La Fiscalía de Estado fue aceptada como querellante en la causa por el presunto vaciamiento de Alpesca, que podría constituir lavado de activos e involucra a conocidos empresarios de la actividad con base operativa en la ciudad del Golfo.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, fue notificado de la decisión del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien otorgó al organismo provincial “legitimación para intervenir como apoderado de la provincia del Chubut, por encontrarse controvertidos los intereses provinciales ante el perjuicio patrimonial, económico y social causado por los directivos de las sociedades que se investigan, vinculadas a la explotación pesquera”.
“Estas estructuras societarias se encuentran estrechamente vinculadas y son investigadas por una serie de transacciones comerciales llevadas a cabo por sus autoridades, ante el presunto vaciamiento de la Empresa Alpesca S.A., exteriorizándose la misma a través de la intención de transferir dos buques pesqueros denominados “Cabo San Juan” y “Cabo Buen Tiempo”, propiedad de esta última hacia la firma Buenos Aires Pesca S.A. por un monto muy inferior al que sería su valor real”, indica el comunicado de Fiscalía.
“En tal transacción habrían intervenido los señores Pedro Baldino por Buenos Aires Pesca S.A. y Alejandro Ocampo por Alpesca S.A., destacándose que Baldino al momento de la transacción además de ser accionista de Buenos Aires Pesca S.A. detentaría el paquete mayoritario de la firma AP Holding S.A. (controlante de la firma Alpesca)”, agrega.
“Esta transacción no incluiría la transferencia de los permisos de pesca y las cuotas de captura que los mismos poseían, circunstancia que tiene la exclusiva finalidad de defraudar al fisco y la Provincia, conforme se investiga”.
“En tal sentido, por tratarse de una compraventa de buques por un valor irrisorio comparado al valor real del mercado, y al no incluirse en dicho contrato el valor equivalente por los permisos y las cuotas de captura que poseía cada buque, el perjuicio a los intereses de la provincia del Chubut es notorio, no solo en el ámbito social y económico, sino también a nivel patrimonial”, puntualizó el comunicado de la Fiscalía de Estado.
La Fiscalía de Estado fue aceptada como querellante en la causa por el presunto vaciamiento de Alpesca, que podría constituir lavado de activos e involucra a conocidos empresarios de la actividad con base operativa en la ciudad del Golfo.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, fue notificado de la decisión del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien otorgó al organismo provincial “legitimación para intervenir como apoderado de la provincia del Chubut, por encontrarse controvertidos los intereses provinciales ante el perjuicio patrimonial, económico y social causado por los directivos de las sociedades que se investigan, vinculadas a la explotación pesquera”.
“Estas estructuras societarias se encuentran estrechamente vinculadas y son investigadas por una serie de transacciones comerciales llevadas a cabo por sus autoridades, ante el presunto vaciamiento de la Empresa Alpesca S.A., exteriorizándose la misma a través de la intención de transferir dos buques pesqueros denominados “Cabo San Juan” y “Cabo Buen Tiempo”, propiedad de esta última hacia la firma Buenos Aires Pesca S.A. por un monto muy inferior al que sería su valor real”, indica el comunicado de Fiscalía.
“En tal transacción habrían intervenido los señores Pedro Baldino por Buenos Aires Pesca S.A. y Alejandro Ocampo por Alpesca S.A., destacándose que Baldino al momento de la transacción además de ser accionista de Buenos Aires Pesca S.A. detentaría el paquete mayoritario de la firma AP Holding S.A. (controlante de la firma Alpesca)”, agrega.
“Esta transacción no incluiría la transferencia de los permisos de pesca y las cuotas de captura que los mismos poseían, circunstancia que tiene la exclusiva finalidad de defraudar al fisco y la Provincia, conforme se investiga”.
“En tal sentido, por tratarse de una compraventa de buques por un valor irrisorio comparado al valor real del mercado, y al no incluirse en dicho contrato el valor equivalente por los permisos y las cuotas de captura que poseía cada buque, el perjuicio a los intereses de la provincia del Chubut es notorio, no solo en el ámbito social y económico, sino también a nivel patrimonial”, puntualizó el comunicado de la Fiscalía de Estado.