Editorial / Derechos o Milei
La reforma laboral de Milei avanza con apoyo político y costo social. Flexibiliza derechos, redefine el trabajo y expone a gobernadores aliados.
La media sanción en el Senado de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, que casi seguro será ratificada en breve por el Cámara de Diputados, confirma una constante de la actual gestión libertaria: la voluntad de avanzar con cambios estructurales profundos en plazos políticos acelerados y con niveles de consenso social y técnico más que discutibles.
El resultado es un texto que, bajo la promesa de “modernización”, concentra retrocesos en derechos laborales históricos y abre zonas grises que anticipan una conflictividad judicial y social.
El problema no es sólo el contenido -ya de por sí regresivo en varios capítulos- sino el método. La inclusión a último momento de artículos sensibles, como el que reduce las licencias por enfermedad no laboral al 50% o 75% del salario, revela una lógica brutal y confirmar que el proceso fue opaco y desordenado.
Además, expone a los “aliados” que le dieron sus votos y que ahora no saben de qué disfrazarse para explicar el apoyo. Una especie de “therians” de la política que se ponen las ropas según la ocasión. Pero siempre mueven la cola.
Regresiva
La filosofía que recorre el proyecto aprobado en el Senado es clara: abaratar el costo del trabajo y reducir la exposición empresaria a litigios. Por ejemplo, el nuevo sistema de indemnizaciones, con topes y exclusiones de rubros salariales, y la posibilidad de pago en cuotas, traslada el peso del despido hacia el trabajador.
Los Fondos de Asistencia Laboral -paradójicamente, o no tanto, denominados por su sigla “FAL”, homónima de la del Fusil Automático Liviano, un símbolo de las fuerzas armadas -, que son presentados como una “modernización”, implican en los hechos una sustitución parcial de la responsabilidad directa del empleador.
La ampliación de la jornada hasta 12 horas, junto con bancos de horas que reemplazan pagos por francos, consolida la flexibilidad unilateral en contextos de asimetría real de poder entre partes.
La regulación del derecho de huelga y de la actividad sindical profundiza esa misma dirección. La ampliación de servicios obligados a funcionar durante conflictos y la exigencia de autorización patronal para asambleas en el lugar de trabajo no solo tensionan estándares constitucionales e internacionales, sino que reconfiguran la negociación colectiva en favor del empleador.
A la vez, la creación del “repartidor independiente” institucionaliza la exclusión de un sector creciente de trabajadores de las protecciones laborales básicas.
Todo esto ocurre bajo el argumento de fomentar empleo formal y competitividad. Sin embargo, la evidencia comparada muestra que la flexibilización laboral, por sí sola, no genera empleo sostenible si no está acompañada de crecimiento económico y políticas productivas. En cambio, sí suele traducirse en mayor precariedad, rotación y desigualdad.
El riesgo es que Argentina avance hacia un mercado laboral más frágil sin resolver sus problemas estructurales de informalidad y baja productividad.
Una ayudita de los amigos
El oficialismo logró la media sanción gracias al apoyo de gobernadores y bloques aliados, en buena medida a cambio de concesiones fiscales. O sea: mejoras relativas para las cuentas públicas de algunas provincias pero un sablazo despiadado para los trabajadores que las habitan. No hay que ser un experto analista para evaluar al menos que el costo político interno podría ser inversamente proporcional al beneficio fiscal.
La reforma que emerge de ese toma y daca no parece una modernización equilibrada, sino un corrimiento marcado del eje de protección desde el trabajador hacia la empresa. En nombre de la eficiencia, el Estado redefine el contrato social del trabajo.
La discusión que ahora se abre en Diputados no debería limitarse a la aritmética parlamentaria, que actualmente beneficia largamente al oficialismo. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales para las próximas décadas: si la competitividad se construye sobre derechos debilitados o sobre productividad, innovación y diálogo social. El Gobierno eligió la primera vía. La duda es cuánto costará recorrerla.
En definitiva, la reforma laboral no es sólo un conjunto de artículos técnicos sino una definición política sobre el lugar del trabajo en la Argentina que viene.
Los derechos laborales nunca fueron concesiones ni privilegios: siempre fueron conquistas históricas de la organización colectiva que sostienen el equilibrio social.
Defenderlos no es resistirse al cambio, sino preservar las bases de una democracia real, porque la experiencia demuestra que cada vez que el trabajo pierde derechos, también se debilita la calidad democrática.
Formas y formas
El resultado en el Senado dejó blanco sobre negro las formas de vincularse de algunos gobernadores. Nacho Torres, por ejemplo, sigue marcando distancia de la Casa Rosada con la deuda previsional que el Estado nacional mantiene con la caja de jubilaciones de Chubut, y esta semana también elevó el tono contra la conducción de YPF, la petrolera estatal que huyó de la provincia dejando un tendal de despidos y un pasivo ambiental que nadie quiso discutir.
Pero Torres no sacó los pies del plato en el Senado y aportó sus dos senadoras, Edith Terenzi y Andrea Cristina, no sólo para dar el quórum necesario para arrancar sino para llegar a los 42 votos (de un total de 72) para conseguir la media sanción.
Un caso diferente fue el del santacruceño Claudio Vidal, también agobiado por la escasez de fondos, de obra pública y de conflictos internos. En la previa del debate, el reaparecido dirigente camionero Pablo Moyano había cuestionado con dureza al gobernador de Santa Cruz al advertir que sería “una locura” que un dirigente surgido del sindicalismo facilitara con sus senadores la aprobación de una reforma laboral.
Seguramente no por esta chicana innecesaria de Moyano hijo y sí por entender que su origen es parte de esencial de su llegada al poder, Vidal les ordenó a sus dos senadores, José María Carambia y Natalia Gadano, que votaran en contra del proyecto, alineándose con la posición del movimiento obrero y despejando las dudas planteadas desde la CGT.
Al parecer, la asfixia financiera de Santa Cruz parece tener un límite político que otros gobernadores ni siquiera se plantean.
La media sanción en el Senado de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, que casi seguro será ratificada en breve por el Cámara de Diputados, confirma una constante de la actual gestión libertaria: la voluntad de avanzar con cambios estructurales profundos en plazos políticos acelerados y con niveles de consenso social y técnico más que discutibles.
El resultado es un texto que, bajo la promesa de “modernización”, concentra retrocesos en derechos laborales históricos y abre zonas grises que anticipan una conflictividad judicial y social.
El problema no es sólo el contenido -ya de por sí regresivo en varios capítulos- sino el método. La inclusión a último momento de artículos sensibles, como el que reduce las licencias por enfermedad no laboral al 50% o 75% del salario, revela una lógica brutal y confirmar que el proceso fue opaco y desordenado.
Además, expone a los “aliados” que le dieron sus votos y que ahora no saben de qué disfrazarse para explicar el apoyo. Una especie de “therians” de la política que se ponen las ropas según la ocasión. Pero siempre mueven la cola.
Regresiva
La filosofía que recorre el proyecto aprobado en el Senado es clara: abaratar el costo del trabajo y reducir la exposición empresaria a litigios. Por ejemplo, el nuevo sistema de indemnizaciones, con topes y exclusiones de rubros salariales, y la posibilidad de pago en cuotas, traslada el peso del despido hacia el trabajador.
Los Fondos de Asistencia Laboral -paradójicamente, o no tanto, denominados por su sigla “FAL”, homónima de la del Fusil Automático Liviano, un símbolo de las fuerzas armadas -, que son presentados como una “modernización”, implican en los hechos una sustitución parcial de la responsabilidad directa del empleador.
La ampliación de la jornada hasta 12 horas, junto con bancos de horas que reemplazan pagos por francos, consolida la flexibilidad unilateral en contextos de asimetría real de poder entre partes.
La regulación del derecho de huelga y de la actividad sindical profundiza esa misma dirección. La ampliación de servicios obligados a funcionar durante conflictos y la exigencia de autorización patronal para asambleas en el lugar de trabajo no solo tensionan estándares constitucionales e internacionales, sino que reconfiguran la negociación colectiva en favor del empleador.
A la vez, la creación del “repartidor independiente” institucionaliza la exclusión de un sector creciente de trabajadores de las protecciones laborales básicas.
Todo esto ocurre bajo el argumento de fomentar empleo formal y competitividad. Sin embargo, la evidencia comparada muestra que la flexibilización laboral, por sí sola, no genera empleo sostenible si no está acompañada de crecimiento económico y políticas productivas. En cambio, sí suele traducirse en mayor precariedad, rotación y desigualdad.
El riesgo es que Argentina avance hacia un mercado laboral más frágil sin resolver sus problemas estructurales de informalidad y baja productividad.
Una ayudita de los amigos
El oficialismo logró la media sanción gracias al apoyo de gobernadores y bloques aliados, en buena medida a cambio de concesiones fiscales. O sea: mejoras relativas para las cuentas públicas de algunas provincias pero un sablazo despiadado para los trabajadores que las habitan. No hay que ser un experto analista para evaluar al menos que el costo político interno podría ser inversamente proporcional al beneficio fiscal.
La reforma que emerge de ese toma y daca no parece una modernización equilibrada, sino un corrimiento marcado del eje de protección desde el trabajador hacia la empresa. En nombre de la eficiencia, el Estado redefine el contrato social del trabajo.
La discusión que ahora se abre en Diputados no debería limitarse a la aritmética parlamentaria, que actualmente beneficia largamente al oficialismo. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales para las próximas décadas: si la competitividad se construye sobre derechos debilitados o sobre productividad, innovación y diálogo social. El Gobierno eligió la primera vía. La duda es cuánto costará recorrerla.
En definitiva, la reforma laboral no es sólo un conjunto de artículos técnicos sino una definición política sobre el lugar del trabajo en la Argentina que viene.
Los derechos laborales nunca fueron concesiones ni privilegios: siempre fueron conquistas históricas de la organización colectiva que sostienen el equilibrio social.
Defenderlos no es resistirse al cambio, sino preservar las bases de una democracia real, porque la experiencia demuestra que cada vez que el trabajo pierde derechos, también se debilita la calidad democrática.
Formas y formas
El resultado en el Senado dejó blanco sobre negro las formas de vincularse de algunos gobernadores. Nacho Torres, por ejemplo, sigue marcando distancia de la Casa Rosada con la deuda previsional que el Estado nacional mantiene con la caja de jubilaciones de Chubut, y esta semana también elevó el tono contra la conducción de YPF, la petrolera estatal que huyó de la provincia dejando un tendal de despidos y un pasivo ambiental que nadie quiso discutir.
Pero Torres no sacó los pies del plato en el Senado y aportó sus dos senadoras, Edith Terenzi y Andrea Cristina, no sólo para dar el quórum necesario para arrancar sino para llegar a los 42 votos (de un total de 72) para conseguir la media sanción.
Un caso diferente fue el del santacruceño Claudio Vidal, también agobiado por la escasez de fondos, de obra pública y de conflictos internos. En la previa del debate, el reaparecido dirigente camionero Pablo Moyano había cuestionado con dureza al gobernador de Santa Cruz al advertir que sería “una locura” que un dirigente surgido del sindicalismo facilitara con sus senadores la aprobación de una reforma laboral.
Seguramente no por esta chicana innecesaria de Moyano hijo y sí por entender que su origen es parte de esencial de su llegada al poder, Vidal les ordenó a sus dos senadores, José María Carambia y Natalia Gadano, que votaran en contra del proyecto, alineándose con la posición del movimiento obrero y despejando las dudas planteadas desde la CGT.
Al parecer, la asfixia financiera de Santa Cruz parece tener un límite político que otros gobernadores ni siquiera se plantean.