagen del Estado provincial y del sistema de salud pública en particular”.
Cecilia Torres Otarola fue condenada en el marco de la causa “Ñoquis Calientes”, que investigó y comprobó la contratación irregular de empleados para cumplir tareas por fuera de la administración provincial, percibiendo haberes del Estado. La Justicia determinó que estas maniobras constituyeron una defraudación contra el erario.
El gobernador de Chubut, Nacho Torres, firmó el Decreto mediante el cual se echó de la administración pública a la exministra de Familia y Desarrollo Social de la gestión de Mariano Arcioni, Cecilia Torres Otarola, condenada por corrupción en la causa “Ñoquis Calientes”.
En línea con el objetivo de normativas como la Ley de Ficha Limpia, el documento, que también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, establece la expulsión “de conformidad con lo normado por el artículo 17 inciso g) del Convenio Colectivo de Salud —homologado por Resolución N° 164/2013 de la Secretaría de Trabajo— y por los artículos 51 incisos 1° y 2° de la Ley I N° 74”, a partir de lo concluido por el sumario administrativo ordenado mediante Resolución XXI N° 19/25-AGG.
Al respecto, Torres ratificó que “no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado", agregando que la expulsión de Torres Otarola “no es solo un acto de Justicia, sino una deuda saldada con los principales perjudicados por su accionar: todos los chubutenses”.
El Decreto hace referencia a la condena de la ex funcionaria a 2 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por haber sido hallada autora material y penalmente responsable de los delitos de defraudación a la Administración Pública y exacciones ilegales.
El texto subraya que “todo funcionario público debe tener idoneidad técnica y moral para el ejercicio de la función pública”, y que “los hechos acreditados en el expediente penal, sumados a la calidad de funcionaria que ostentaba y que aún posee como agente, dañan gravemente la imagen del Estado provincial y del sistema de salud pública en particular”.
Cecilia Torres Otarola fue condenada en el marco de la causa “Ñoquis Calientes”, que investigó y comprobó la contratación irregular de empleados para cumplir tareas por fuera de la administración provincial, percibiendo haberes del Estado. La Justicia determinó que estas maniobras constituyeron una defraudación contra el erario.