Editorial / Oro azul
A menos de 60 días del vencimiento de la prórroga de la concesión de Futaleufú, la Provincia todavía no hizo públicas sus iniciativas sobre el futuro de la central hidroeléctrica. Del mero cobro de una renta hídrica a tomar el control de un activo estratégico.
Chubut está frente a una oportunidad que no puede darse el lujo de desperdiciar. La discusión por el futuro de la central hidroeléctrica Futaleufú no debería quedar reducida a una negociación por regalías, compensaciones económicas o beneficios para los municipios cordilleranos. Lo que está en juego es mucho más importante: la posibilidad de que la provincia avance sobre el control de un activo estratégico y convierta su potencial energético en una verdadera herramienta de desarrollo económico y productivo.
A menos de 60 días del vencimiento del plazo de la prórroga de la concesión, las iniciativas del Gobierno provincial respecto de Futaleufú todavía son desconocidas. Se sabe que existen pero, por ahora, no han sido explicitadas.
Esa falta de definiciones enciende luces de alarma frente a una oportunidad que podría permitirle a Chubut construir una condición estructural de competitividad, mucho más trascendente que la eventual regalía que pudiera obtenerse en el marco de una nueva concesión.
No se trata de una discusión administrativa ni de una renovación contractual más. Es una decisión que puede condicionar el desarrollo provincial durante las próximas décadas.
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, como actor central de la gobernanza del sector energético, viene planteando desde hace años la necesidad de que la energía sea considerada una política de Estado. Su preocupación por el futuro de Futaleufú no responde solamente a la importancia de la central para los trabajadores del sector, sino también a su condición de elemento central para el desarrollo estratégico del territorio, tanto desde la perspectiva humana como desde la económica y productiva.
La organización sindical no puede ni debe permanecer ajena a una discusión que compromete el futuro de uno de los principales activos energéticos de Chubut.
En la misma dirección, la Fundación Patagonia Tercer Milenio ha insistido reiteradamente en la naturaleza estratégica de la energía y, particularmente, de la energía eléctrica. Su planteo parte de una definición económica fundamental: la energía es un insumo difundido, porque participa de prácticamente todos los procesos productivos. Por eso, su disponibilidad y su costo inciden directamente sobre la competitividad territorial.
Disputar las condiciones de acceso a la energía y su precio no es una cuestión técnica reservada a especialistas, sino una herramienta para que las economías de toda la provincia puedan fortalecer sus capacidades productivas y apalancar el desarrollo local.
Ambos actores vienen sosteniendo, desde hace tiempo, una discusión que todavía no parece haber alcanzado la dimensión política que merece. Porque una cosa es reclamar una renta hídrica y otra muy distinta es plantear la soberanía energética como una política de Estado.
La primera puede representar un ingreso legítimo y necesario para las localidades y la Provincia. La segunda supone discutir quién controla los recursos, quién toma las decisiones, bajo qué condiciones se genera y comercializa la energía y de qué manera sus beneficios pueden volcarse al conjunto del territorio.
La renta puede resolver una urgencia presupuestaria; el control de un activo estratégico puede modificar las condiciones estructurales de desarrollo.
Chubut no puede discutir Futaleufú solamente desde las necesidades financieras inmediatas. El desafío es pensar qué provincia se quiere construir y qué herramientas necesita para hacerlo. Conformarse con una compensación económica sería limitar las posibilidades de una discusión que debería tener como horizonte el desarrollo de las próximas generaciones.
El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Ese principio debe traducirse en una política concreta que permita que las condiciones energéticas estratégicas de Chubut se conviertan en un beneficio general para el desarrollo provincial. No alcanza con reivindicar el dominio sobre los recursos si después las decisiones fundamentales quedan en manos de actores externos, mientras el territorio se limita a recibir una porción de los beneficios que genera.
También es necesario romper, de una vez por todas, con los falsos regionalismos que, lejos de fortalecer a Chubut, terminan debilitando su capacidad de negociación. La experiencia posterior a la salida de YPF debería servir para comprender que las divisiones internas y las disputas de corto plazo no benefician a nadie cuando se trata de defender los intereses estratégicos del territorio.
En este escenario, uno de los actores que aparece como principal interesado en quedarse con Futaleufú es el vidrioso Grupo Neuss, que ha avanzado sobre distintos segmentos del mercado eléctrico nacional a una velocidad por lo menos sospechosa. Su presencia en el sector y sus estrechos vínculos con la Casa Rosada obliga a mirar con atención el escenario que se abre alrededor de Futaleufú.
La última del holding que lideran los hermanos Juan y Patricio Neuss es una demanda contra EJESA, la distribuidora eléctrica de Jujuy controlada desde 2025 por Edison Energía, de los Neuss, acusada de una evación tributaria por más de $ 6.600 millones.
Chubut no puede llegar a una instancia de semejante importancia sin conocer los intereses en juego, sin evaluar las alternativas disponibles y, fundamentalmente, sin tener una estrategia propia.
Aluar, dueña del 60,2% de la concesionaria de Futaleufú (la Provincia tiene el 33,51% y accionistas menores el 6,29%), tampoco puede quedar al margen de esta discusión. Su importancia en la provincia tiene una dimensión económica concreta y otra potencial que merece ser considerada. La primera está vinculada al volumen de actividad que genera y a su relación histórica con la central hidroeléctrica. La segunda tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de una cadena de valor industrial alrededor del aluminio, la energía renovable y otros vectores productivos que tienen una demanda creciente en el mercado global.
La energía no debería ser entendida únicamente como un recurso para abastecer una actividad existente, sino también como una plataforma para impulsar nuevas actividades industriales, además de complejizar y profundizar la matriz productiva provincial.
La magnitud de lo que está en juego exige acuerdos que trasciendan cualquier gobierno y cualquier coyuntura electoral. Futaleufú no es solamente una represa ni una concesión que está próxima a vencer. Es una oportunidad para que Chubut avance en una política de soberanía energética, fortalezca su capacidad de decisión y convierta sus recursos en una herramienta de desarrollo.
El tiempo para tomar decisiones es ahora. Y Chubut no debería llegar tarde a una oportunidad que puede no repetirse.
Chubut está frente a una oportunidad que no puede darse el lujo de desperdiciar. La discusión por el futuro de la central hidroeléctrica Futaleufú no debería quedar reducida a una negociación por regalías, compensaciones económicas o beneficios para los municipios cordilleranos. Lo que está en juego es mucho más importante: la posibilidad de que la provincia avance sobre el control de un activo estratégico y convierta su potencial energético en una verdadera herramienta de desarrollo económico y productivo.
A menos de 60 días del vencimiento del plazo de la prórroga de la concesión, las iniciativas del Gobierno provincial respecto de Futaleufú todavía son desconocidas. Se sabe que existen pero, por ahora, no han sido explicitadas.
Esa falta de definiciones enciende luces de alarma frente a una oportunidad que podría permitirle a Chubut construir una condición estructural de competitividad, mucho más trascendente que la eventual regalía que pudiera obtenerse en el marco de una nueva concesión.
No se trata de una discusión administrativa ni de una renovación contractual más. Es una decisión que puede condicionar el desarrollo provincial durante las próximas décadas.
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, como actor central de la gobernanza del sector energético, viene planteando desde hace años la necesidad de que la energía sea considerada una política de Estado. Su preocupación por el futuro de Futaleufú no responde solamente a la importancia de la central para los trabajadores del sector, sino también a su condición de elemento central para el desarrollo estratégico del territorio, tanto desde la perspectiva humana como desde la económica y productiva.
La organización sindical no puede ni debe permanecer ajena a una discusión que compromete el futuro de uno de los principales activos energéticos de Chubut.
En la misma dirección, la Fundación Patagonia Tercer Milenio ha insistido reiteradamente en la naturaleza estratégica de la energía y, particularmente, de la energía eléctrica. Su planteo parte de una definición económica fundamental: la energía es un insumo difundido, porque participa de prácticamente todos los procesos productivos. Por eso, su disponibilidad y su costo inciden directamente sobre la competitividad territorial.
Disputar las condiciones de acceso a la energía y su precio no es una cuestión técnica reservada a especialistas, sino una herramienta para que las economías de toda la provincia puedan fortalecer sus capacidades productivas y apalancar el desarrollo local.
Ambos actores vienen sosteniendo, desde hace tiempo, una discusión que todavía no parece haber alcanzado la dimensión política que merece. Porque una cosa es reclamar una renta hídrica y otra muy distinta es plantear la soberanía energética como una política de Estado.
La primera puede representar un ingreso legítimo y necesario para las localidades y la Provincia. La segunda supone discutir quién controla los recursos, quién toma las decisiones, bajo qué condiciones se genera y comercializa la energía y de qué manera sus beneficios pueden volcarse al conjunto del territorio.
La renta puede resolver una urgencia presupuestaria; el control de un activo estratégico puede modificar las condiciones estructurales de desarrollo.
Chubut no puede discutir Futaleufú solamente desde las necesidades financieras inmediatas. El desafío es pensar qué provincia se quiere construir y qué herramientas necesita para hacerlo. Conformarse con una compensación económica sería limitar las posibilidades de una discusión que debería tener como horizonte el desarrollo de las próximas generaciones.
El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Ese principio debe traducirse en una política concreta que permita que las condiciones energéticas estratégicas de Chubut se conviertan en un beneficio general para el desarrollo provincial. No alcanza con reivindicar el dominio sobre los recursos si después las decisiones fundamentales quedan en manos de actores externos, mientras el territorio se limita a recibir una porción de los beneficios que genera.
También es necesario romper, de una vez por todas, con los falsos regionalismos que, lejos de fortalecer a Chubut, terminan debilitando su capacidad de negociación. La experiencia posterior a la salida de YPF debería servir para comprender que las divisiones internas y las disputas de corto plazo no benefician a nadie cuando se trata de defender los intereses estratégicos del territorio.
En este escenario, uno de los actores que aparece como principal interesado en quedarse con Futaleufú es el vidrioso Grupo Neuss, que ha avanzado sobre distintos segmentos del mercado eléctrico nacional a una velocidad por lo menos sospechosa. Su presencia en el sector y sus estrechos vínculos con la Casa Rosada obliga a mirar con atención el escenario que se abre alrededor de Futaleufú.
La última del holding que lideran los hermanos Juan y Patricio Neuss es una demanda contra EJESA, la distribuidora eléctrica de Jujuy controlada desde 2025 por Edison Energía, de los Neuss, acusada de una evación tributaria por más de $ 6.600 millones.
Chubut no puede llegar a una instancia de semejante importancia sin conocer los intereses en juego, sin evaluar las alternativas disponibles y, fundamentalmente, sin tener una estrategia propia.
Aluar, dueña del 60,2% de la concesionaria de Futaleufú (la Provincia tiene el 33,51% y accionistas menores el 6,29%), tampoco puede quedar al margen de esta discusión. Su importancia en la provincia tiene una dimensión económica concreta y otra potencial que merece ser considerada. La primera está vinculada al volumen de actividad que genera y a su relación histórica con la central hidroeléctrica. La segunda tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de una cadena de valor industrial alrededor del aluminio, la energía renovable y otros vectores productivos que tienen una demanda creciente en el mercado global.
La energía no debería ser entendida únicamente como un recurso para abastecer una actividad existente, sino también como una plataforma para impulsar nuevas actividades industriales, además de complejizar y profundizar la matriz productiva provincial.
La magnitud de lo que está en juego exige acuerdos que trasciendan cualquier gobierno y cualquier coyuntura electoral. Futaleufú no es solamente una represa ni una concesión que está próxima a vencer. Es una oportunidad para que Chubut avance en una política de soberanía energética, fortalezca su capacidad de decisión y convierta sus recursos en una herramienta de desarrollo.
El tiempo para tomar decisiones es ahora. Y Chubut no debería llegar tarde a una oportunidad que puede no repetirse.