
La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar hacia una modificación de los derechos de exportación sobre el crudo convencional representa, sin dudas, una bocanada de oxígeno para las cuencas maduras y para una provincia como Chubut cuyo tejido económico y social sigue dependiendo en gran medida del petróleo.
Con retenciones que hoy alcanzan el 8%, la carga fiscal venía estrangulando la rentabilidad y desalojando inversiones, especialmente frente al imán que significa Vaca Muerta para las petroleras.
La medida, que se formalizará a partir del acta firmada entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador Nacho Torres; y Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), busca revertir ese deterioro y estimular la producción convencional, una actividad que sostiene empleo, actividad regional y una cadena productiva que aún es vital a pesar de los golpes mortales que viene recibiendo.
Aunque todas las partes hablaron entusiasmados de la “eliminación” de las retenciones, en el paper firmado nunca se utiliza ese término, sino de “modificar” el actual esquema. Parece un detalle, pero habría que seguir ese tema para no quedar entrampados con un Gobierno nacional que suele incumplir sus promesas.

El impacto estimado de U$$ 370 millones que la Provincia proyecta reinvertir, abre un horizonte alentador: más perforación, reactivación de equipos torre, recuperación de pozos inactivos y nuevas tecnologías para prolongar la vida útil de los yacimientos maduros. Es una señal de que la actividad tradicional todavía tiene margen y de que hay voluntad política y empresarial para sostenerla.
Sin embargo, detrás de los anuncios también aparecen interrogantes que no conviene pasar por alto. La modificación efectiva de las retenciones está condicionada a que Chubut avance en el plazo de 60 días con un paquete de medidas cuya definición aún es difusa: regalías diferenciales, reducciones impositivas y nuevos incentivos cuya estructura final no se conoce.
Y si bien las petroleras se comprometen a reinvertir “el 100% del ahorro fiscal” en producción, el acuerdo no establece un mecanismo claro de control público más allá de la supervisión provincial, que históricamente ha mostrado ciertas debilidades frente al poder de las operadoras.
Lo que tampoco se puede soslayar es el componente político que tiene el acuerdo, visible desde el mismo momento en que llegaron para acompañar la reunión de la firma funcionarios claves del Gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Todos posaron sonrientes tras la rúbrica.

De alguna, manera, el acuerdo también se traduce en un compromiso explícito del gobernador Torres de apoyar reformas nacionales que considere necesarias, y tampoco hay que descartar que la quita de retenciones sea una moneda de negociación en la agitada agenda legislativa que se avecina.
La pregunta que se impone es si la defensa de la actividad petrolera en Chubut se convierte sólo en una pieza de cambio dentro de un tablero más amplio, o si realmente inaugurará un modelo sostenible de desarrollo para la región.
Chubut enfrenta una encrucijada. La eliminación de retenciones es una oportunidad para ganar competitividad y frenar la pérdida de puestos de trabajo. Pero será insuficiente si no se complementa con planificación a largo plazo, reglas estables y una estrategia que mire más allá de los próximos seis meses. La Provincia no puede permitirse ser rehén de acuerdos coyunturales ni de anuncios que se diluyen con el tiempo.
El desafío no es solamente remover impuestos: es garantizar que la renta petrolera se transforme en inversión real, empleo genuino y futuro productivo. El acuerdo abre una puerta. Lo que falta saber es si detrás hay un camino sólido o sólo una nueva promesa con fecha de vencimiento.

Maduras, no agotadas
Las cuencas maduras del Golfo San Jorge atraviesan un momento decisivo. Durante más de un siglo fueron el corazón energético de la Patagonia -y de la Argentina-, sosteniendo economías regionales, infraestructura, empleo y un sentido de identidad ligado al petróleo.
Pero hoy sus yacimientos envejecidos, con pozos que declinan año tras año y costos de operación cada vez más altos, enfrentan una competencia feroz frente al magnetismo tecnológico y económico de Vaca Muerta.
La discusión sobre incentivos fiscales, eliminación de retenciones y mejora de esquemas de regalías no es sólo un debate técnico.
Es, en esencia, la disputa por el futuro. Sin estímulos claros y sostenibles, producir en una cuenca madura se vuelve una batalla cuesta arriba. Y sin producción, lo que está en juego no es sólo un número en las estadísticas energéticas, sino el destino laboral de miles de trabajadores, el funcionamiento de cientos de pymes proveedoras y el presente de comunidades como Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, y tantas otras que viven del reparto de las regalías, que vienen cayendo de manera alarmante.
Las cuencas maduras necesitan planificación, control y un compromiso real, medible y transparente. Reabrir pozos inactivos, aplicar técnicas de recuperación secundaria o terciaria, reactivar torres y perforadoras requiere mucho más que titulares optimistas.
Exige reglas estables y un modelo de desarrollo que no se desarme ante el primer cambio político.

La pregunta de fondo es simple y compleja a la vez: ¿hay una estrategia que mire más allá del corto plazo? ¿O estamos frente a una sucesión de parches que postergan lo inevitable? Porque si el destino es la caída silenciosa, el final no sólo será económico sino social, demográfico y cultural.
Las cuencas maduras merecen una política de Estado, no un salvataje transitorio, ni una negociación táctica, ni anuncios condicionado a acuerdos legislativos.
La Argentina se construyó sobre la energía de Chubut y el resto de la Patagonia. Lo que está en juego hoy es si esa energía tendrá todavía futuro o si quedará sepultada bajo una capa de promesas que se esfuman con el tiempo.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar hacia una modificación de los derechos de exportación sobre el crudo convencional representa, sin dudas, una bocanada de oxígeno para las cuencas maduras y para una provincia como Chubut cuyo tejido económico y social sigue dependiendo en gran medida del petróleo.
Con retenciones que hoy alcanzan el 8%, la carga fiscal venía estrangulando la rentabilidad y desalojando inversiones, especialmente frente al imán que significa Vaca Muerta para las petroleras.
La medida, que se formalizará a partir del acta firmada entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador Nacho Torres; y Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), busca revertir ese deterioro y estimular la producción convencional, una actividad que sostiene empleo, actividad regional y una cadena productiva que aún es vital a pesar de los golpes mortales que viene recibiendo.
Aunque todas las partes hablaron entusiasmados de la “eliminación” de las retenciones, en el paper firmado nunca se utiliza ese término, sino de “modificar” el actual esquema. Parece un detalle, pero habría que seguir ese tema para no quedar entrampados con un Gobierno nacional que suele incumplir sus promesas.

El impacto estimado de U$$ 370 millones que la Provincia proyecta reinvertir, abre un horizonte alentador: más perforación, reactivación de equipos torre, recuperación de pozos inactivos y nuevas tecnologías para prolongar la vida útil de los yacimientos maduros. Es una señal de que la actividad tradicional todavía tiene margen y de que hay voluntad política y empresarial para sostenerla.
Sin embargo, detrás de los anuncios también aparecen interrogantes que no conviene pasar por alto. La modificación efectiva de las retenciones está condicionada a que Chubut avance en el plazo de 60 días con un paquete de medidas cuya definición aún es difusa: regalías diferenciales, reducciones impositivas y nuevos incentivos cuya estructura final no se conoce.
Y si bien las petroleras se comprometen a reinvertir “el 100% del ahorro fiscal” en producción, el acuerdo no establece un mecanismo claro de control público más allá de la supervisión provincial, que históricamente ha mostrado ciertas debilidades frente al poder de las operadoras.
Lo que tampoco se puede soslayar es el componente político que tiene el acuerdo, visible desde el mismo momento en que llegaron para acompañar la reunión de la firma funcionarios claves del Gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Todos posaron sonrientes tras la rúbrica.

De alguna, manera, el acuerdo también se traduce en un compromiso explícito del gobernador Torres de apoyar reformas nacionales que considere necesarias, y tampoco hay que descartar que la quita de retenciones sea una moneda de negociación en la agitada agenda legislativa que se avecina.
La pregunta que se impone es si la defensa de la actividad petrolera en Chubut se convierte sólo en una pieza de cambio dentro de un tablero más amplio, o si realmente inaugurará un modelo sostenible de desarrollo para la región.
Chubut enfrenta una encrucijada. La eliminación de retenciones es una oportunidad para ganar competitividad y frenar la pérdida de puestos de trabajo. Pero será insuficiente si no se complementa con planificación a largo plazo, reglas estables y una estrategia que mire más allá de los próximos seis meses. La Provincia no puede permitirse ser rehén de acuerdos coyunturales ni de anuncios que se diluyen con el tiempo.
El desafío no es solamente remover impuestos: es garantizar que la renta petrolera se transforme en inversión real, empleo genuino y futuro productivo. El acuerdo abre una puerta. Lo que falta saber es si detrás hay un camino sólido o sólo una nueva promesa con fecha de vencimiento.

Maduras, no agotadas
Las cuencas maduras del Golfo San Jorge atraviesan un momento decisivo. Durante más de un siglo fueron el corazón energético de la Patagonia -y de la Argentina-, sosteniendo economías regionales, infraestructura, empleo y un sentido de identidad ligado al petróleo.
Pero hoy sus yacimientos envejecidos, con pozos que declinan año tras año y costos de operación cada vez más altos, enfrentan una competencia feroz frente al magnetismo tecnológico y económico de Vaca Muerta.
La discusión sobre incentivos fiscales, eliminación de retenciones y mejora de esquemas de regalías no es sólo un debate técnico.
Es, en esencia, la disputa por el futuro. Sin estímulos claros y sostenibles, producir en una cuenca madura se vuelve una batalla cuesta arriba. Y sin producción, lo que está en juego no es sólo un número en las estadísticas energéticas, sino el destino laboral de miles de trabajadores, el funcionamiento de cientos de pymes proveedoras y el presente de comunidades como Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, y tantas otras que viven del reparto de las regalías, que vienen cayendo de manera alarmante.
Las cuencas maduras necesitan planificación, control y un compromiso real, medible y transparente. Reabrir pozos inactivos, aplicar técnicas de recuperación secundaria o terciaria, reactivar torres y perforadoras requiere mucho más que titulares optimistas.
Exige reglas estables y un modelo de desarrollo que no se desarme ante el primer cambio político.

La pregunta de fondo es simple y compleja a la vez: ¿hay una estrategia que mire más allá del corto plazo? ¿O estamos frente a una sucesión de parches que postergan lo inevitable? Porque si el destino es la caída silenciosa, el final no sólo será económico sino social, demográfico y cultural.
Las cuencas maduras merecen una política de Estado, no un salvataje transitorio, ni una negociación táctica, ni anuncios condicionado a acuerdos legislativos.
La Argentina se construyó sobre la energía de Chubut y el resto de la Patagonia. Lo que está en juego hoy es si esa energía tendrá todavía futuro o si quedará sepultada bajo una capa de promesas que se esfuman con el tiempo.