Editorial / Todos los fuegos el fuego
La tragedia ígnea en Chubut no es sólo un desastre ambiental cada vez más difícil de digerir: es una crisis de gestión pública, de prioridades políticas y de debilitamiento institucional.
Ya es una postal repetida y, lo que es peor, normalizada. Chubut arde otra vez mientras la sociedad asiste con resignación a un ciclo de tragedias anunciadas: llamas descontroladas, humo, pérdidas materiales, evacuaciones, brigadistas exhaustos, pedidos de auxilio y un saldo ambiental que lleva décadas sin recomposición. Toda la escena es conmovedora pero ya no sorprende. Y ahí está el verdadero problema.
La nueva ola de incendios encuentra a la provincia en una situación de fragilidad grave causada, básicamente, por sus propias carencias pero -sobre todo- por la insensatez y desidia del Gobierno nacional.
El desmantelamiento progresivo del sistema de manejo del fuego, la reducción del presupuesto nacional asociado y la lentitud en el envío de recursos muestran un patrón: la emergencia ambiental quedó subordinada a las prioridades fiscales del ajuste.
La respuesta de la Casa Rosada fue -otra vez- protocolar y tardía. No bastó que el ministro del Interior, Diego Santilli, pasara un rato cerca de la zona de los incendios. Pareció más un compromiso de ocasión que una visita para tomar cartas en el asunto.
El viaje había sido anunciado algunos días antes para otra cosa: venir a hacer lobby con el gobernador Nacho Torres para sumar apoyo parlamentario para la reforma laboral. Durante la visita se evitó hablar de otra cosa que no sea el fuego devastador, pero algunos medios porteños informados por fuentes cercanas a Santilli dijeron que, por ahora, el gobernador chubutense prometió su apoyo para la reforma de Código Penal pero todavía muestra dudas sobre algunas bestialidades que se quieren hacer con los derechos laborales adquiridos por los trabajadores el siglo pasado.
Mientras las llamas avanzaban, la coordinación entre Nación y Provincia se movió más al ritmo de los comunicados que de las acciones. El apoyo, cuando llega, es insuficiente y no responde a la magnitud de un territorio que necesita más aviones hidrantes, equipos especializados, logística aérea y terrestre, y una planificación real para evitar que el fuego gane siempre el primer round.
Es tal la hipocresía e ignorancia del Gobierno libertario y su troupe de “trolls” virtuales, que salieron a vanagloriarse en las redes por la llegada a Chubut del Boeing 737 Fireliner, un hidrante gigante que en realidad es propiedad de la Provincia de Santiago del Estero, gobernada por un histórico aliado del peronismo, Gerardo Zamora.
La politóloga y diputada nacional peronista Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), le puso cifras a la desinversión libertaria: Milei desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con un recorte que este año alcanzaría el 70% respecto de 2023. La ejecución real cayó 81% y en 2025 se mantendrá en 70,8%, mientras que el Presupuesto 2026 consolidaría un ajuste del 70,7%.
Además, Strada señaló que en sus dos primeros años el Ejecutivo nacional subejecutó las partidas: sólo se devengó el 60,6% del presupuesto en 2024 y apenas el 48,2% en 2025.
La subejecución no es una cifra técnica sin consecuencias: significa que equipos, brigadistas, logística y planificación quedaron bajo mínimos justo cuando las condiciones climáticas y ambientales hacen que los fuegos se propaguen con mayor rapidez e intensidad.
La decisión de eliminar el Fondo Nacional del Manejo del Fuego -una reserva que se financiaba con un porcentaje de las primas de seguros y que estaba destinada exclusivamente a esta tarea vital- marcó otro retroceso institucional. Su disolución, formalizada por decreto, implicó un recorte del 81% en los recursos disponibles para incendios forestales, mientras los fondos reasignados a un fondo general del Ministerio de Seguridad carecen de criterios claros para su utilización.
Si el desfinanciamiento institucional ya es grave, no menos negativa es la cadena de fallas que rodean a las investigaciones que encara la Justicia cada vez que hay un incendio forestal. La respuesta oficial suele centrarse en señalamientos genéricos, culpabilizaciones sumarias o retóricas mediáticas, antes que en investigaciones técnicas sólidas que permitan ir hasta el fondo de la cuestión.
Siempre, los pocos detenidos que llegan a manos de la Justicia rara vez enfrentan causas con pruebas contundentes; la mayoría quedan liberados o sin avances significativos, mientras no se identifican ni sancionan con rigor a los grupos o personas detrás de los siniestros.
Esto no sólo erosiona la confianza de las comunidades afectadas, sino que crea un clima de desinformación donde se privilegia la teatralidad de enjuiciar a chivos expiatorios por sobre la investigación científica y forense que determine causas reales y responsables. El resultado: incendios que se repiten sin consecuencias legales para quienes podrían tener responsabilidad directa o indirecta. Desde negocios inmobiliarios hasta actores económicos con intereses en la transformación del uso de la tierra.
La tragedia en Chubut no es sólo un desastre ambiental cada vez más difícil de digerir: es una crisis de gestión pública, de prioridades políticas y de debilitamiento institucional. Cuando los organismos encargados de proteger los bosques, coordinar la prevención y dotar de herramientas a los brigadistas carecen de recursos, y cuando la Justicia no logra establecer responsabilidades claras, lo que se ve no sólo es el colapso de la naturaleza sino la ausencia casi absoluta de políticas públicas.
También hay responsabilidades locales. Por ejemplo, la falta de ordenamiento territorial, el avance inmobiliario sin controles serios, el abandono de áreas forestales, la demora en la actualización de protocolos de prevención y la ausencia de campañas públicas sostenidas dejan a las comunidades expuestas año tras año.
La temporada alta del fuego no debería sorprender como si fuera un fenómeno inesperado: el calendario es conocido, el riesgo es estructural y las consecuencias económicas y ambientales son irreversibles.
Chubut está ardiendo de nuevo. El fuego no distingue colores partidarios ni niveles de gobierno. Pero sí exhibe, con brutal claridad, las prioridades de cada uno. Cuando en un país los bosques se queman de forma sistemática y la respuesta estatal se limita a apagar lo que ya se prendió, el resultado no puede ser otro que un territorio cada vez más vulnerable y un futuro cada vez más incierto.
En el mítico cuento “Todos los fuegos el fuego”, Julio Cortázar pone a arder dos escenarios distantes -la arena del Coliseo romano y un departamento parisino- hasta que ambos tiempos se superponen en un mismo incendio simbólico. El fuego que empieza como pasión, deriva en violencia y termina quemándolo todo, inclusive aquello que nadie creía inflamable. El lector descubre que lo importante no es el incendio en sí, sino la cadena de decisiones, omisiones y pasiones que lo vuelven inevitable.
En Argentina, también se producen dos “incendios” que terminan siendo uno: el de las llamas voraces y descontroladas que consumen hectáreas de bosques y el que devora instituciones, presupuestos y políticas públicas. Ambos escenarios se miran desde lejos, como si no tuvieran relación, hasta que el humo los une.
El fuego físico, como en el cuento de Cortázar, es sólo el último acto. Antes hubo advertencias, intereses, pasiones, negligencias y silencios. Moraleja: los fuegos nunca son locales, ni un solo incendio, ni tampoco sólo combustión de materia. Son una red que se expande y se superpone hasta que, cuando todo está prendido, se vuelve imposible de distinguir entre quienes encendieron las primeras chispas y quienes se limitan a mirar con caras compungidas.
Ya es una postal repetida y, lo que es peor, normalizada. Chubut arde otra vez mientras la sociedad asiste con resignación a un ciclo de tragedias anunciadas: llamas descontroladas, humo, pérdidas materiales, evacuaciones, brigadistas exhaustos, pedidos de auxilio y un saldo ambiental que lleva décadas sin recomposición. Toda la escena es conmovedora pero ya no sorprende. Y ahí está el verdadero problema.
La nueva ola de incendios encuentra a la provincia en una situación de fragilidad grave causada, básicamente, por sus propias carencias pero -sobre todo- por la insensatez y desidia del Gobierno nacional.
El desmantelamiento progresivo del sistema de manejo del fuego, la reducción del presupuesto nacional asociado y la lentitud en el envío de recursos muestran un patrón: la emergencia ambiental quedó subordinada a las prioridades fiscales del ajuste.
La respuesta de la Casa Rosada fue -otra vez- protocolar y tardía. No bastó que el ministro del Interior, Diego Santilli, pasara un rato cerca de la zona de los incendios. Pareció más un compromiso de ocasión que una visita para tomar cartas en el asunto.
El viaje había sido anunciado algunos días antes para otra cosa: venir a hacer lobby con el gobernador Nacho Torres para sumar apoyo parlamentario para la reforma laboral. Durante la visita se evitó hablar de otra cosa que no sea el fuego devastador, pero algunos medios porteños informados por fuentes cercanas a Santilli dijeron que, por ahora, el gobernador chubutense prometió su apoyo para la reforma de Código Penal pero todavía muestra dudas sobre algunas bestialidades que se quieren hacer con los derechos laborales adquiridos por los trabajadores el siglo pasado.
Mientras las llamas avanzaban, la coordinación entre Nación y Provincia se movió más al ritmo de los comunicados que de las acciones. El apoyo, cuando llega, es insuficiente y no responde a la magnitud de un territorio que necesita más aviones hidrantes, equipos especializados, logística aérea y terrestre, y una planificación real para evitar que el fuego gane siempre el primer round.
Es tal la hipocresía e ignorancia del Gobierno libertario y su troupe de “trolls” virtuales, que salieron a vanagloriarse en las redes por la llegada a Chubut del Boeing 737 Fireliner, un hidrante gigante que en realidad es propiedad de la Provincia de Santiago del Estero, gobernada por un histórico aliado del peronismo, Gerardo Zamora.
La politóloga y diputada nacional peronista Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), le puso cifras a la desinversión libertaria: Milei desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con un recorte que este año alcanzaría el 70% respecto de 2023. La ejecución real cayó 81% y en 2025 se mantendrá en 70,8%, mientras que el Presupuesto 2026 consolidaría un ajuste del 70,7%.
Además, Strada señaló que en sus dos primeros años el Ejecutivo nacional subejecutó las partidas: sólo se devengó el 60,6% del presupuesto en 2024 y apenas el 48,2% en 2025.
La subejecución no es una cifra técnica sin consecuencias: significa que equipos, brigadistas, logística y planificación quedaron bajo mínimos justo cuando las condiciones climáticas y ambientales hacen que los fuegos se propaguen con mayor rapidez e intensidad.
La decisión de eliminar el Fondo Nacional del Manejo del Fuego -una reserva que se financiaba con un porcentaje de las primas de seguros y que estaba destinada exclusivamente a esta tarea vital- marcó otro retroceso institucional. Su disolución, formalizada por decreto, implicó un recorte del 81% en los recursos disponibles para incendios forestales, mientras los fondos reasignados a un fondo general del Ministerio de Seguridad carecen de criterios claros para su utilización.
Si el desfinanciamiento institucional ya es grave, no menos negativa es la cadena de fallas que rodean a las investigaciones que encara la Justicia cada vez que hay un incendio forestal. La respuesta oficial suele centrarse en señalamientos genéricos, culpabilizaciones sumarias o retóricas mediáticas, antes que en investigaciones técnicas sólidas que permitan ir hasta el fondo de la cuestión.
Siempre, los pocos detenidos que llegan a manos de la Justicia rara vez enfrentan causas con pruebas contundentes; la mayoría quedan liberados o sin avances significativos, mientras no se identifican ni sancionan con rigor a los grupos o personas detrás de los siniestros.
Esto no sólo erosiona la confianza de las comunidades afectadas, sino que crea un clima de desinformación donde se privilegia la teatralidad de enjuiciar a chivos expiatorios por sobre la investigación científica y forense que determine causas reales y responsables. El resultado: incendios que se repiten sin consecuencias legales para quienes podrían tener responsabilidad directa o indirecta. Desde negocios inmobiliarios hasta actores económicos con intereses en la transformación del uso de la tierra.
La tragedia en Chubut no es sólo un desastre ambiental cada vez más difícil de digerir: es una crisis de gestión pública, de prioridades políticas y de debilitamiento institucional. Cuando los organismos encargados de proteger los bosques, coordinar la prevención y dotar de herramientas a los brigadistas carecen de recursos, y cuando la Justicia no logra establecer responsabilidades claras, lo que se ve no sólo es el colapso de la naturaleza sino la ausencia casi absoluta de políticas públicas.
También hay responsabilidades locales. Por ejemplo, la falta de ordenamiento territorial, el avance inmobiliario sin controles serios, el abandono de áreas forestales, la demora en la actualización de protocolos de prevención y la ausencia de campañas públicas sostenidas dejan a las comunidades expuestas año tras año.
La temporada alta del fuego no debería sorprender como si fuera un fenómeno inesperado: el calendario es conocido, el riesgo es estructural y las consecuencias económicas y ambientales son irreversibles.
Chubut está ardiendo de nuevo. El fuego no distingue colores partidarios ni niveles de gobierno. Pero sí exhibe, con brutal claridad, las prioridades de cada uno. Cuando en un país los bosques se queman de forma sistemática y la respuesta estatal se limita a apagar lo que ya se prendió, el resultado no puede ser otro que un territorio cada vez más vulnerable y un futuro cada vez más incierto.
En el mítico cuento “Todos los fuegos el fuego”, Julio Cortázar pone a arder dos escenarios distantes -la arena del Coliseo romano y un departamento parisino- hasta que ambos tiempos se superponen en un mismo incendio simbólico. El fuego que empieza como pasión, deriva en violencia y termina quemándolo todo, inclusive aquello que nadie creía inflamable. El lector descubre que lo importante no es el incendio en sí, sino la cadena de decisiones, omisiones y pasiones que lo vuelven inevitable.
En Argentina, también se producen dos “incendios” que terminan siendo uno: el de las llamas voraces y descontroladas que consumen hectáreas de bosques y el que devora instituciones, presupuestos y políticas públicas. Ambos escenarios se miran desde lejos, como si no tuvieran relación, hasta que el humo los une.
El fuego físico, como en el cuento de Cortázar, es sólo el último acto. Antes hubo advertencias, intereses, pasiones, negligencias y silencios. Moraleja: los fuegos nunca son locales, ni un solo incendio, ni tampoco sólo combustión de materia. Son una red que se expande y se superpone hasta que, cuando todo está prendido, se vuelve imposible de distinguir entre quienes encendieron las primeras chispas y quienes se limitan a mirar con caras compungidas.