A pocos días de una elección clave, en medio del tembladeral financiero y de una crisis política galopante, Javier Milei ya piensa en sus próximas víctimas: los derechos de los trabajadores.
Con pocas chances de ganar el próximo domingo a nivel nacional, con el salvavidas de plomo que le puso Donald Trump sobre su cuello (“si no gana Milei, no habrá ayuda para Argentina”) y con un discurso fuera de la realidad, el Presidente sólo aspira a conseguir un tercio del Parlamento para poder desde allí avanzar con las “reformas”, que es la manera elegante que siempre utilizaron los liberales (ahora sitiados por una expresión más salvaje, como son los libertarios) para describir a la destrucción de derechos, sobre todo los laborales.
El sueño húmedo empresario
Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, el que reinstaló el tema de la reforma laboral apenas regresó de Washington, tras la visita a su amigo Scott Bessent, el secretario del Tesoro que dio las directivas de lo que deben hacer Milei y sus secuaces para intentar seguir teniendo el control y se convirtió en el nuevo ministro de Economía de la Argentina de hecho. Y también de prepo.
En un mensaje grabado a los empresarios en el marco del tradicional encuentro anual de la casta económica local, más conocido como Coloquio de IDEA, “Toto” les agradeció el acompañamiento al Gobierno durante los primeros veintiún meses de gestión y defendió el rumbo económico, si es que lo hubiera.
El libreto de Caputo estuvo lleno de argumentos falsos que a él le gusta repetir hasta el cansancio y a los empresarios escuchar fingiendo demencia: “Argentina dejó atrás un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria que provocaba la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”, aseguró el ministro.
Trascartón, vino lo mejor, al menos para el colmado auditorio: después de octubre comienza una segunda etapa de “reformas estructurales” centradas en los ámbitos laboral y tributario. “La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes —los empresarios— son los primeros en padecer. Necesitamos un régimen laboral más ágil”, sostuvo “Toto”, en cuyo diccionario la palabra “ágil” es sinónimo de “sin derechos”.
Horas después de estas apreciaciones del ministro, el sitio “Chequeado”, dedicado al chequeo del discurso público, presentó un informe sobre las verdades y mentiras de los argumentos comúnmente utilizados para justificar una reforma laboral. El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, aseguró que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”. Primera mentira desbaratada.
Y agregó Campos: “La enorme mayoría de los reclamos laborales son sencillos y se evitarían si los empleadores cumplieran con la ley”. Señaló que “el problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores, como el tipo de cambio, la infraestructura deficiente, el mercado interno cada vez más pequeño, etcétera”. Y completó: “Al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”.
La existencia de una presunta “industria del juicio” que siempre se utiliza como primer argumento para atacar los derechos laborales, que no discrimina los reclamos legítimos por incumplimientos patronales de los negocios de algunos estudios de abogados, vendría a ser una especie de “varones unidos” que justifican las atrocidades y femicidios contra las mujeres sólo porque en algunos casos muy minoritarios la Justicia detecta denuncias falsas contra hombres.
La Libertad Avanza, el empleo retrocede
Para coronar la avanzada contra los derechos laborales, en los últimos días se conocieron los datos de empleo registrado en el mes de julio, la última información oficial. Por segundo mes consecutivo hubo una fuerte caída y advierten que agosto vendrá con peores números.
Los datos son oficiales y surgen del último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Contra noviembre de 2023 -último mes de la gestión de Alberto Fernández-, en la “era Milei” ya perdieron su empleo un total de 205.456 trabajadores registrados (en blanco). Unos 127.000 eran empleados asalariados privados; casi 57.900 empleados públicos; y otras 20.600 trabajaban en casas particulares.
En lo que va de la gestión libertaria, el empleo solo creció en tres provincias: Neuquén (3,6%), Mendoza (2,5%) y Tucumán (0,8%), mientras que apenas se mantuvo estable en Río Negro. Pero cayó en todo el resto: las peores, Santa Cruz (-14,7%) y La Rioja (-10,8%). Chubut estuvo entre las seis más impactadas por la destrucción del empleo, con una caída 6,6%.
De este modo, en el séptimo mes del año se registraron 10.096.200 empleos asalariados, la cifra más acotada desde octubre de 2022. En el sector privado, que es el segmento que dice defender el Gobierno, el número fue el mínimo desde agosto del año pasado.
Dato mata relato.
Convenios a la baja
El grave panorama laboral se completa con más datos negativos: entre 2017 y 2025, el salario real promedio de los convenios de trabajo se contrajo un 20%. También el promedio de los salarios efectivos abonados por los empleadores, medido a valores constantes, se redujo a partir de 2018, pero en menor medida (-10%) por los aumentos “fuera de convenio” que recibieron los empleados de sueldos más altos, escribió el periodista Ismael Bermúdez en Clarín.
Por si no se entiende, aumentó la desigualdad salarial. Esta diferencia entre los salarios efectivos y los de convenio se explica porque los trabajadores de los sueldos más bajos presentan incrementos salariales en línea con lo acordado en las paritarias, pero significativamente inferiores a la suba de los salarios de los trabajadores de los deciles más altos.
Así, la desigualdad salarial en el empleo formal creció un 8% entre 2017 y 2025 porque las remuneraciones de los trabajadores de sueldos más altos (ubicados en los deciles octavo, noveno y décimo de la estructura salarial) crecieron sustancialmente por encima de las remuneraciones del resto de los trabajadores, asegura el Informe publicado por Clarín.
Como corolario, se advierte una reducción del poder adquisitivo de los salarios acordados en los principales convenios colectivos. A partir de 2018, los valores salariales reales definidos en paritarias configuran una dinámica claramente contractiva que se replica en casi todos los años desde 2018.
A su vez, una porción creciente de personas se incorpora al trabajo registrado privado en modalidades independientes, en su mayoría bajo el régimen del monotributo. Por ejemplo, entre enero y julio de 2025, mientras que el empleo asalariado registrado se contrajo un 0,2%, el monotributista creció un 3,5%.
La flexibilización laboral ya comenzó de hecho. Ahora la pretenden imponer por derecho y con apoyo parlamentario propio y ajeno. También esto debería ponerse en la balanza el próximo domingo cuando los ciudadanos introduzcan su voto en la urna.
A pocos días de una elección clave, en medio del tembladeral financiero y de una crisis política galopante, Javier Milei ya piensa en sus próximas víctimas: los derechos de los trabajadores.
Con pocas chances de ganar el próximo domingo a nivel nacional, con el salvavidas de plomo que le puso Donald Trump sobre su cuello (“si no gana Milei, no habrá ayuda para Argentina”) y con un discurso fuera de la realidad, el Presidente sólo aspira a conseguir un tercio del Parlamento para poder desde allí avanzar con las “reformas”, que es la manera elegante que siempre utilizaron los liberales (ahora sitiados por una expresión más salvaje, como son los libertarios) para describir a la destrucción de derechos, sobre todo los laborales.
El sueño húmedo empresario
Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, el que reinstaló el tema de la reforma laboral apenas regresó de Washington, tras la visita a su amigo Scott Bessent, el secretario del Tesoro que dio las directivas de lo que deben hacer Milei y sus secuaces para intentar seguir teniendo el control y se convirtió en el nuevo ministro de Economía de la Argentina de hecho. Y también de prepo.
En un mensaje grabado a los empresarios en el marco del tradicional encuentro anual de la casta económica local, más conocido como Coloquio de IDEA, “Toto” les agradeció el acompañamiento al Gobierno durante los primeros veintiún meses de gestión y defendió el rumbo económico, si es que lo hubiera.
El libreto de Caputo estuvo lleno de argumentos falsos que a él le gusta repetir hasta el cansancio y a los empresarios escuchar fingiendo demencia: “Argentina dejó atrás un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria que provocaba la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”, aseguró el ministro.
Trascartón, vino lo mejor, al menos para el colmado auditorio: después de octubre comienza una segunda etapa de “reformas estructurales” centradas en los ámbitos laboral y tributario. “La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes —los empresarios— son los primeros en padecer. Necesitamos un régimen laboral más ágil”, sostuvo “Toto”, en cuyo diccionario la palabra “ágil” es sinónimo de “sin derechos”.
Horas después de estas apreciaciones del ministro, el sitio “Chequeado”, dedicado al chequeo del discurso público, presentó un informe sobre las verdades y mentiras de los argumentos comúnmente utilizados para justificar una reforma laboral. El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, aseguró que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”. Primera mentira desbaratada.
Y agregó Campos: “La enorme mayoría de los reclamos laborales son sencillos y se evitarían si los empleadores cumplieran con la ley”. Señaló que “el problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores, como el tipo de cambio, la infraestructura deficiente, el mercado interno cada vez más pequeño, etcétera”. Y completó: “Al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”.
La existencia de una presunta “industria del juicio” que siempre se utiliza como primer argumento para atacar los derechos laborales, que no discrimina los reclamos legítimos por incumplimientos patronales de los negocios de algunos estudios de abogados, vendría a ser una especie de “varones unidos” que justifican las atrocidades y femicidios contra las mujeres sólo porque en algunos casos muy minoritarios la Justicia detecta denuncias falsas contra hombres.
La Libertad Avanza, el empleo retrocede
Para coronar la avanzada contra los derechos laborales, en los últimos días se conocieron los datos de empleo registrado en el mes de julio, la última información oficial. Por segundo mes consecutivo hubo una fuerte caída y advierten que agosto vendrá con peores números.
Los datos son oficiales y surgen del último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Contra noviembre de 2023 -último mes de la gestión de Alberto Fernández-, en la “era Milei” ya perdieron su empleo un total de 205.456 trabajadores registrados (en blanco). Unos 127.000 eran empleados asalariados privados; casi 57.900 empleados públicos; y otras 20.600 trabajaban en casas particulares.
En lo que va de la gestión libertaria, el empleo solo creció en tres provincias: Neuquén (3,6%), Mendoza (2,5%) y Tucumán (0,8%), mientras que apenas se mantuvo estable en Río Negro. Pero cayó en todo el resto: las peores, Santa Cruz (-14,7%) y La Rioja (-10,8%). Chubut estuvo entre las seis más impactadas por la destrucción del empleo, con una caída 6,6%.
De este modo, en el séptimo mes del año se registraron 10.096.200 empleos asalariados, la cifra más acotada desde octubre de 2022. En el sector privado, que es el segmento que dice defender el Gobierno, el número fue el mínimo desde agosto del año pasado.
Dato mata relato.
Convenios a la baja
El grave panorama laboral se completa con más datos negativos: entre 2017 y 2025, el salario real promedio de los convenios de trabajo se contrajo un 20%. También el promedio de los salarios efectivos abonados por los empleadores, medido a valores constantes, se redujo a partir de 2018, pero en menor medida (-10%) por los aumentos “fuera de convenio” que recibieron los empleados de sueldos más altos, escribió el periodista Ismael Bermúdez en Clarín.
Por si no se entiende, aumentó la desigualdad salarial. Esta diferencia entre los salarios efectivos y los de convenio se explica porque los trabajadores de los sueldos más bajos presentan incrementos salariales en línea con lo acordado en las paritarias, pero significativamente inferiores a la suba de los salarios de los trabajadores de los deciles más altos.
Así, la desigualdad salarial en el empleo formal creció un 8% entre 2017 y 2025 porque las remuneraciones de los trabajadores de sueldos más altos (ubicados en los deciles octavo, noveno y décimo de la estructura salarial) crecieron sustancialmente por encima de las remuneraciones del resto de los trabajadores, asegura el Informe publicado por Clarín.
Como corolario, se advierte una reducción del poder adquisitivo de los salarios acordados en los principales convenios colectivos. A partir de 2018, los valores salariales reales definidos en paritarias configuran una dinámica claramente contractiva que se replica en casi todos los años desde 2018.
A su vez, una porción creciente de personas se incorpora al trabajo registrado privado en modalidades independientes, en su mayoría bajo el régimen del monotributo. Por ejemplo, entre enero y julio de 2025, mientras que el empleo asalariado registrado se contrajo un 0,2%, el monotributista creció un 3,5%.
La flexibilización laboral ya comenzó de hecho. Ahora la pretenden imponer por derecho y con apoyo parlamentario propio y ajeno. También esto debería ponerse en la balanza el próximo domingo cuando los ciudadanos introduzcan su voto en la urna.