Editorial / La desprotección avanza
La "reforma" laboral de Milei avanza con apoyo tácito de gobernadores y guiños sindicales. Tendría media sanción en el Senado en diciembre. Y sanción definitiva en el verano en Diputados.
La reunión que esta semana que pasó sentó en la misma mesa a los gobernadores Nacho Torres, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir con el nuevo triunvirato de la CGT fue mucho más que un intercambio técnico: dejó en claro que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un frente político y sindical de alta sensibilidad.
Los tres gobernadores, que integran el espacio Provincias Unidas y conformaron un bloque en la nueva Cámara de Diputados de 22 legisladores -18 propios y otros cuatro de un interbloque aliado-, se sentaron con la cúpula de la central obrera y con los sindicatos más influyentes del país para analizar un proyecto cuyo impacto excede lo jurídico y amenaza reconfigurar la relación entre Estado, mercado y trabajadores.
Estos tres gobernadores, como casi todo el resto -salvo dos o tres excepciones, con Axel Kicillof entre ellos- no piensan convertirse en obstáculos para los deseos de Javier Milei. Menos, luego de que el Presidente protagonizara una vergonzosa puesta en escena en la jura de los 127 nuevos diputados, arengando a la tropa desde un balcón, que volvió a cantar desaforada -y sin ponerse colorados- “la casta tiene miedo”.
Detrás de su habitual show bizarro, los libertarios también terminaron advirtiendo al resto de la Cámara Baja que tomaron el control y ya no necesitan tantos aliados. Con 95 manos para sacar casi lo que se les antoje, casi ningún gobernador va a querer quedar en la línea de tiro.
Entonces, la reunión de Torres, Pullaro y Sadir con los triunviros de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo fue apenas un gesto de diálogo disonante con la Casa Rosada.
Por si fuera poco, la presencia en la reunión de tres “gordos” como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), terminó por bajarle la intensidad al encuentro. Si hay tres dirigentes cegetistas que mantienen lazos estrechos y amigables con la Casa Rosada son, justamente,Martínez, Rodríguez y Lingeri. Algunos se animan a pronosticar que, además, serán garantes de la reforma laboral libertaria.
Precarización moderna
La llamada “Ley de Modernización Laboral” llega envuelta en un discurso de eficiencia y flexibilización, pero su letra revela algo muy distinto: un intento sistemático por desarmar el andamiaje de derechos que la Argentina construyó durante décadas.
Bajo la promesa de un mercado más dinámico, el proyecto habilita una redefinición del trabajo que, lejos de actualizar derechos, instituye nuevas formas de precarización. No se trata de simples retoques técnicos: es una reingeniería profunda del contrato laboral, de las responsabilidades empresarias y, en última instancia, del propio rol del Estado como garante de equilibrio entre capital y trabajo.
Los cambios en la presunción de la relación laboral, en la solidaridad entre empresas, en la registración y en la intermediación apuntan en una sola dirección: liberar a los empleadores de cargas que históricamente evitaban abusos.
En el borrador de la reforma, pergeñado por Federico Sturzenegger pero escrito por Daniel Funes de Rioja, un capo de la UIA desde hace décadas y cabeza de uno de los estudios de abogados más cotizados de la “city”, circuló esta semana que pasó ya sin tapujos.
Un sobrevuelo por las 109 páginas del proyecto alcanza para activar todas las alarmas: si entre los dirigentes de la oposición, los gobernadores y los líderes sindicales no aparecen posiciones más firmes y muchos siguen mirando para el costado, arrasarán con todo.
Prioridades
Con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para iniciar el debate legislativo por la reforma laboral que será tratada durante los meses de verano.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será la encargada de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse el próximo jueves 11. Se tratará de una excepción que encarnará para instrumentar la voluntad del Poder Ejecutivo de sancionar la “modernización”.
La idea central es discutir y conquistar la media sanción de la Cámara Alta durante el mes de diciembre, por donde ingresará el proyecto, para concentrar las energías en concretar la media sanción restante en el mes de febrero en Diputados. “Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa”, reafirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.
Más clarito, echale agua.
Punto por punto
La nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores”, la exclusión de amplios sectores del régimen general y la flexibilización de modalidades como el tiempo parcial o el contrato eventual amplían la frontera de la tercerización, multiplicando los grises donde la dependencia existe pero ya no se reconoce como tal.
Se debilita la capacidad del trabajador para probar la relación laboral, se acotan responsabilidades solidarias y se abre la puerta a vínculos más frágiles y difíciles de reclamar.
La reforma también reconfigura la indemnización por despido, limitando su cálculo real, flexibilizando topes y habilitando fondos de cese administrados por privados, que convierten un derecho histórico en un mecanismo financiero sujeto al rendimiento de inversiones.
En nombre de la previsibilidad, se traslada casi todo el riesgo del empleador al trabajador. Y al mismo tiempo, se consagra un régimen de interpretación más amplio para los acuerdos individuales, un camino que siempre favorece la parte más fuerte.
Bajo la apariencia de modernización, muchos de estos artículos reducen garantías, debilitan la fiscalización estatal y facilitan la informalidad “de alto nivel”: aquella que se oculta dentro de estructuras legales nuevas, más laxas, diseñadas para encubrir relaciones de trabajo bajo fórmulas comerciales.
La reforma, en definitiva, no moderniza: retrocede. Sustituye derechos por incertidumbre, pone al trabajador en una posición más vulnerable frente al poder empresarial y concibe al empleo como una mercancía flexible, antes que como un derecho y una plataforma de dignidad.
Si la Argentina enfrenta problemas de productividad, informalidad o estancamiento, difícilmente los resuelva amputando protecciones históricas. Un país que baja sus estándares laborales para -presuntamente- competir, no moderniza su economía, la achica.
Lo que está en debate no es una ley más. Es un cambio de paradigma que decide si el futuro del trabajo será más justo o simplemente más barato.
La reunión que esta semana que pasó sentó en la misma mesa a los gobernadores Nacho Torres, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir con el nuevo triunvirato de la CGT fue mucho más que un intercambio técnico: dejó en claro que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un frente político y sindical de alta sensibilidad.
Los tres gobernadores, que integran el espacio Provincias Unidas y conformaron un bloque en la nueva Cámara de Diputados de 22 legisladores -18 propios y otros cuatro de un interbloque aliado-, se sentaron con la cúpula de la central obrera y con los sindicatos más influyentes del país para analizar un proyecto cuyo impacto excede lo jurídico y amenaza reconfigurar la relación entre Estado, mercado y trabajadores.
Estos tres gobernadores, como casi todo el resto -salvo dos o tres excepciones, con Axel Kicillof entre ellos- no piensan convertirse en obstáculos para los deseos de Javier Milei. Menos, luego de que el Presidente protagonizara una vergonzosa puesta en escena en la jura de los 127 nuevos diputados, arengando a la tropa desde un balcón, que volvió a cantar desaforada -y sin ponerse colorados- “la casta tiene miedo”.
Detrás de su habitual show bizarro, los libertarios también terminaron advirtiendo al resto de la Cámara Baja que tomaron el control y ya no necesitan tantos aliados. Con 95 manos para sacar casi lo que se les antoje, casi ningún gobernador va a querer quedar en la línea de tiro.
Entonces, la reunión de Torres, Pullaro y Sadir con los triunviros de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo fue apenas un gesto de diálogo disonante con la Casa Rosada.
Por si fuera poco, la presencia en la reunión de tres “gordos” como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), terminó por bajarle la intensidad al encuentro. Si hay tres dirigentes cegetistas que mantienen lazos estrechos y amigables con la Casa Rosada son, justamente,Martínez, Rodríguez y Lingeri. Algunos se animan a pronosticar que, además, serán garantes de la reforma laboral libertaria.
Precarización moderna
La llamada “Ley de Modernización Laboral” llega envuelta en un discurso de eficiencia y flexibilización, pero su letra revela algo muy distinto: un intento sistemático por desarmar el andamiaje de derechos que la Argentina construyó durante décadas.
Bajo la promesa de un mercado más dinámico, el proyecto habilita una redefinición del trabajo que, lejos de actualizar derechos, instituye nuevas formas de precarización. No se trata de simples retoques técnicos: es una reingeniería profunda del contrato laboral, de las responsabilidades empresarias y, en última instancia, del propio rol del Estado como garante de equilibrio entre capital y trabajo.
Los cambios en la presunción de la relación laboral, en la solidaridad entre empresas, en la registración y en la intermediación apuntan en una sola dirección: liberar a los empleadores de cargas que históricamente evitaban abusos.
En el borrador de la reforma, pergeñado por Federico Sturzenegger pero escrito por Daniel Funes de Rioja, un capo de la UIA desde hace décadas y cabeza de uno de los estudios de abogados más cotizados de la “city”, circuló esta semana que pasó ya sin tapujos.
Un sobrevuelo por las 109 páginas del proyecto alcanza para activar todas las alarmas: si entre los dirigentes de la oposición, los gobernadores y los líderes sindicales no aparecen posiciones más firmes y muchos siguen mirando para el costado, arrasarán con todo.
Prioridades
Con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para iniciar el debate legislativo por la reforma laboral que será tratada durante los meses de verano.
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, será la encargada de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse el próximo jueves 11. Se tratará de una excepción que encarnará para instrumentar la voluntad del Poder Ejecutivo de sancionar la “modernización”.
La idea central es discutir y conquistar la media sanción de la Cámara Alta durante el mes de diciembre, por donde ingresará el proyecto, para concentrar las energías en concretar la media sanción restante en el mes de febrero en Diputados. “Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa”, reafirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.
Más clarito, echale agua.
Punto por punto
La nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores”, la exclusión de amplios sectores del régimen general y la flexibilización de modalidades como el tiempo parcial o el contrato eventual amplían la frontera de la tercerización, multiplicando los grises donde la dependencia existe pero ya no se reconoce como tal.
Se debilita la capacidad del trabajador para probar la relación laboral, se acotan responsabilidades solidarias y se abre la puerta a vínculos más frágiles y difíciles de reclamar.
La reforma también reconfigura la indemnización por despido, limitando su cálculo real, flexibilizando topes y habilitando fondos de cese administrados por privados, que convierten un derecho histórico en un mecanismo financiero sujeto al rendimiento de inversiones.
En nombre de la previsibilidad, se traslada casi todo el riesgo del empleador al trabajador. Y al mismo tiempo, se consagra un régimen de interpretación más amplio para los acuerdos individuales, un camino que siempre favorece la parte más fuerte.
Bajo la apariencia de modernización, muchos de estos artículos reducen garantías, debilitan la fiscalización estatal y facilitan la informalidad “de alto nivel”: aquella que se oculta dentro de estructuras legales nuevas, más laxas, diseñadas para encubrir relaciones de trabajo bajo fórmulas comerciales.
La reforma, en definitiva, no moderniza: retrocede. Sustituye derechos por incertidumbre, pone al trabajador en una posición más vulnerable frente al poder empresarial y concibe al empleo como una mercancía flexible, antes que como un derecho y una plataforma de dignidad.
Si la Argentina enfrenta problemas de productividad, informalidad o estancamiento, difícilmente los resuelva amputando protecciones históricas. Un país que baja sus estándares laborales para -presuntamente- competir, no moderniza su economía, la achica.
Lo que está en debate no es una ley más. Es un cambio de paradigma que decide si el futuro del trabajo será más justo o simplemente más barato.