Se trata de Betania Bernal, quien relató que el allanamiento ocurrió en su domicilio de calle Rementería y que comenzó con un fuerte despliegue policial desde la madrugada. “El acoso empezó a las tres de la mañana. Llegaron con patrulleros, nos insultaban, nos amenazaban, fue muy brusco y violento”, aseguró. “Nos pegaron, nos apuntaron y hasta tiraron gas”.
Bernal denunció que durante el operativo hubo golpes, amenazas y uso de gas lacrimógeno, incluso en presencia de menores de edad. “Me tiraron al piso, me pusieron precintos, me pegaban y me decían que me calle o me iban a matar. A mis hijos también los golpearon”, afirmó.
Según su testimonio, los efectivos actuaron como si la familia estuviera involucrada en un hecho delictivo grave, pese a que —sostiene— no tenían ningún vínculo con las personas buscadas. “Nos trataban como delincuentes, pero sabían que esa casa no era de la familia que buscaban. Nosotros no tenemos nada que ver”, remarcó.
Tras el allanamiento, la vecina indicó que no se hallaron armas ni elementos vinculados a la causa, aunque sí se secuestraron celulares y se produjeron destrozos en la vivienda. “No encontraron nada, ni armas ni balas, pero rompieron todo: puertas, cerraduras, mercadería, todo lo que tengo para trabajar”, relató Bernal quien es trabajadora ambulante y que los daños afectan directamente su sustento diario.
La mujer se presentó en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y exigir responsabilidades tanto al personal policial como al juez que autorizó la medida. “Quiero que el juez dé la cara y que se hagan responsables por la violencia que sufrimos”, expresó.
Además, manifestó preocupación por la seguridad de sus hijos, tras recibir amenazas en redes sociales vinculadas a la confusión de apellidos. “¿Qué va a pasar si mañana le pasa algo a mis hijos? ¿Quién va a responder?”, cuestionó.
Bernal señaló que sus hijos, de entre 11 y 18 años, quedaron profundamente afectados por el procedimiento. “Los chicos tienen miedo, no quieren salir ni ir a la escuela. Fue un sufrimiento total”, concluyó. El caso quedó ahora bajo análisis judicial, mientras se investigan las circunstancias del operativo y las denuncias por presunto abuso policial.

Se trata de Betania Bernal, quien relató que el allanamiento ocurrió en su domicilio de calle Rementería y que comenzó con un fuerte despliegue policial desde la madrugada. “El acoso empezó a las tres de la mañana. Llegaron con patrulleros, nos insultaban, nos amenazaban, fue muy brusco y violento”, aseguró. “Nos pegaron, nos apuntaron y hasta tiraron gas”.
Bernal denunció que durante el operativo hubo golpes, amenazas y uso de gas lacrimógeno, incluso en presencia de menores de edad. “Me tiraron al piso, me pusieron precintos, me pegaban y me decían que me calle o me iban a matar. A mis hijos también los golpearon”, afirmó.
Según su testimonio, los efectivos actuaron como si la familia estuviera involucrada en un hecho delictivo grave, pese a que —sostiene— no tenían ningún vínculo con las personas buscadas. “Nos trataban como delincuentes, pero sabían que esa casa no era de la familia que buscaban. Nosotros no tenemos nada que ver”, remarcó.
Tras el allanamiento, la vecina indicó que no se hallaron armas ni elementos vinculados a la causa, aunque sí se secuestraron celulares y se produjeron destrozos en la vivienda. “No encontraron nada, ni armas ni balas, pero rompieron todo: puertas, cerraduras, mercadería, todo lo que tengo para trabajar”, relató Bernal quien es trabajadora ambulante y que los daños afectan directamente su sustento diario.
La mujer se presentó en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido y exigir responsabilidades tanto al personal policial como al juez que autorizó la medida. “Quiero que el juez dé la cara y que se hagan responsables por la violencia que sufrimos”, expresó.
Además, manifestó preocupación por la seguridad de sus hijos, tras recibir amenazas en redes sociales vinculadas a la confusión de apellidos. “¿Qué va a pasar si mañana le pasa algo a mis hijos? ¿Quién va a responder?”, cuestionó.
Bernal señaló que sus hijos, de entre 11 y 18 años, quedaron profundamente afectados por el procedimiento. “Los chicos tienen miedo, no quieren salir ni ir a la escuela. Fue un sufrimiento total”, concluyó. El caso quedó ahora bajo análisis judicial, mientras se investigan las circunstancias del operativo y las denuncias por presunto abuso policial.