Editorial / Operación desguace
La reforma laboral avanza y Milei tiene cada vez más votos en el Congreso para sacarla en breve. Mientras tanto, la industria argentina se cae a pedazos. Una combinación letal.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme porque, entre otras cosas, los gobernadores ya le están asegurando a la Casa Rosada sus votos en el Congreso para que la ley salga sin ningún contratiempo. ¿Debate? Dónde vamos no necesitamos debate…
Presentada como una “modernización” destinada a mejorar la “competitividad” y promover la “creación de empleo”, la iniciativa a la que le sobran comillas pero le falta sensibilidad busca modificar de manera radical las reglas históricas que regulan la relación entre capital y trabajo en la Argentina.
La ampliación de jornadas laborales de 8 a 13 horas; la eliminación de salarios básicos; la reducción o reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese; la introducción del llamado “salario dinámico” atado a la productividad individual; y, quizás el cambio más significativo, la sustitución de la negociación colectiva por rama por acuerdos individuales por empresa, configuran un escenario alarmante.
A esto hay que sumarle la eliminación de la ultraactividad de los convenios, que hoy garantiza que los derechos vigentes no se pierdan hasta la firma de un nuevo acuerdo.
Las “transformaciones” que pretende Milei, nacidas de la cabeza perversa de Federico Sturzenegger, tienden a fragmentar la representación sindical, debilitar el poder de negociación de los trabajadores y generar mayores niveles de desigualdad salarial.
El Gobierno libertario sostiene que los derechos laborales actúan como una traba para el crecimiento y que la flexibilidad permitirá atraer inversiones. Los sindicatos y amplios sectores académicos responden que sin protección y reglas equilibradas no hay desarrollo sostenible, sino transferencia de recursos desde el trabajo hacia la rentabilidad empresaria. La discusión, en definitiva, va mucho más allá de una modificación técnica de leyes: define el modelo de país y el lugar que ocuparán los trabajadores en él.
La pregunta que queda abierta es cuál será el costo social, institucional y económico del experimento. ¿Puede reconstruirse el tejido productivo debilitando a quienes lo sostienen? ¿Puede garantizarse desarrollo reduciendo derechos básicos? Las respuestas, más que obvias, son negativas.
“Si quieren avanzar sobre nuestros derechos, que sepan que acá hay una organización que no baja la cabeza ni entrega a su gente”, sentencia el Documento Final del Congreso de Luz y Fuerza de la Patagonia que se desarrolló la semana pasada en Puerto Madryn. Por ahora, el único gremio local que dice lo que piensa, lo escribe y lo divulga.
Industricidas
En la gestión de Milei, lo que sobra no son promesas sino escombros: la industria argentina atraviesa una implosión cada día más alarmante. Un solo dato describe la magnitud de la caída: la capacidad instalada -o sea, el potencial de trabajo real de las fábricas- ronda hoy niveles cercanos a los de la pandemia, dejando plantas operando a menos del 45% de su capacidad.
Pero detrás de esos números también hay tragedias cotidianas: miles de pymes cerraron, se desmantelaron líneas de producción históricas, y decenas de miles de empleos industriales quedaron en la nada.
Empresas con identidad “Hecho en Argentina” bajaron las cortinas, no porque sus productos no tengan valor, sino porque el modelo económico convirtió a la fabricación local en un pasaporte a la ruina. Los libertarios diseñaron ese modelo, no es una “consecuencia” de otra cosa.
En definitiva, el ajuste con motosierra prometido y cumplido por Milei, Sturzenegger y Toto Caputo fue una puñalada al entramado productivo nacional. La industria, una pieza clave del empleo formal y del aparato productivo del país, está siendo destripada sistemáticamente. Y cuando el tejido productivo se deshilacha, no quedan parches posibles; lo que se desmorona deja cicatrices difíciles de ocultar. Y peor, algunas no sanarán nunca.
Si todo sigue por el camino actual, 2026 no pinta como una “segunda chance” para la industria: la proyección oficial del presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso prevé un superávit fiscal primario de alrededor del 1,7 % del PIB, consolidando ese rumbo de ajuste.
Eso, en teoría, podría brindar estabilidad macroeconómica, y organismos internacionales de crédito o actores financieros fuertes ya anticipan en sus informes que de aprobarse las reformas estructurales de fondo, podría aumentar la entrada de inversiones.
Pero la advertencia resulta inevitable: según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por más de 40 países), el modelo de liberalización radical, sin protecciones, con apertura importadora y recortes de subsidios, podría terminar de asfixiar el aparato productivo nacional. Que la OCDE diga si es peronista…
Sin trabajadores o con empleo cada vez más precarizado, no habrá industria. Y sin industria nacional, no hay futuro posible. La hora exige reacciones urgentes. O no quedará casi nada para reconstruir cuando los libertarios sean sólo un mal recuerdo.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme porque, entre otras cosas, los gobernadores ya le están asegurando a la Casa Rosada sus votos en el Congreso para que la ley salga sin ningún contratiempo. ¿Debate? Dónde vamos no necesitamos debate…
Presentada como una “modernización” destinada a mejorar la “competitividad” y promover la “creación de empleo”, la iniciativa a la que le sobran comillas pero le falta sensibilidad busca modificar de manera radical las reglas históricas que regulan la relación entre capital y trabajo en la Argentina.
La ampliación de jornadas laborales de 8 a 13 horas; la eliminación de salarios básicos; la reducción o reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese; la introducción del llamado “salario dinámico” atado a la productividad individual; y, quizás el cambio más significativo, la sustitución de la negociación colectiva por rama por acuerdos individuales por empresa, configuran un escenario alarmante.
A esto hay que sumarle la eliminación de la ultraactividad de los convenios, que hoy garantiza que los derechos vigentes no se pierdan hasta la firma de un nuevo acuerdo.
Las “transformaciones” que pretende Milei, nacidas de la cabeza perversa de Federico Sturzenegger, tienden a fragmentar la representación sindical, debilitar el poder de negociación de los trabajadores y generar mayores niveles de desigualdad salarial.
El Gobierno libertario sostiene que los derechos laborales actúan como una traba para el crecimiento y que la flexibilidad permitirá atraer inversiones. Los sindicatos y amplios sectores académicos responden que sin protección y reglas equilibradas no hay desarrollo sostenible, sino transferencia de recursos desde el trabajo hacia la rentabilidad empresaria. La discusión, en definitiva, va mucho más allá de una modificación técnica de leyes: define el modelo de país y el lugar que ocuparán los trabajadores en él.
La pregunta que queda abierta es cuál será el costo social, institucional y económico del experimento. ¿Puede reconstruirse el tejido productivo debilitando a quienes lo sostienen? ¿Puede garantizarse desarrollo reduciendo derechos básicos? Las respuestas, más que obvias, son negativas.
“Si quieren avanzar sobre nuestros derechos, que sepan que acá hay una organización que no baja la cabeza ni entrega a su gente”, sentencia el Documento Final del Congreso de Luz y Fuerza de la Patagonia que se desarrolló la semana pasada en Puerto Madryn. Por ahora, el único gremio local que dice lo que piensa, lo escribe y lo divulga.
Industricidas
En la gestión de Milei, lo que sobra no son promesas sino escombros: la industria argentina atraviesa una implosión cada día más alarmante. Un solo dato describe la magnitud de la caída: la capacidad instalada -o sea, el potencial de trabajo real de las fábricas- ronda hoy niveles cercanos a los de la pandemia, dejando plantas operando a menos del 45% de su capacidad.
Pero detrás de esos números también hay tragedias cotidianas: miles de pymes cerraron, se desmantelaron líneas de producción históricas, y decenas de miles de empleos industriales quedaron en la nada.
Empresas con identidad “Hecho en Argentina” bajaron las cortinas, no porque sus productos no tengan valor, sino porque el modelo económico convirtió a la fabricación local en un pasaporte a la ruina. Los libertarios diseñaron ese modelo, no es una “consecuencia” de otra cosa.
En definitiva, el ajuste con motosierra prometido y cumplido por Milei, Sturzenegger y Toto Caputo fue una puñalada al entramado productivo nacional. La industria, una pieza clave del empleo formal y del aparato productivo del país, está siendo destripada sistemáticamente. Y cuando el tejido productivo se deshilacha, no quedan parches posibles; lo que se desmorona deja cicatrices difíciles de ocultar. Y peor, algunas no sanarán nunca.
Si todo sigue por el camino actual, 2026 no pinta como una “segunda chance” para la industria: la proyección oficial del presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso prevé un superávit fiscal primario de alrededor del 1,7 % del PIB, consolidando ese rumbo de ajuste.
Eso, en teoría, podría brindar estabilidad macroeconómica, y organismos internacionales de crédito o actores financieros fuertes ya anticipan en sus informes que de aprobarse las reformas estructurales de fondo, podría aumentar la entrada de inversiones.
Pero la advertencia resulta inevitable: según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por más de 40 países), el modelo de liberalización radical, sin protecciones, con apertura importadora y recortes de subsidios, podría terminar de asfixiar el aparato productivo nacional. Que la OCDE diga si es peronista…
Sin trabajadores o con empleo cada vez más precarizado, no habrá industria. Y sin industria nacional, no hay futuro posible. La hora exige reacciones urgentes. O no quedará casi nada para reconstruir cuando los libertarios sean sólo un mal recuerdo.