Editorial / El corazón helado
Mientras ajustan subsidios para el gas a los patagónicos, tres diputados chubutenses (más los de otras provincias de la Patagonia) votaron alivios para grandes distribuidoras eléctricas porteñas sin siquiera preguntar por las cooperativas locales.
La media sanción que obtuvo en Diputados la modificación del régimen de Zona Fría dejó mucho más que una discusión tarifaria. Lo que se votó el miércoles pasado fue, en términos políticos, una nueva señal de hacia dónde apunta el ajuste del gobierno de Javier Milei: ya no alcanza con recortar obra pública, jubilaciones o programas sociales; ahora también avanzan sobre uno de los pocos mecanismos de compensación histórica para las regiones más frías y desiguales del país.
El oficialismo logró aprobar el proyecto con el respaldo de gobernadores dialoguistas y una negociación frenética que tuvo al ministro del Interior, Diego Santilli, operando hasta último momento desde la Casa Rosada. La lógica fue simple y brutal: votos a cambio de promesas de subsidios eléctricos para provincias cálidas durante el verano. Una especie de trueque energético donde cada gobernador defendió su metro cuadrado mientras la Patagonia quedó otra vez relegada en la discusión nacional.
El dato político para Chubut no pasó inadvertido. Entre quienes acompañaron el proyecto estuvieron, como era obvio, los diputados libertarios César Treffinger y Maira Frías, cada vez más alejados de los intereses colectivos de los chubutenses y cada vez más cercanos al calorcito que les dispensa Karina Milei.
Esas llamitas karinistas, sin embargo, parecieron verse afectadas en los últimos días por el viento que generó la escandalosa detención de un ladero de Treffinger en Chubut, el exjardinero Carlos Rinaldi, devenido en jefe de Migraciones en Chubut de la mano de su patrón político, involucrado en una causa penal económica que investiga el juez porteño Pablo Yadarola.
A la loma del diablo
Pero el voto que volvió a dar que hablar fue el del sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila, integrante del bloque Provincias Unidas, que terminó alineado detrás de una modificación que podría traducirse en nuevos aumentos para usuarios patagónicos, inclusive para aquellos que seguirán dentro del régimen.
El cambio de fondo no es menor. Hasta ahora, el descuento por Zona Fría se aplicaba sobre el total de la factura de gas. El nuevo esquema limita el subsidio únicamente al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) —una especificación técnica que casi ningún usuario entiende—, dejando afuera el costo de distribución y transporte, que representan una porción clave de la boleta final. Traducido al bolsillo: aun quienes conserven el beneficio pagarán más.
Los cálculos preliminares que ya circulan en el sector energético son contundentes. En provincias como Neuquén las facturas podrían aumentar alrededor de un 20%, mientras que en regiones de igual o mayor crudeza climática, como Chubut, Tierra del Fuego o Santa Cruz, el impacto podría acercarse al 30%. Y eso sin contar a los 3,5 millones de usuarios del resto del país que directamente quedarían excluidos del régimen ampliado en 2021 y perderán descuentos de hasta el 50%.
Mientras el discurso oficial habla de “eficiencia” y “equilibrio fiscal”, el ajuste vuelve a recaer sobre sectores medios y trabajadores de regiones donde calefaccionarse no es un consumo suntuario sino una necesidad básica. ¿Lo sabrán Treffinger, Frías y Ávila?
El fondo fiduciario de Zona Fría, además, no se financia con rentas generales del Estado: lo pagan los propios usuarios en sus facturas de gas. Por eso la oposición denunció que el gobierno “mete la motosierra” sobre un esquema construido justamente para generar equidad territorial.
¿Y las cooperativas?
Pero la sesión dejó otro capítulo todavía más sensible y mucho menos debatido públicamente. Dentro del mismo proyecto se incluyó un artículo para compensar y eventualmente condonar deudas multimillonarias que distribuidoras eléctricas mantienen con la mayorista eléctrica CAMMESA desde los años de congelamiento tarifario. Allí aparecen gigantes como Edenor y Edesur, empresas que podrían mejorar fuertemente sus balances y hasta disparar su cotización bursátil si el Estado reconoce los llamados “activos regulatorios”.
El mecanismo impulsado por la secretaria de Energía, María Tettamanti, plantea compensar las deudas con CAMMESA mediante el reconocimiento de ingresos que las compañías aseguran haber perdido durante los años de tarifas congeladas. El problema es que el proyecto deja zonas grises enormes: no aclara qué ocurrirá con los excedentes entre esas compensaciones y las deudas reales, ni especifica si el esquema alcanzará a cooperativas eléctricas del interior que atraviesan situaciones financieras críticas.
Treffinger, Frías y Ávila votaron a favor de un esquema que podría terminar saneando balances de grandes distribuidoras metropolitanas sin siquiera haber impulsado públicamente una mesa de trabajo seria con las cooperativas de Chubut, muchas de ellas hiperendeudadas, con infraestructura colapsada y sosteniendo servicios esenciales en ciudades donde el sistema energético sobrevive en estado de emergencia permanente.
Ahora, con media sanción, la modificación de Zonas Frías llegará al Senado, donde Chubut tiene tres representantes. A esta altura, la pregunta sigue siendo la misma: ¿para qué sirve tener legisladores patagónicos si cuando llega la hora de defender intereses concretos terminan votando lo mismo que exige el ocupante de turno de la Casa Rosada?
La respuesta es cruda: para poco y nada.
La media sanción que obtuvo en Diputados la modificación del régimen de Zona Fría dejó mucho más que una discusión tarifaria. Lo que se votó el miércoles pasado fue, en términos políticos, una nueva señal de hacia dónde apunta el ajuste del gobierno de Javier Milei: ya no alcanza con recortar obra pública, jubilaciones o programas sociales; ahora también avanzan sobre uno de los pocos mecanismos de compensación histórica para las regiones más frías y desiguales del país.
El oficialismo logró aprobar el proyecto con el respaldo de gobernadores dialoguistas y una negociación frenética que tuvo al ministro del Interior, Diego Santilli, operando hasta último momento desde la Casa Rosada. La lógica fue simple y brutal: votos a cambio de promesas de subsidios eléctricos para provincias cálidas durante el verano. Una especie de trueque energético donde cada gobernador defendió su metro cuadrado mientras la Patagonia quedó otra vez relegada en la discusión nacional.
El dato político para Chubut no pasó inadvertido. Entre quienes acompañaron el proyecto estuvieron, como era obvio, los diputados libertarios César Treffinger y Maira Frías, cada vez más alejados de los intereses colectivos de los chubutenses y cada vez más cercanos al calorcito que les dispensa Karina Milei.
Esas llamitas karinistas, sin embargo, parecieron verse afectadas en los últimos días por el viento que generó la escandalosa detención de un ladero de Treffinger en Chubut, el exjardinero Carlos Rinaldi, devenido en jefe de Migraciones en Chubut de la mano de su patrón político, involucrado en una causa penal económica que investiga el juez porteño Pablo Yadarola.
A la loma del diablo
Pero el voto que volvió a dar que hablar fue el del sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila, integrante del bloque Provincias Unidas, que terminó alineado detrás de una modificación que podría traducirse en nuevos aumentos para usuarios patagónicos, inclusive para aquellos que seguirán dentro del régimen.
El cambio de fondo no es menor. Hasta ahora, el descuento por Zona Fría se aplicaba sobre el total de la factura de gas. El nuevo esquema limita el subsidio únicamente al valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) —una especificación técnica que casi ningún usuario entiende—, dejando afuera el costo de distribución y transporte, que representan una porción clave de la boleta final. Traducido al bolsillo: aun quienes conserven el beneficio pagarán más.
Los cálculos preliminares que ya circulan en el sector energético son contundentes. En provincias como Neuquén las facturas podrían aumentar alrededor de un 20%, mientras que en regiones de igual o mayor crudeza climática, como Chubut, Tierra del Fuego o Santa Cruz, el impacto podría acercarse al 30%. Y eso sin contar a los 3,5 millones de usuarios del resto del país que directamente quedarían excluidos del régimen ampliado en 2021 y perderán descuentos de hasta el 50%.
Mientras el discurso oficial habla de “eficiencia” y “equilibrio fiscal”, el ajuste vuelve a recaer sobre sectores medios y trabajadores de regiones donde calefaccionarse no es un consumo suntuario sino una necesidad básica. ¿Lo sabrán Treffinger, Frías y Ávila?
El fondo fiduciario de Zona Fría, además, no se financia con rentas generales del Estado: lo pagan los propios usuarios en sus facturas de gas. Por eso la oposición denunció que el gobierno “mete la motosierra” sobre un esquema construido justamente para generar equidad territorial.
¿Y las cooperativas?
Pero la sesión dejó otro capítulo todavía más sensible y mucho menos debatido públicamente. Dentro del mismo proyecto se incluyó un artículo para compensar y eventualmente condonar deudas multimillonarias que distribuidoras eléctricas mantienen con la mayorista eléctrica CAMMESA desde los años de congelamiento tarifario. Allí aparecen gigantes como Edenor y Edesur, empresas que podrían mejorar fuertemente sus balances y hasta disparar su cotización bursátil si el Estado reconoce los llamados “activos regulatorios”.
El mecanismo impulsado por la secretaria de Energía, María Tettamanti, plantea compensar las deudas con CAMMESA mediante el reconocimiento de ingresos que las compañías aseguran haber perdido durante los años de tarifas congeladas. El problema es que el proyecto deja zonas grises enormes: no aclara qué ocurrirá con los excedentes entre esas compensaciones y las deudas reales, ni especifica si el esquema alcanzará a cooperativas eléctricas del interior que atraviesan situaciones financieras críticas.
Treffinger, Frías y Ávila votaron a favor de un esquema que podría terminar saneando balances de grandes distribuidoras metropolitanas sin siquiera haber impulsado públicamente una mesa de trabajo seria con las cooperativas de Chubut, muchas de ellas hiperendeudadas, con infraestructura colapsada y sosteniendo servicios esenciales en ciudades donde el sistema energético sobrevive en estado de emergencia permanente.
Ahora, con media sanción, la modificación de Zonas Frías llegará al Senado, donde Chubut tiene tres representantes. A esta altura, la pregunta sigue siendo la misma: ¿para qué sirve tener legisladores patagónicos si cuando llega la hora de defender intereses concretos terminan votando lo mismo que exige el ocupante de turno de la Casa Rosada?
La respuesta es cruda: para poco y nada.