Editorial / Una pandemia llamada Milei
La reforma laboral promete “más empleo” pero cada vez hay menos empresas que los generen. Es la peor destrucción de firmas en los primeros dos años de una gestión desde 2003. Chubut no es la excepción.
La discusión económica argentina suele librarse en el último tiempo en el terreno de las variables macro: inflación, tipo de cambio, superávit fiscal. Sin embargo, hay un indicador silencioso que revela con crudeza el pulso real de la economía: la cantidad de empresas que siguen en pie. Y los datos más recientes muestran una tendencia tan persistente como alarmante desde la asunción de Javier Milei.
Las cifras son durísimas e incontrastables: el tejido productivo argentino se está encogiendo a un ritmo comparable con el de la pandemia. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consolidados por el Monitor Mensual de Empresas que realiza el centro de innovación en políticas de desarrollo Fundar, en noviembre de 2025 se contabilizaron 892 empresas menos que el mes anterior. No se trata de un episodio aislado sino de la décimo cuarta caída mensual consecutiva.
El informe no incluye los primeros meses del 2026, donde la tendencia se profundizó ya de manera peligrosa. El caso de Fate con 920 operarios en la calle de un día para otro después de 80 años de actividad, es un enorme botón de muetra.
En términos interanuales, el derrumbe alcanza las 10.123 unidades productivas (-2%); y si se toma como punto de partida noviembre de 2023 -antes del cambio de gobierno y la llegada de Milei- el saldo negativo asciende a 21.938 empresas, una contracción del 4,3% del total. Es la peor destrucción de firmas en los primeros dos años de una gestión nacional desde 2003. Peor que en la pandemia de 2020 pero sin pandemia.
La magnitud del fenómeno desmiente uno de los supuestos centrales del actual programa económico que lidera Toto Caputo: que el ajuste y la desregulación generarían rápidamente un clima de inversión y expansión privada. Por el contrario, el mapa empresario muestra una Argentina en retracción, con 18 de las 24 provincias perdiendo compañías en el último año y sólo dos jurisdicciones -Neuquén y San Juan- registrando un saldo positivo.
Y por casa cómo andamos
En ese contexto, el dato de Chubut adquiere una relevancia particular para comprender el impacto territorial del modelo. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la provincia perdió el 5,37% de sus empresas, una caída superior al promedio nacional.
No se trata apenas de números: cada firma que cierra implica empleos que desaparecen, proveedores que pierden clientes y comunidades que ven erosionada su base económica.
En una provincia ya atravesada por la volatilidad del sector hidrocarburífero y la fragilidad de las economías regionales, la pérdida sostenida de unidades productivas profundiza un círculo de menor actividad y menor recaudación.
Hasta ahora, la gestión de Nacho Torres se ha ocupado de atajar algunos penales pero muy poco de desbordar por las bandas y atacar el arco contrario. Atenuar el impacto de la caída de empleo en el petróleo -con éxito dispar- ha sido una punta de lanza. Ahora promete cambios estructurales en el sector pesquero que, se espera, no sean sólo con afán recaudatorio y avancen en generación de empleo.
El punto siempre demorado es la minería. Torres amaga, la menciona en sus apariciones mediáticas y promete discusiones en la Legislatura que, por ahora, sólo se han quedado en aprontes.
La actividad minera y el desarrollo energético deberían ser esenciales en el relanzamiento económico de Chubut, atrayendo inversiones, creando empleo genuino y de largo alcance, y sobre todo generando beneficios tangibles para la Provincia.
Que la discusión no se acabe sólo en la licencia social y que también incluya la licencia económica y la soberanía política. Es decir, que la minería y la energía generen ingresos reales y sostenidos para las cuentas públicas provinciales, y desarrollo y empleo local. Y no terminen siendo sólo un negocio para las empresas y algunos gobernantes de turno. No parece un camino sencillo, pero habrá que exigir que se transite dentro de esos límites.
Saluden al federalismo que se va
La tendencia recesiva del tejido productivo también revela un rasgo estructural del ajuste en curso: su sesgo regresivo en términos federales. Las provincias con menor diversificación y mayor dependencia de sectores tradicionales muestran caídas más pronunciadas. ¿Explicará esto -aunque sea en parte- los vergonzosos gestos de sumisión de algunos gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz, que alguna vez dijeron ser peronistas?
Mientras tanto, las excepciones positivas coinciden con regiones beneficiadas por nichos específicos vinculados a los recursos naturales, donde la “licencia social” es una discusión ya dada o perimida. Es el caso del dinamismo de Vaca Muerta en Neuquén. O los múltiples proyectos mineros de larga data, en el caso de San Juan.
En este escenario, resulta especialmente contradictorio el discurso oficial que acompañó la reciente reforma laboral, presentada como una herramienta para dinamizar el empleo y facilitar la contratación. La premisa es sencilla: si contratar es más fácil y menos costoso, habrá más trabajo. Pero la evidencia muestra el reverso: sin empresas que produzcan y demanden mano de obra, ninguna flexibilización normativa puede generar puestos que no tienen quién los ofrezca.
La realidad es inversa a la versión libertaria: primero desaparecen las firmas, luego el empleo. Pretender que el mercado laboral se expanda mientras se contrae la base empresaria, equivale a discutir cómo repartir una torta que cada mes se vuelve más chiquita.
A dos años del inicio de la gestión libertaria, el balance en materia productiva es difícil de relativizar. El argumento de que la destrucción presente es el costo inevitable de una futura expansión, pierde credibilidad cuando la contracción se prolonga mes tras mes y golpea con mayor fuerza a regiones ya vulnerables. Chubut, con su caída superior al promedio, es hoy un ejemplo palpable de esa dinámica.
La economía libertaria puede mostrar planillas de Excel ordenadas mientras el aparato productivo se desangra en silencio. Cada empresa que desaparece no es sólo una razón social menos en un registro público: es empleo destruido y entramados productivos locales que se rompen. Cuando el cierre se vuelve tendencia y no excepción, el daño deja de ser una situación coyuntural para volverse estructural.
La transversal base de sustentación electoral de Milei debiera entender de una vez por todas que ningún programa económico puede proclamarse “exitoso” si, en el camino, reduce el número de empresas capaces de generar trabajo. Muchos seguirán fingiendo demencia y votando como si nada pasara, abrazados a esa libertad de cartón que los libertarios venden como gesta cultural. Sin ver -o sin querer ver- que detrás del decorado sólo se reciclan las viejas desigualdades, donde ganan los de siempre y pierden los de siempre, mientras que muchos de los que hoy aplauden mañana serán la prueba viviente de la estafa.
La discusión económica argentina suele librarse en el último tiempo en el terreno de las variables macro: inflación, tipo de cambio, superávit fiscal. Sin embargo, hay un indicador silencioso que revela con crudeza el pulso real de la economía: la cantidad de empresas que siguen en pie. Y los datos más recientes muestran una tendencia tan persistente como alarmante desde la asunción de Javier Milei.
Las cifras son durísimas e incontrastables: el tejido productivo argentino se está encogiendo a un ritmo comparable con el de la pandemia. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consolidados por el Monitor Mensual de Empresas que realiza el centro de innovación en políticas de desarrollo Fundar, en noviembre de 2025 se contabilizaron 892 empresas menos que el mes anterior. No se trata de un episodio aislado sino de la décimo cuarta caída mensual consecutiva.
El informe no incluye los primeros meses del 2026, donde la tendencia se profundizó ya de manera peligrosa. El caso de Fate con 920 operarios en la calle de un día para otro después de 80 años de actividad, es un enorme botón de muetra.
En términos interanuales, el derrumbe alcanza las 10.123 unidades productivas (-2%); y si se toma como punto de partida noviembre de 2023 -antes del cambio de gobierno y la llegada de Milei- el saldo negativo asciende a 21.938 empresas, una contracción del 4,3% del total. Es la peor destrucción de firmas en los primeros dos años de una gestión nacional desde 2003. Peor que en la pandemia de 2020 pero sin pandemia.
La magnitud del fenómeno desmiente uno de los supuestos centrales del actual programa económico que lidera Toto Caputo: que el ajuste y la desregulación generarían rápidamente un clima de inversión y expansión privada. Por el contrario, el mapa empresario muestra una Argentina en retracción, con 18 de las 24 provincias perdiendo compañías en el último año y sólo dos jurisdicciones -Neuquén y San Juan- registrando un saldo positivo.
Y por casa cómo andamos
En ese contexto, el dato de Chubut adquiere una relevancia particular para comprender el impacto territorial del modelo. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la provincia perdió el 5,37% de sus empresas, una caída superior al promedio nacional.
No se trata apenas de números: cada firma que cierra implica empleos que desaparecen, proveedores que pierden clientes y comunidades que ven erosionada su base económica.
En una provincia ya atravesada por la volatilidad del sector hidrocarburífero y la fragilidad de las economías regionales, la pérdida sostenida de unidades productivas profundiza un círculo de menor actividad y menor recaudación.
Hasta ahora, la gestión de Nacho Torres se ha ocupado de atajar algunos penales pero muy poco de desbordar por las bandas y atacar el arco contrario. Atenuar el impacto de la caída de empleo en el petróleo -con éxito dispar- ha sido una punta de lanza. Ahora promete cambios estructurales en el sector pesquero que, se espera, no sean sólo con afán recaudatorio y avancen en generación de empleo.
El punto siempre demorado es la minería. Torres amaga, la menciona en sus apariciones mediáticas y promete discusiones en la Legislatura que, por ahora, sólo se han quedado en aprontes.
La actividad minera y el desarrollo energético deberían ser esenciales en el relanzamiento económico de Chubut, atrayendo inversiones, creando empleo genuino y de largo alcance, y sobre todo generando beneficios tangibles para la Provincia.
Que la discusión no se acabe sólo en la licencia social y que también incluya la licencia económica y la soberanía política. Es decir, que la minería y la energía generen ingresos reales y sostenidos para las cuentas públicas provinciales, y desarrollo y empleo local. Y no terminen siendo sólo un negocio para las empresas y algunos gobernantes de turno. No parece un camino sencillo, pero habrá que exigir que se transite dentro de esos límites.
Saluden al federalismo que se va
La tendencia recesiva del tejido productivo también revela un rasgo estructural del ajuste en curso: su sesgo regresivo en términos federales. Las provincias con menor diversificación y mayor dependencia de sectores tradicionales muestran caídas más pronunciadas. ¿Explicará esto -aunque sea en parte- los vergonzosos gestos de sumisión de algunos gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz, que alguna vez dijeron ser peronistas?
Mientras tanto, las excepciones positivas coinciden con regiones beneficiadas por nichos específicos vinculados a los recursos naturales, donde la “licencia social” es una discusión ya dada o perimida. Es el caso del dinamismo de Vaca Muerta en Neuquén. O los múltiples proyectos mineros de larga data, en el caso de San Juan.
En este escenario, resulta especialmente contradictorio el discurso oficial que acompañó la reciente reforma laboral, presentada como una herramienta para dinamizar el empleo y facilitar la contratación. La premisa es sencilla: si contratar es más fácil y menos costoso, habrá más trabajo. Pero la evidencia muestra el reverso: sin empresas que produzcan y demanden mano de obra, ninguna flexibilización normativa puede generar puestos que no tienen quién los ofrezca.
La realidad es inversa a la versión libertaria: primero desaparecen las firmas, luego el empleo. Pretender que el mercado laboral se expanda mientras se contrae la base empresaria, equivale a discutir cómo repartir una torta que cada mes se vuelve más chiquita.
A dos años del inicio de la gestión libertaria, el balance en materia productiva es difícil de relativizar. El argumento de que la destrucción presente es el costo inevitable de una futura expansión, pierde credibilidad cuando la contracción se prolonga mes tras mes y golpea con mayor fuerza a regiones ya vulnerables. Chubut, con su caída superior al promedio, es hoy un ejemplo palpable de esa dinámica.
La economía libertaria puede mostrar planillas de Excel ordenadas mientras el aparato productivo se desangra en silencio. Cada empresa que desaparece no es sólo una razón social menos en un registro público: es empleo destruido y entramados productivos locales que se rompen. Cuando el cierre se vuelve tendencia y no excepción, el daño deja de ser una situación coyuntural para volverse estructural.
La transversal base de sustentación electoral de Milei debiera entender de una vez por todas que ningún programa económico puede proclamarse “exitoso” si, en el camino, reduce el número de empresas capaces de generar trabajo. Muchos seguirán fingiendo demencia y votando como si nada pasara, abrazados a esa libertad de cartón que los libertarios venden como gesta cultural. Sin ver -o sin querer ver- que detrás del decorado sólo se reciclan las viejas desigualdades, donde ganan los de siempre y pierden los de siempre, mientras que muchos de los que hoy aplauden mañana serán la prueba viviente de la estafa.