De boca en boca y #Satirita

Quieren poner un fuerte control a los viáticos de los diputados provinciales. Fue después de que Gustavo Fita los usara para ir a correr a CABA. La asesora de Legislatura que aparece en el medio de la compra de un diario. La Defensa Pública pone reparos en el polémico proyecto para combatir el cibercrimen. Y más.

Facsímil del proyecto de resolución sobre los viáticos.
30 AGO 2025 - 13:39 | Actualizado 31 AGO 2025 - 21:30

Los diputados provinciales Emanuel Fernández, Paulina Hogalde y María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presentaron el viernes en la Legislatura el Proyecto de Resolución N° 167/25 que tiene por objetivo ordenar la asignación de viáticos, luego dde varios escandaletes surgidos por el uso indebido de los mismos.

Entre los Fundamentos, señalan que “la Constitución Provincial establece expresamente que los servicios de los diputados serán compensados con una dieta fijada por ley, y que aquellos que residan fuera de Rawson pueden percibir proporcionalmente a la distancia una asignación compensatoria para cubrir sus gastos de traslado y estadía”.

Y agregan: “La remuneración de los legisladores no se limita a la dieta, sino que puede incluir, en caso de corresponder, una asignación vinculada estrictamente a los gastos derivados del traslado y la estadía en la capital provincial para cumplir funciones oficiales. El alcance de la compensación es restrictivo, circunscribiéndose a lo indispensable para el ejercicio del mandato legislativo en la sede institucional, sin habilitar erogaciones discrecionales fundadas en intereses particulares o en agendas políticas ajenas a la labor parlamentaria”, agregan los diputados.

“Pretender reconocer viáticos o reintegros adicionales para viajes no estrictamente necesarios a la sede legislativa, o que no hayan sido expresamente encomendados por la Cámara, implicaría desnaturalizar el sentido del artículo 128 y consagrar privilegios carentes de sustento constitucional”, señalan.

Diputados Fernández, Hogalde y Aguilera.

Por todo eso, Fernández, Hogalde y Aguilera pretenden que la Cámara apruebe la parte resolutiva, que dice lo siguiente:
“Artículo 1°: Establézcase que todo Diputado que requiera la cobertura de gastos de traslado, viáticos, hospedaje o cualquier otro concepto análogo vinculado a la realización de una Comisión de Servicios deberá presentar un Proyecto de Resolución en el que funde de manera expresa los motivos y la necesidad de dicho requerimiento”.

En tanto, el Artículo 2°, dice que “la autorización de la cobertura solicitada se someterá a consideración del pleno de la Honorable Legislatura del Chubut, previo dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. En caso de que el autor del proyecto solicite su tratamiento sobre tablas, se aplicará el procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico de la Legislatura para el tratamiento de los asuntos sobre tablas, sin que ello obste a la obligación de fundar los motivos y la necesidad del requerimiento”.

Parece que se viene el fin de los viáticos sin control.

Fita lo hizo

El proyecto para eliminar o, al menos, controlar los viáticos de los diputados, nació justo después del escándalo que se generó por el viaje del diputado provincial Gustavo Fita a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una competencia de atletismo, pero con viáticos de la Legislatura.

La semana pasada se difundió la Resolución de Presidencia de la Legislatura donde se autorizaban los viáticos solicitados por el diputado comodorense -además, presidente del PJ- para el período del 22 al 25 de agosto por actividades a cumplir en la CABA.

El texto expresa que se reconoce “la comisión de servicios que realizará el diputado Gustavo Fita los días 22, 23, 24 y 25 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instruméntese por Secretaría Habilitada el reintegro de los gastos de traslado del diputado”.

Atleta. Fita en Buenos Aires, antes de los 21K.

Pero como publicó en sus redes sociales, Fita usó dinero del Estado para pagarse los gastos del viaje que hizo para participar de una competencia atlética. Con el dorsal 2835, Fita terminó en el puesto 12.841, con 2 horas, 29 minutos y 9 segundos. Muy competitivo el diputado. Aunque, se sabe, lo importante es competir.

“Fui invitado a participar en La Matanza de un Cabildo Abierto con legisladores de distintos lugares. Venimos trabajando un documento en conjunto y políticas vinculadas al rol del trabajador, como el proyecto que presentamos en Capital Federal y que queremos llevar también a Chubut”, dijo Fita a su regreso, tratando de explicar lo inexplicable.

Y agregó también que mantuvo “reuniones políticas y gremiales”. Aunque debió admitir fue para participar de los 21K de Buenos Aires: “En el medio de eso me quedé en Capital Federal y corrí una carrera. No iba a ir el viernes, volverme, y viajar otra vez el lunes para otra reunión. Usé el pasaje que tenemos como herramienta, no cobré viáticos y no tengo nada que ocultar”, dijo indignado.

Fita en acción por las calles porteñas. (Foto: Fotorun)

Una que cantó Victoria

Aseguran que la más enfervorizada por el resultado del “jefe” fue una asesora todo servicio que Fita tiene en su staff de la Legislatura provincial, que se mostró orgullosa por el desempeño de “Gus”.

Algunos, que no quieren nada a Fita y menos a su asesora estrella, sacaron a relucir un dato picantísimo: la empleada política de la Legislatura figura como “cesionaria” en la compra millonaria de un importante diario de Chubut.

Debe ser un rumor infundado. Aunque aseguran que está publicado en el Boletín Oficial. ¡Chan!

Arreglar con el abogado

La Municipalidad de Rawson logró quitarse de encima una espada que apuntaba directamente a su ordenamiento financiero: el juicio que perdió y por el cual debía pagar 2.500 millones de pesos a la Unión de Rugby Valle del Chubut por un conflicto desatado durante la gestión de la por entonces intendenta Rossana Artero.

Es que, en aquellos años, el Municipio determinó a través de una resolución, caducar la cesión de terrenos a la Unión de Rugby otorgados décadas antes por ordenanza. La entidad deportiva llevó a la Justicia este conflicto y obtuvo un fallo favorable por daños y perjuicios, condenando a la Municipalidad a pagar 2.500 millones de pesos.

Acuerdo sellado entre el municipio capitalino y la URVCh.

Con el acuerdo entre las dos partes, la devolución de las tierras más la instalación de los servicios, la Municipalidad no pagará esa cantidad pero sí quedan pendientes los honorarios para el abogado de la Unión de Rugby.

Teniendo en cuenta que se estableció el monto a cobrar por el abogado en relación a la deuda establecida, serían varios cientos de millones de pesos. Ahora comienzan las negociaciones para arribar a un plan de pagos y en lo posible una reducción del monto.

Es que el fantasma de lo que ocurrió en la Cooperativa de Servicios Públicos está latente. También había una deuda millonaria entre ambas entidades, un acuerdo de partes donde se desestimó el pago determinado por una sentencia judicial, pero nadie pensó en lo que le correspondía cobrar al abogado de la Cooperativa. Hoy son cientos de millones de pesos y el conflicto sigue.

La Defensa Pública advierte

La semana pasada siguió en la Legislatura de Chubut el debate del Proyecto de Ley N° 71/25, impulsado por el Poder Ejecutivo y que busca regular el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la investigación, prevención y lucha contra delitos complejos y cibercriminalidad.

Esta vez fueron de la partida el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca, y el Defensor General Alterno, Jorge Benesperi, quienes fueron invitados por la Comisión de Asuntos Constitucionales a una reunión informativa.
Junto a Daroca y Benesperi también estuvieron el secretario Penal, Javier Francisco; y el relator de la Secretaria Penal, Emanuel Campos.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo, y fue presidido por el vicegobernador Gustavo Menna. También asistieron el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el jefe de Policía, Andrés García; la diputada Andrea Aguilera; el Procurador General, Jorge Miquelarena; la fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano; el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Javier Leal de Ibarra; el juez penal, Carlos Richeri; y diputados provinciales, entre otros invitados.

Nueva reunión en Legislatura por el polémico proyecto.

En ese marco, Daroca aseguró “que este tipo de reuniones son muy provechosas ya que permitirán escuchar las voces de cada uno de los sectores y formar parte del proceso”, y señaló que “desde la Defensa Pública queremos colaborar, hacer nuestros aportes y observaciones y sumar en los proyectos”.

Explicó que “lo analizamos y trajimos nuestros aportes, ya que como Estado, más allá del rol que ocupa cada uno, hay que estar presentes y es por esto que celebramos esta invitación”, agregó Daroca.

A su turno, Benesperi detalló el análisis realizado por la Defensa Pública y remarcó la importancia del rol del Juez de Garantías para resguardar los derechos en juego. También se compartieron otras observaciones vinculadas al funcionamiento del sistema en este tipo de investigaciones.

La posición del Ministerio de la Defensa Pública quedó plasmada en un detallado escrito en el que se hacen severas advertencias sobre el proyecto oficial.

“Estamos de acuerdo con la idea de que el crimen o criminalidad es un fenómeno complejo, variable, que en determinadas situaciones obedece a una multiplicidad de factores y motivos, que también se puede manifestar con pautas diferenciadas según el lugar, el tiempo, la época, el medio sociocultural, e involucra a todos los sectores de la sociedad”, comienza diciendo el informe.

“Es claro que en el marco de las facultades de los Estados está la de regular sus sistemas de investigación, ordenar y planificar los actos de pesquisa para dar una respuesta seria, justa y razonable en la investigación de los hechos denunciados como delitos, pero también es claro que dichas medidas deben tener el contrapeso del control, restricción y responsabilidad de quienes solicitan y de quienes autorizan tales medidas”.

La Defensa Pública pone el acento en la “intromisión en la esfera privada”, que señala el proyecto en toda su extensión: “En este marco, tanto la recopilación de datos y su conservación, deben tener absoluta confidencialidad, de quien los busca como de quien autoriza la medida, respondiendo por su mal actuación, como lo dispone algunos apartados del actúa Código Procesal Penal del Chubut, por ejemplo con la calificación de falta grave, en supuestos de uso indebido de la información”.

Benesperi y Daroca, de la Defensa Pública.

“Se pueden afectar gravemente la privacidad de las personas, ya que implica que una gran cantidad de información personal estará a disposición de las autoridades y las fuerzas de seguridad, habilitándose a funcionarios o agentes de Estado a la intromisión en las comunicaciones individuales”.

“La afectación de los ciudadanos al invadir la privacidad, con pedidos de investigación amplios o abiertos, en algunos supuestos pedidos de información indiscriminados, en base a sospechas en datos sensibles como orientación política, ideológica, cultural, religiosa, sexual, etc., podrían conducir a prácticas que atenten contra el derecho al ámbito de reserva de cada ciudadano”, alertan los defensores públicos.

Y dan ejemplos: “Casos testigos o ejemplos del gran poder que significa ingresar en la esfera privada o intima de las personas, mirarlas, controlarlas, sacarles información de cualquier tipo y calidad, de cualquiera de sus dispositivos y luego utilizarlas indebidamente (exposición mediática, utilización de información innecesaria para la investigación, etc.); sobran los ejemplos tanto a nivel local como nacional.”

#Satirita, por Descartes


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Facsímil del proyecto de resolución sobre los viáticos.
30 AGO 2025 - 13:39

Los diputados provinciales Emanuel Fernández, Paulina Hogalde y María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presentaron el viernes en la Legislatura el Proyecto de Resolución N° 167/25 que tiene por objetivo ordenar la asignación de viáticos, luego dde varios escandaletes surgidos por el uso indebido de los mismos.

Entre los Fundamentos, señalan que “la Constitución Provincial establece expresamente que los servicios de los diputados serán compensados con una dieta fijada por ley, y que aquellos que residan fuera de Rawson pueden percibir proporcionalmente a la distancia una asignación compensatoria para cubrir sus gastos de traslado y estadía”.

Y agregan: “La remuneración de los legisladores no se limita a la dieta, sino que puede incluir, en caso de corresponder, una asignación vinculada estrictamente a los gastos derivados del traslado y la estadía en la capital provincial para cumplir funciones oficiales. El alcance de la compensación es restrictivo, circunscribiéndose a lo indispensable para el ejercicio del mandato legislativo en la sede institucional, sin habilitar erogaciones discrecionales fundadas en intereses particulares o en agendas políticas ajenas a la labor parlamentaria”, agregan los diputados.

“Pretender reconocer viáticos o reintegros adicionales para viajes no estrictamente necesarios a la sede legislativa, o que no hayan sido expresamente encomendados por la Cámara, implicaría desnaturalizar el sentido del artículo 128 y consagrar privilegios carentes de sustento constitucional”, señalan.

Diputados Fernández, Hogalde y Aguilera.

Por todo eso, Fernández, Hogalde y Aguilera pretenden que la Cámara apruebe la parte resolutiva, que dice lo siguiente:
“Artículo 1°: Establézcase que todo Diputado que requiera la cobertura de gastos de traslado, viáticos, hospedaje o cualquier otro concepto análogo vinculado a la realización de una Comisión de Servicios deberá presentar un Proyecto de Resolución en el que funde de manera expresa los motivos y la necesidad de dicho requerimiento”.

En tanto, el Artículo 2°, dice que “la autorización de la cobertura solicitada se someterá a consideración del pleno de la Honorable Legislatura del Chubut, previo dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. En caso de que el autor del proyecto solicite su tratamiento sobre tablas, se aplicará el procedimiento previsto en el Reglamento Orgánico de la Legislatura para el tratamiento de los asuntos sobre tablas, sin que ello obste a la obligación de fundar los motivos y la necesidad del requerimiento”.

Parece que se viene el fin de los viáticos sin control.

Fita lo hizo

El proyecto para eliminar o, al menos, controlar los viáticos de los diputados, nació justo después del escándalo que se generó por el viaje del diputado provincial Gustavo Fita a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una competencia de atletismo, pero con viáticos de la Legislatura.

La semana pasada se difundió la Resolución de Presidencia de la Legislatura donde se autorizaban los viáticos solicitados por el diputado comodorense -además, presidente del PJ- para el período del 22 al 25 de agosto por actividades a cumplir en la CABA.

El texto expresa que se reconoce “la comisión de servicios que realizará el diputado Gustavo Fita los días 22, 23, 24 y 25 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instruméntese por Secretaría Habilitada el reintegro de los gastos de traslado del diputado”.

Atleta. Fita en Buenos Aires, antes de los 21K.

Pero como publicó en sus redes sociales, Fita usó dinero del Estado para pagarse los gastos del viaje que hizo para participar de una competencia atlética. Con el dorsal 2835, Fita terminó en el puesto 12.841, con 2 horas, 29 minutos y 9 segundos. Muy competitivo el diputado. Aunque, se sabe, lo importante es competir.

“Fui invitado a participar en La Matanza de un Cabildo Abierto con legisladores de distintos lugares. Venimos trabajando un documento en conjunto y políticas vinculadas al rol del trabajador, como el proyecto que presentamos en Capital Federal y que queremos llevar también a Chubut”, dijo Fita a su regreso, tratando de explicar lo inexplicable.

Y agregó también que mantuvo “reuniones políticas y gremiales”. Aunque debió admitir fue para participar de los 21K de Buenos Aires: “En el medio de eso me quedé en Capital Federal y corrí una carrera. No iba a ir el viernes, volverme, y viajar otra vez el lunes para otra reunión. Usé el pasaje que tenemos como herramienta, no cobré viáticos y no tengo nada que ocultar”, dijo indignado.

Fita en acción por las calles porteñas. (Foto: Fotorun)

Una que cantó Victoria

Aseguran que la más enfervorizada por el resultado del “jefe” fue una asesora todo servicio que Fita tiene en su staff de la Legislatura provincial, que se mostró orgullosa por el desempeño de “Gus”.

Algunos, que no quieren nada a Fita y menos a su asesora estrella, sacaron a relucir un dato picantísimo: la empleada política de la Legislatura figura como “cesionaria” en la compra millonaria de un importante diario de Chubut.

Debe ser un rumor infundado. Aunque aseguran que está publicado en el Boletín Oficial. ¡Chan!

Arreglar con el abogado

La Municipalidad de Rawson logró quitarse de encima una espada que apuntaba directamente a su ordenamiento financiero: el juicio que perdió y por el cual debía pagar 2.500 millones de pesos a la Unión de Rugby Valle del Chubut por un conflicto desatado durante la gestión de la por entonces intendenta Rossana Artero.

Es que, en aquellos años, el Municipio determinó a través de una resolución, caducar la cesión de terrenos a la Unión de Rugby otorgados décadas antes por ordenanza. La entidad deportiva llevó a la Justicia este conflicto y obtuvo un fallo favorable por daños y perjuicios, condenando a la Municipalidad a pagar 2.500 millones de pesos.

Acuerdo sellado entre el municipio capitalino y la URVCh.

Con el acuerdo entre las dos partes, la devolución de las tierras más la instalación de los servicios, la Municipalidad no pagará esa cantidad pero sí quedan pendientes los honorarios para el abogado de la Unión de Rugby.

Teniendo en cuenta que se estableció el monto a cobrar por el abogado en relación a la deuda establecida, serían varios cientos de millones de pesos. Ahora comienzan las negociaciones para arribar a un plan de pagos y en lo posible una reducción del monto.

Es que el fantasma de lo que ocurrió en la Cooperativa de Servicios Públicos está latente. También había una deuda millonaria entre ambas entidades, un acuerdo de partes donde se desestimó el pago determinado por una sentencia judicial, pero nadie pensó en lo que le correspondía cobrar al abogado de la Cooperativa. Hoy son cientos de millones de pesos y el conflicto sigue.

La Defensa Pública advierte

La semana pasada siguió en la Legislatura de Chubut el debate del Proyecto de Ley N° 71/25, impulsado por el Poder Ejecutivo y que busca regular el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la investigación, prevención y lucha contra delitos complejos y cibercriminalidad.

Esta vez fueron de la partida el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca, y el Defensor General Alterno, Jorge Benesperi, quienes fueron invitados por la Comisión de Asuntos Constitucionales a una reunión informativa.
Junto a Daroca y Benesperi también estuvieron el secretario Penal, Javier Francisco; y el relator de la Secretaria Penal, Emanuel Campos.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo, y fue presidido por el vicegobernador Gustavo Menna. También asistieron el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el jefe de Policía, Andrés García; la diputada Andrea Aguilera; el Procurador General, Jorge Miquelarena; la fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano; el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Javier Leal de Ibarra; el juez penal, Carlos Richeri; y diputados provinciales, entre otros invitados.

Nueva reunión en Legislatura por el polémico proyecto.

En ese marco, Daroca aseguró “que este tipo de reuniones son muy provechosas ya que permitirán escuchar las voces de cada uno de los sectores y formar parte del proceso”, y señaló que “desde la Defensa Pública queremos colaborar, hacer nuestros aportes y observaciones y sumar en los proyectos”.

Explicó que “lo analizamos y trajimos nuestros aportes, ya que como Estado, más allá del rol que ocupa cada uno, hay que estar presentes y es por esto que celebramos esta invitación”, agregó Daroca.

A su turno, Benesperi detalló el análisis realizado por la Defensa Pública y remarcó la importancia del rol del Juez de Garantías para resguardar los derechos en juego. También se compartieron otras observaciones vinculadas al funcionamiento del sistema en este tipo de investigaciones.

La posición del Ministerio de la Defensa Pública quedó plasmada en un detallado escrito en el que se hacen severas advertencias sobre el proyecto oficial.

“Estamos de acuerdo con la idea de que el crimen o criminalidad es un fenómeno complejo, variable, que en determinadas situaciones obedece a una multiplicidad de factores y motivos, que también se puede manifestar con pautas diferenciadas según el lugar, el tiempo, la época, el medio sociocultural, e involucra a todos los sectores de la sociedad”, comienza diciendo el informe.

“Es claro que en el marco de las facultades de los Estados está la de regular sus sistemas de investigación, ordenar y planificar los actos de pesquisa para dar una respuesta seria, justa y razonable en la investigación de los hechos denunciados como delitos, pero también es claro que dichas medidas deben tener el contrapeso del control, restricción y responsabilidad de quienes solicitan y de quienes autorizan tales medidas”.

La Defensa Pública pone el acento en la “intromisión en la esfera privada”, que señala el proyecto en toda su extensión: “En este marco, tanto la recopilación de datos y su conservación, deben tener absoluta confidencialidad, de quien los busca como de quien autoriza la medida, respondiendo por su mal actuación, como lo dispone algunos apartados del actúa Código Procesal Penal del Chubut, por ejemplo con la calificación de falta grave, en supuestos de uso indebido de la información”.

Benesperi y Daroca, de la Defensa Pública.

“Se pueden afectar gravemente la privacidad de las personas, ya que implica que una gran cantidad de información personal estará a disposición de las autoridades y las fuerzas de seguridad, habilitándose a funcionarios o agentes de Estado a la intromisión en las comunicaciones individuales”.

“La afectación de los ciudadanos al invadir la privacidad, con pedidos de investigación amplios o abiertos, en algunos supuestos pedidos de información indiscriminados, en base a sospechas en datos sensibles como orientación política, ideológica, cultural, religiosa, sexual, etc., podrían conducir a prácticas que atenten contra el derecho al ámbito de reserva de cada ciudadano”, alertan los defensores públicos.

Y dan ejemplos: “Casos testigos o ejemplos del gran poder que significa ingresar en la esfera privada o intima de las personas, mirarlas, controlarlas, sacarles información de cualquier tipo y calidad, de cualquiera de sus dispositivos y luego utilizarlas indebidamente (exposición mediática, utilización de información innecesaria para la investigación, etc.); sobran los ejemplos tanto a nivel local como nacional.”

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