Editorial / La reforma del miedo
Cualquier cambio que sólo priorice la reducción del costo laboral pueden generar empleo medido en números, pero no necesariamente dignidad laboral ni bases sostenibles para el crecimiento con inclusión.
La reforma laboral que el Gobierno libertario intenta imponer con discusiones de baja intensidad no puede leerse como un ajuste técnico aislado: es una maniobra de poder simbólico y material que, en nombre de la “flexibilización” y la atracción de inversión, vuelve a apostar por una lógica que históricamente agravó la precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo argentino.
En el corto plazo, la “reforma” promete dinamizar el empleo pero no es otra cosa que un recorte de derechos adquiridos durante décadas que ahora se intenta hacer aparecer como privilegios que causaron la debacle del mercado del trabajo. Pero en el mediano plazo, lo que se corre es el riesgo de consolidar empleos de baja calidad, empujar a más trabajadores fuera del marco formal y debilitar la capacidad colectiva de negociación.
Los números muestran la magnitud del problema que la reforma dice querer resolver. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la informalidad laboral alcanzó 43,2% en el segundo trimestre de 2025 —es decir, casi 4 de cada 10 trabajadores operan fuera del amparo legal y de seguridad social— mientras que la tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% ese mismo trimestre.
Es imposible evaluar una reforma sin este diagnóstico: cualquier cambio normativo que reduzca costos empresariales sin medidas complementarias de formalización podría, de hecho, aumentar esa cifra.
Históricamente, Argentina ya transitó senderos parecidos. Desde principios de los años 90 con la Ley Nacional de Empleo (1991) y medidas sucesivas, se impulsó una liberalización que introdujo modalidades de contratación temporales y mayor flexibilidad, configurando un proceso criticado por igual desde la academia hasta los sindicatos por su tendencia a producir “contratos basura” y mayor precarización.
Los estudios sobre esas reformas muestran que una flexibilización sin políticas públicas activas de empleo y protección social, tiende a redistribuir riesgo hacia los trabajadores y a fragmentar aún más el mercado laboral.
La discusión actual repite dos problemas clásicos: primero, presentar la reducción de regulaciones como la panacea para la informalidad, sin explicar por qué en décadas anteriores esa misma lógica no logró formalizar estructuras productivas; y en segundo lugar, ignorar que los incentivos a la formalidad requieren no sólo menores costos para empleadores sino también beneficios reales para los trabajadores (salarios, salud, jubilación) y fiscalidad que financie esas garantías.
La informalidad y el empleo precario que las políticas neoliberales causaron pero, también, los doce años de kirchnerismo no supieron poner en caja, no se corrigen únicamente con cambios en la letra laboral si no hay políticas tributarias, control del mercado de trabajo y programas de reconversión productiva que acompañen.
La experiencia empírica reciente es un aviso. Por ejemplo, entre 2024 y 2025 hubo movimientos contradictorios de las variables económicas: por un lado, baja de la inflación y cierta mejora en algunos indicadores sociales, como la “caída” de la tasa de pobreza que Milei presenta como un milagro y se explica más en la técnica utilizada para medirla que por una baja real de la cantidad de hogares o personas pobres; por otro, un aumento sostenido de la informalidad, lo que sugiere que la pobreza o la recuperación no siempre van de la mano con la mejora en la calidad del empleo.
Cualquier cambio que sólo priorice la reducción del costo laboral pueden generar empleo medido en números, pero no necesariamente dignidad laboral ni bases sostenibles para el crecimiento con inclusión.
Un punto político y social central es la debilidad institucional en el diseño y en la implementación. Reformas impulsadas desde un fuerte componente ideológico y con escaso diálogo social (sindicatos, sectores productivos, academia) aumentan la probabilidad de efectos no deseados, como los litigios, la contención fragmentaria por parte del Estado y una mayor segmentación laboral entre quienes mantienen empleos formales con protección y quienes quedan relegados a esquemas informales.
La evidencia internacional muestra que los países que combinan flexibilidad con redes de protección y formación tienen mejores resultados de empleo de calidad.
¿Conclusión crítica?: la reforma laboral tal como se la anuncia corre el riesgo de reproducir errores pasados si su horizonte se limita a facilitar el despido, abaratar costos empresarios o flexibilizar indemnizaciones sin contrapartidas fuertes para la formalización, la capacitación laboral y la reconstrucción de un tejido sindical y de negociación colectiva efectivo.
Para que una reforma laboral mejore la vida de la mayoría debería incluir un paquete integral de incentivos a la formalización condicionados a derechos; fiscalidad progresiva para sostener la seguridad social; programas de reconversión productiva; y mecanismos reales de diálogo social. De lo contrario, la informalidad y precariedad ya alarmantes, no harán más que profundizarse.
La delgada letra fina
El viernes, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, fue el primero en ser recibido por las dos nuevas figuras políticas del Gabinete de Milei: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Más allá de la foto amable, lo que la Casa Rosada quería dejar en claro es que tras su éxito electoral había comenzado el raid formal de negociaciones con los gobernadores para avanzar en lo que al Gobierno más le interesa en el corto plazo: sacar el Presupuesto 2026 y conseguir adhesiones suficientes para avanzar en las reformas laboral y tributaria.
Torres fue el único en hablar al salir del encuentro en la Rosada: “La preocupación nuestra era si se iba a sostener el acuerdo para la eliminación de las retenciones petroleras y nos vamos con la tranquilidad de que no solo está vigente, sino que en breve se va a firmar el decreto”, se entusiasmó el chubutense, quien explicó que el entendimiento entre Nación, provincias y operadoras petroleras —que contempla la baja de regalías, la reinversión del ahorro fiscal y un acuerdo de competitividad con los gremios— “va a ser muy bueno para la Argentina, porque necesita producir más crudo pesado”.
Torres destacó la “vocación de diálogo” del nuevo ministro el Interior -“tengo relación con el Colo hace varios años, es una persona de consensos”, dijo, y se mostró favorable a avanzar con un “Presupuesto federal que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo” y también de acuerdo con una reforma laboral, “porque tenemos 50% del empleo no registrado y hay que blanquear trabajos garantizando derechos adquiridos”.
Pero puso un pequeño freno al aclarar que antes de avanzar “hay que conocer la letra fina de las reformas laboral y tributaria”. ¿Habrá negociación posible con las provincias para discutir esa letra fina o La Libertad Avanza impondrá condiciones? La soberbia que insufla un resultado electoral favorable parece indicar que ni Milei ni el poder económico que lo sostiene están dispuestos a negociar nada. Ni siquiera la letra fina.
Modelo laboral recesivo
Las centrales obreras se empiezan a reorganizar y los sindicatos de todas las ramas se preparan para una batalla que se advierte de antemano que será durísima. Muchos presienten que el escenario actual es el peor que podrían enfrentar en toda su historia.
Algunas organizaciones importantes, como el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, ya empezaron a marcar la cancha. En una reunión realizada hace pocos días en Río Gallegos, el gremio que lidera Héctor González emitió un duro comunicado que es la continuidad de uno anterior divulgado en la previa de las elecciones, en la que se llamó a “votar en defensa propia”.
Los dirigentes lucifuercistas coincidieron en que se está ante un ataque directo a derechos históricos con el único fin de reinstalar un modelo laboral regresivo. Además, advirtieron que algunas empresas del sector ya intentan modificar condiciones amparándose en un proyecto que aún no fue aprobado ni se le conoce la letra.
En definitiva, esta reforma laboral que se pretende instaurar no es una modernización sino una restauración: busca devolver al trabajador a una época en la que la precariedad era norma y el poder empresarial no tenía límites.
Bajo el disfraz de la “flexibilidad” se esconde la fragilidad, y detrás del discurso de la “libertad” se consagra la desigualdad. Si el futuro del trabajo implica menos protección y más incertidumbre, pues entonces no están tratando de construir un país más libre, sino uno más frágil.
La reforma laboral que el Gobierno libertario intenta imponer con discusiones de baja intensidad no puede leerse como un ajuste técnico aislado: es una maniobra de poder simbólico y material que, en nombre de la “flexibilización” y la atracción de inversión, vuelve a apostar por una lógica que históricamente agravó la precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo argentino.
En el corto plazo, la “reforma” promete dinamizar el empleo pero no es otra cosa que un recorte de derechos adquiridos durante décadas que ahora se intenta hacer aparecer como privilegios que causaron la debacle del mercado del trabajo. Pero en el mediano plazo, lo que se corre es el riesgo de consolidar empleos de baja calidad, empujar a más trabajadores fuera del marco formal y debilitar la capacidad colectiva de negociación.
Los números muestran la magnitud del problema que la reforma dice querer resolver. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la informalidad laboral alcanzó 43,2% en el segundo trimestre de 2025 —es decir, casi 4 de cada 10 trabajadores operan fuera del amparo legal y de seguridad social— mientras que la tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% ese mismo trimestre.
Es imposible evaluar una reforma sin este diagnóstico: cualquier cambio normativo que reduzca costos empresariales sin medidas complementarias de formalización podría, de hecho, aumentar esa cifra.
Históricamente, Argentina ya transitó senderos parecidos. Desde principios de los años 90 con la Ley Nacional de Empleo (1991) y medidas sucesivas, se impulsó una liberalización que introdujo modalidades de contratación temporales y mayor flexibilidad, configurando un proceso criticado por igual desde la academia hasta los sindicatos por su tendencia a producir “contratos basura” y mayor precarización.
Los estudios sobre esas reformas muestran que una flexibilización sin políticas públicas activas de empleo y protección social, tiende a redistribuir riesgo hacia los trabajadores y a fragmentar aún más el mercado laboral.
La discusión actual repite dos problemas clásicos: primero, presentar la reducción de regulaciones como la panacea para la informalidad, sin explicar por qué en décadas anteriores esa misma lógica no logró formalizar estructuras productivas; y en segundo lugar, ignorar que los incentivos a la formalidad requieren no sólo menores costos para empleadores sino también beneficios reales para los trabajadores (salarios, salud, jubilación) y fiscalidad que financie esas garantías.
La informalidad y el empleo precario que las políticas neoliberales causaron pero, también, los doce años de kirchnerismo no supieron poner en caja, no se corrigen únicamente con cambios en la letra laboral si no hay políticas tributarias, control del mercado de trabajo y programas de reconversión productiva que acompañen.
La experiencia empírica reciente es un aviso. Por ejemplo, entre 2024 y 2025 hubo movimientos contradictorios de las variables económicas: por un lado, baja de la inflación y cierta mejora en algunos indicadores sociales, como la “caída” de la tasa de pobreza que Milei presenta como un milagro y se explica más en la técnica utilizada para medirla que por una baja real de la cantidad de hogares o personas pobres; por otro, un aumento sostenido de la informalidad, lo que sugiere que la pobreza o la recuperación no siempre van de la mano con la mejora en la calidad del empleo.
Cualquier cambio que sólo priorice la reducción del costo laboral pueden generar empleo medido en números, pero no necesariamente dignidad laboral ni bases sostenibles para el crecimiento con inclusión.
Un punto político y social central es la debilidad institucional en el diseño y en la implementación. Reformas impulsadas desde un fuerte componente ideológico y con escaso diálogo social (sindicatos, sectores productivos, academia) aumentan la probabilidad de efectos no deseados, como los litigios, la contención fragmentaria por parte del Estado y una mayor segmentación laboral entre quienes mantienen empleos formales con protección y quienes quedan relegados a esquemas informales.
La evidencia internacional muestra que los países que combinan flexibilidad con redes de protección y formación tienen mejores resultados de empleo de calidad.
¿Conclusión crítica?: la reforma laboral tal como se la anuncia corre el riesgo de reproducir errores pasados si su horizonte se limita a facilitar el despido, abaratar costos empresarios o flexibilizar indemnizaciones sin contrapartidas fuertes para la formalización, la capacitación laboral y la reconstrucción de un tejido sindical y de negociación colectiva efectivo.
Para que una reforma laboral mejore la vida de la mayoría debería incluir un paquete integral de incentivos a la formalización condicionados a derechos; fiscalidad progresiva para sostener la seguridad social; programas de reconversión productiva; y mecanismos reales de diálogo social. De lo contrario, la informalidad y precariedad ya alarmantes, no harán más que profundizarse.
La delgada letra fina
El viernes, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, fue el primero en ser recibido por las dos nuevas figuras políticas del Gabinete de Milei: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Más allá de la foto amable, lo que la Casa Rosada quería dejar en claro es que tras su éxito electoral había comenzado el raid formal de negociaciones con los gobernadores para avanzar en lo que al Gobierno más le interesa en el corto plazo: sacar el Presupuesto 2026 y conseguir adhesiones suficientes para avanzar en las reformas laboral y tributaria.
Torres fue el único en hablar al salir del encuentro en la Rosada: “La preocupación nuestra era si se iba a sostener el acuerdo para la eliminación de las retenciones petroleras y nos vamos con la tranquilidad de que no solo está vigente, sino que en breve se va a firmar el decreto”, se entusiasmó el chubutense, quien explicó que el entendimiento entre Nación, provincias y operadoras petroleras —que contempla la baja de regalías, la reinversión del ahorro fiscal y un acuerdo de competitividad con los gremios— “va a ser muy bueno para la Argentina, porque necesita producir más crudo pesado”.
Torres destacó la “vocación de diálogo” del nuevo ministro el Interior -“tengo relación con el Colo hace varios años, es una persona de consensos”, dijo, y se mostró favorable a avanzar con un “Presupuesto federal que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo” y también de acuerdo con una reforma laboral, “porque tenemos 50% del empleo no registrado y hay que blanquear trabajos garantizando derechos adquiridos”.
Pero puso un pequeño freno al aclarar que antes de avanzar “hay que conocer la letra fina de las reformas laboral y tributaria”. ¿Habrá negociación posible con las provincias para discutir esa letra fina o La Libertad Avanza impondrá condiciones? La soberbia que insufla un resultado electoral favorable parece indicar que ni Milei ni el poder económico que lo sostiene están dispuestos a negociar nada. Ni siquiera la letra fina.
Modelo laboral recesivo
Las centrales obreras se empiezan a reorganizar y los sindicatos de todas las ramas se preparan para una batalla que se advierte de antemano que será durísima. Muchos presienten que el escenario actual es el peor que podrían enfrentar en toda su historia.
Algunas organizaciones importantes, como el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, ya empezaron a marcar la cancha. En una reunión realizada hace pocos días en Río Gallegos, el gremio que lidera Héctor González emitió un duro comunicado que es la continuidad de uno anterior divulgado en la previa de las elecciones, en la que se llamó a “votar en defensa propia”.
Los dirigentes lucifuercistas coincidieron en que se está ante un ataque directo a derechos históricos con el único fin de reinstalar un modelo laboral regresivo. Además, advirtieron que algunas empresas del sector ya intentan modificar condiciones amparándose en un proyecto que aún no fue aprobado ni se le conoce la letra.
En definitiva, esta reforma laboral que se pretende instaurar no es una modernización sino una restauración: busca devolver al trabajador a una época en la que la precariedad era norma y el poder empresarial no tenía límites.
Bajo el disfraz de la “flexibilidad” se esconde la fragilidad, y detrás del discurso de la “libertad” se consagra la desigualdad. Si el futuro del trabajo implica menos protección y más incertidumbre, pues entonces no están tratando de construir un país más libre, sino uno más frágil.