La Justicia muda
Por Esteban Gallo
La gestión de Javier Raidán como presidente del Superior Tribunal de Justicia se caracterizó por el hermetismo institucional.
Durante el período de mayor conflictividad, marcado por las tensiones internas entre la Corte, los trabajadores, funcionarios y magistrados, y los cuestionamientos permanentes de la comunidad, el abogado bonaerense eligió el silencio.
Con la llegada de Andrés Giacomone a la presidencia del Poder Judicial se esperaba un giro de 180 grados, un volantazo en la forma de conducir la institución, un perfil más activo en términos de comunicación pública, una manera diferente de acercarse a la comunidad.
El nuevo líder del Superior Tribunal, exhibía un perfil más dialoguista, pragmático y negociador, características que le permitieron ocupar distintos lugares de poder, incluso en sectores políticos con los que nunca había comulgado.
Lamentablemente, el entusiasmo inicial se desinfló en tiempo récord dejando en evidencia con claridad meridiana que no existe ninguna intención de avanzar en cambios profundos.
Hace un par de semanas, el ministro de Seguridad de la provincia Héctor Iturrioz embistió contra los operadores del Poder Judicial que se oponen a dictar órdenes de allanamiento solicitadas por las fuerzas de seguridad para desarticular bandas criminales.
Tras el crimen de Mariana Soledad Calfuquir el funcionario reveló que la Justicia rechazó 20 de los 36 allanamientos solicitados semanas previas al ataque.
Desde entonces hasta la fecha, el Superior Tribunal de Justicia, en quien recae la responsabilidad de fijar los lineamientos de funcionamiento y controlar la eficiencia del sistema judicial, no ha dicho una sola palabra sobre el tema.
La gente protesta en la calle, las movilizaciones se acumulan en todas partes y Giacomone, como ayer Raidán, permanece inmóvil.
Vamos con otro ejemplo.
Se hizo público en los últimos días que el Poder Judicial planea reformar el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y de Familia y crear una Cámara Provincial Laboral, que funcionará como órgano de apelación para todos los juzgados laborales de Chubut.
Los alcances del proyecto han sido difundidos por un camarista de Trelew.
Se trata de un proyecto que es central para el funcionamiento del Poder Judicial y que ha sido elaborado por el Superior Tribunal de Justicia. Por lo tanto, se impone que las preguntas que vienen aparejadas a la iniciativa las ofrezcan los ministros de la Corte.
No es un juez de Cámara el que tiene que dar las explicaciones. Esto como si a la hora de anunciar la lista de jugadores argentinos que van al mundial, en lugar de Lionel Scaloni sale a hablar el utilero.
Hablemos de preguntas.
¿Es cierto que la comisión redactora del proyecto fue creada en abril de 2026 y que la iniciativa ingresó a la Legislatura el 15 de mayo?.
Si fuera así, nos encontraríamos ante un ambicioso proyecto de reforma integral de los códigos procesales no penales, redactada, revisada y remitida en solo 28 días corridos.
¿Es esta reforma la misma que se había elaborado en 2019 o es un refrito de aquella?
Si hay que hacer cambios en la justicia civil, comercial y laboral ¿porque no se hacen con las herramientas disponibles?
¿De qué inversión económica estamos hablando? ¿La provincia dispone de la plata que requerirá la puesta en marcha de una eventual reforma en materia de infraestructura, capacitación del personal y nuevos nombramientos?
Estas respuestas debería darlas el Dr. Andrés Giacomone, que es el presidente del organismo que impulsa la reforma y que además es un especialista en el tema porque integró la Comisión Interpoderes que trabajó en el proyecto de 2019.
Pero los que deberían clarificar prefieren hacer silencio. Después se preguntan por qué se deteriora la confianza ciudadana, por qué la gente se distancia y por qué ya nadie cree en la Justicia.
Es la Justicia muda, de los ministros que no hablan ni se hacen cargo.
Por Esteban Gallo
La gestión de Javier Raidán como presidente del Superior Tribunal de Justicia se caracterizó por el hermetismo institucional.
Durante el período de mayor conflictividad, marcado por las tensiones internas entre la Corte, los trabajadores, funcionarios y magistrados, y los cuestionamientos permanentes de la comunidad, el abogado bonaerense eligió el silencio.
Con la llegada de Andrés Giacomone a la presidencia del Poder Judicial se esperaba un giro de 180 grados, un volantazo en la forma de conducir la institución, un perfil más activo en términos de comunicación pública, una manera diferente de acercarse a la comunidad.
El nuevo líder del Superior Tribunal, exhibía un perfil más dialoguista, pragmático y negociador, características que le permitieron ocupar distintos lugares de poder, incluso en sectores políticos con los que nunca había comulgado.
Lamentablemente, el entusiasmo inicial se desinfló en tiempo récord dejando en evidencia con claridad meridiana que no existe ninguna intención de avanzar en cambios profundos.
Hace un par de semanas, el ministro de Seguridad de la provincia Héctor Iturrioz embistió contra los operadores del Poder Judicial que se oponen a dictar órdenes de allanamiento solicitadas por las fuerzas de seguridad para desarticular bandas criminales.
Tras el crimen de Mariana Soledad Calfuquir el funcionario reveló que la Justicia rechazó 20 de los 36 allanamientos solicitados semanas previas al ataque.
Desde entonces hasta la fecha, el Superior Tribunal de Justicia, en quien recae la responsabilidad de fijar los lineamientos de funcionamiento y controlar la eficiencia del sistema judicial, no ha dicho una sola palabra sobre el tema.
La gente protesta en la calle, las movilizaciones se acumulan en todas partes y Giacomone, como ayer Raidán, permanece inmóvil.
Vamos con otro ejemplo.
Se hizo público en los últimos días que el Poder Judicial planea reformar el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y de Familia y crear una Cámara Provincial Laboral, que funcionará como órgano de apelación para todos los juzgados laborales de Chubut.
Los alcances del proyecto han sido difundidos por un camarista de Trelew.
Se trata de un proyecto que es central para el funcionamiento del Poder Judicial y que ha sido elaborado por el Superior Tribunal de Justicia. Por lo tanto, se impone que las preguntas que vienen aparejadas a la iniciativa las ofrezcan los ministros de la Corte.
No es un juez de Cámara el que tiene que dar las explicaciones. Esto como si a la hora de anunciar la lista de jugadores argentinos que van al mundial, en lugar de Lionel Scaloni sale a hablar el utilero.
Hablemos de preguntas.
¿Es cierto que la comisión redactora del proyecto fue creada en abril de 2026 y que la iniciativa ingresó a la Legislatura el 15 de mayo?.
Si fuera así, nos encontraríamos ante un ambicioso proyecto de reforma integral de los códigos procesales no penales, redactada, revisada y remitida en solo 28 días corridos.
¿Es esta reforma la misma que se había elaborado en 2019 o es un refrito de aquella?
Si hay que hacer cambios en la justicia civil, comercial y laboral ¿porque no se hacen con las herramientas disponibles?
¿De qué inversión económica estamos hablando? ¿La provincia dispone de la plata que requerirá la puesta en marcha de una eventual reforma en materia de infraestructura, capacitación del personal y nuevos nombramientos?
Estas respuestas debería darlas el Dr. Andrés Giacomone, que es el presidente del organismo que impulsa la reforma y que además es un especialista en el tema porque integró la Comisión Interpoderes que trabajó en el proyecto de 2019.
Pero los que deberían clarificar prefieren hacer silencio. Después se preguntan por qué se deteriora la confianza ciudadana, por qué la gente se distancia y por qué ya nadie cree en la Justicia.
Es la Justicia muda, de los ministros que no hablan ni se hacen cargo.