“Benítez demostró que su voluntad está por encima de la ley”
El Consejo de la Magistratura imputó al defensor público de Trelew por mal desempeño al manejar ebrio, chocar a una familia e intentar fugarse. Sus amenazas a los policías y el informe del defensor jefe sobre los conflictos que generó.
Según la versión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, a las 0.30 del 21 de octubre de 2023, el defensor público Lisandro Benítez conducía un Jeep Comander por el centro de Trelew. Iba en aparente estado de ebriedad. En San Martín y Belgrano chocó con su paragolpe delantero la parte trasera de una Nissan Frontier que manejaba Edgardo Da Gracia, acompañado de su familia.
Benítez intentó fugarse por Belgrano. Da Gracia lo persiguió y lo alcanzó en 25 de Mayo, frente al Casino, para exigirle papeles del seguro. Benítez se negó e intentó nuevamente irse. Da Gracia le pidió ayuda a un policía del casino.
La imputación se leyó la mañana de este martes en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson. A Benítez lo patrocina el defensor público Miguel Moyano. Al Tribunal de Enjuciamiento lo componen la ministra del STJCamila Banfi Saavedra, junto a los diputados Andrea Aguilera y Gustavo Fita, además de los abogados César Maia y Claudia Maranzana.
Según la Comisión, esa noche en Trelew los efectivos le pidieron a Benítez datos y documentación del vehículo. Pero cuando percibieron evidentes signos de alcoholización, quisieron hacerle el test de alcoholemia. El funcionario se negó.
Le pidieron bajar del vehículo e identificarse ya que no estaba en condiciones de conducir. Benítez de nuevo se resistió con gritos y maniobras violentas. Incluso realizó maniobras peligrosas con la camioneta, avanzando unos diez metros para evadir al personal y abandonar el lugar. Impactó al menos tres oportunidades a los policías Joel Pino y Verónica Manquillán al grito de "Ustedes saben quién soy yo, todo lo que están haciendo al pedo".
Lo llevaron a la Comisaría 1ª por resistencia a la autoridad. Pero continuó resistiendo vociferando "que tenía los contactos para retirar el auto en dos días” y que se iba a encargar de que “todos los policías sepan quién era él y que no iban a trabajar más ahí". Terminó preso y esa causa concluyó con una probation en noviembre de 2024.
Las consejeras que lo acusan, Daniela Pili, María Bottini y Lucía Almirón, apuntaron que en el sumario administrativo constan dos situaciones similares ocurridas en 2020 y 2022, que dieron lugar a otros procedimientos, lo que indica “una conducta reiterativa del magistrado”.
Un informe del defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini, advirtió “una serie de inconvenientes que el desempeño de Benítez genera en el ámbito laboral por inasistencias injustificadas o asistencias tardías, que generaron que deban suspenderse actos procesales importantes o que deba ser suplido por colegas que atendían otras cuestiones”.
“Con su accionar compromete la imagen de la Defensa Pública y de la Magistratura en general –dice la acusación- y genera problemas en la agenda diaria de la Defensoría de Trelew, debido a sus ausencias injustificadas”.
“Su conducta generó un descrédito al Poder Judicial. Cuando un magistrado protagoniza un incidente de estas características, la sociedad percibe una justicia de privilegios. Al colisionar en estado de ebriedad y pretender eludir la carga legal mediante su jerarquía, Benítez demostró que su voluntad está por encima de la ley, lo cual lo inhabilita para ejercer”.
Según las tres consejeras “esta conducta lejos de ser un suceso privado ajeno a su función, constituye una flagrante violación al deber de mesura y ejemplaridad. El estado de ebriedad, sumado a la resistencia a pasar por el alcoholímetro y a identificarse y la invocación de su cargo para obtener un trato preferencial, configuran el tipo de mal desempeño por deslucimiento de la imagen del Poder Judicial”.
“La reiteración de estas conductas demuestran que el acusado hizo un hábito del desprecio por la norma, perdiendo la idoneidad ética exigida para el mantenimiento en el cargo”. Y en cuanto a los sumarios previos, “muestra que pese a haber sido advertido y haber tenido una salida alternativa en la que asumió compromisos de no reiterar conductas similares, evidentemente dichas medidas no fueron suficientes para que modifique su comportamiento”.
“Un magistrado que circula en estado de ebriedad y colisiona a un tercero socava la legitimidad de todo el sistema judicial, pues mal puede exigir el cumplimiento de la ley quien, en su vida privada, la ignora de forma temeraria”.
Además, que Benítez haya usado su cargo para amedrentar a las autoridades o evadir su identificación, “esta actitud de privilegio es precisamente lo que la sociedad más reprocha de sus funcionarios”. En este sentido, “mientras que para un ciudadano común un incidente de tránsito es un hecho de responsabilidad privada, para un magistrado es un acto de responsabilidad institucional”.
Por eso el Consejo de la Magistratura considera que hubo mal desempeño: “El comportamiento de Benítez socavó la confianza de la sociedad y del Ministerio al cual pertenece. ¿Qué impresión le queda a un ciudadano común si un funcionario del Poder Judicial no cumple con las leyes que debemos cumplir todos?”.
Fotos: Sergio Esparza
Según la versión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, a las 0.30 del 21 de octubre de 2023, el defensor público Lisandro Benítez conducía un Jeep Comander por el centro de Trelew. Iba en aparente estado de ebriedad. En San Martín y Belgrano chocó con su paragolpe delantero la parte trasera de una Nissan Frontier que manejaba Edgardo Da Gracia, acompañado de su familia.
Benítez intentó fugarse por Belgrano. Da Gracia lo persiguió y lo alcanzó en 25 de Mayo, frente al Casino, para exigirle papeles del seguro. Benítez se negó e intentó nuevamente irse. Da Gracia le pidió ayuda a un policía del casino.
La imputación se leyó la mañana de este martes en el salón de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson. A Benítez lo patrocina el defensor público Miguel Moyano. Al Tribunal de Enjuciamiento lo componen la ministra del STJCamila Banfi Saavedra, junto a los diputados Andrea Aguilera y Gustavo Fita, además de los abogados César Maia y Claudia Maranzana.
Según la Comisión, esa noche en Trelew los efectivos le pidieron a Benítez datos y documentación del vehículo. Pero cuando percibieron evidentes signos de alcoholización, quisieron hacerle el test de alcoholemia. El funcionario se negó.
Le pidieron bajar del vehículo e identificarse ya que no estaba en condiciones de conducir. Benítez de nuevo se resistió con gritos y maniobras violentas. Incluso realizó maniobras peligrosas con la camioneta, avanzando unos diez metros para evadir al personal y abandonar el lugar. Impactó al menos tres oportunidades a los policías Joel Pino y Verónica Manquillán al grito de "Ustedes saben quién soy yo, todo lo que están haciendo al pedo".
Lo llevaron a la Comisaría 1ª por resistencia a la autoridad. Pero continuó resistiendo vociferando "que tenía los contactos para retirar el auto en dos días” y que se iba a encargar de que “todos los policías sepan quién era él y que no iban a trabajar más ahí". Terminó preso y esa causa concluyó con una probation en noviembre de 2024.
Las consejeras que lo acusan, Daniela Pili, María Bottini y Lucía Almirón, apuntaron que en el sumario administrativo constan dos situaciones similares ocurridas en 2020 y 2022, que dieron lugar a otros procedimientos, lo que indica “una conducta reiterativa del magistrado”.
Un informe del defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini, advirtió “una serie de inconvenientes que el desempeño de Benítez genera en el ámbito laboral por inasistencias injustificadas o asistencias tardías, que generaron que deban suspenderse actos procesales importantes o que deba ser suplido por colegas que atendían otras cuestiones”.
“Con su accionar compromete la imagen de la Defensa Pública y de la Magistratura en general –dice la acusación- y genera problemas en la agenda diaria de la Defensoría de Trelew, debido a sus ausencias injustificadas”.
“Su conducta generó un descrédito al Poder Judicial. Cuando un magistrado protagoniza un incidente de estas características, la sociedad percibe una justicia de privilegios. Al colisionar en estado de ebriedad y pretender eludir la carga legal mediante su jerarquía, Benítez demostró que su voluntad está por encima de la ley, lo cual lo inhabilita para ejercer”.
Según las tres consejeras “esta conducta lejos de ser un suceso privado ajeno a su función, constituye una flagrante violación al deber de mesura y ejemplaridad. El estado de ebriedad, sumado a la resistencia a pasar por el alcoholímetro y a identificarse y la invocación de su cargo para obtener un trato preferencial, configuran el tipo de mal desempeño por deslucimiento de la imagen del Poder Judicial”.
“La reiteración de estas conductas demuestran que el acusado hizo un hábito del desprecio por la norma, perdiendo la idoneidad ética exigida para el mantenimiento en el cargo”. Y en cuanto a los sumarios previos, “muestra que pese a haber sido advertido y haber tenido una salida alternativa en la que asumió compromisos de no reiterar conductas similares, evidentemente dichas medidas no fueron suficientes para que modifique su comportamiento”.
“Un magistrado que circula en estado de ebriedad y colisiona a un tercero socava la legitimidad de todo el sistema judicial, pues mal puede exigir el cumplimiento de la ley quien, en su vida privada, la ignora de forma temeraria”.
Además, que Benítez haya usado su cargo para amedrentar a las autoridades o evadir su identificación, “esta actitud de privilegio es precisamente lo que la sociedad más reprocha de sus funcionarios”. En este sentido, “mientras que para un ciudadano común un incidente de tránsito es un hecho de responsabilidad privada, para un magistrado es un acto de responsabilidad institucional”.
Por eso el Consejo de la Magistratura considera que hubo mal desempeño: “El comportamiento de Benítez socavó la confianza de la sociedad y del Ministerio al cual pertenece. ¿Qué impresión le queda a un ciudadano común si un funcionario del Poder Judicial no cumple con las leyes que debemos cumplir todos?”.
Fotos: Sergio Esparza