Caso Danese: Fiscales ineficientes y más dudas que certezas
- Por Esteban Gallo
Nuevos datos vinculados a la investigación de la muerte de Diego Danese provocaron indignación en la comunidad de Puerto Madryn.
La información fue suministrada a Jornada Radio por Francisco Castagnoli, abogado defensor de la familia del periodista y profesor atropellado en enero pasado en Puerto Madryn por Sofía Arnoldi, que según la Fiscalía conducía drogada y con 1,88 gr/l de alcohol en sangre.
El letrado adelantó que solicitó realizar la reconstrucción del hecho, debido a las “irregularidades” que se presentaron durante las horas posteriores al accidente y que dicho procedimiento se llevaría a cabo entre el martes o miércoles de la próxima semana.
Según Castagnoli la mayor irregularidad fue que no se hizo el estudio de alcoholemia cuando la imputada se encontraba en el Hospital Zonal”. A Arnoldi le hicieron el control de alcoholemia en el lugar y le dio positivo, pero por razones poco claras, no se le hizo la extracción de sangre que hubiera permitido saber con mayor precisión el nivel de alcohol y droga que la conductora tenía al momento del accidente.
“Hubiera sido una carta muy importante para nosotros” indicó el letrado a “Mañana G”.
El abogado apuntó contra la fiscal Ivana Berazategui, que teniendo todos los elementos para solicitar el examen no lo hizo. Incluso, desoyendo una orden dictada por la jueza Yamila Flores para que actúe en esa dirección.
Las afirmaciones de Castagnoli no tienen una importancia baladí. Las pruebas que se recolectan en los minutos posteriores al suceso que se investiga son cruciales. Una fiscal ineficiente que no hace bien su trabajo puede arruinar el destino de una causa. Un estudio mal hecho o peor aún, uno que no se efectúa, puede ser fatal en el posterior resultado de un juicio oral y público donde la diferencia la hacen las pruebas recolectadas en la etapa de investigación.
Tener datos precisos incide notablemente en la calificación de una causa. Es la diferencia que hace que la querella pueda pedir para el acusado una condena de hasta 25 años o solo una pena de 6 años de prisión como máximo.
La segunda irregularidad que detectó el abogado es que la principal testigo del hecho, una mujer que acompañaba a la imputada del homicidio, declaró fuera de término, 34 días después. Y que -además-se retiró del lugar del accidente junto con el marido de la implicada”, señaló Castagnoli.
Por supuesto que no es lo mismo que una testigo declare al instante de sucedido el hecho que hacerlo más de un mes después, que es tiempo suficiente como para armar una estrategia y ofrecer un testimonio beneficioso para su amiga.
Otra vez la mirada recae sobre la fiscal quien tenía la obligación de determinar quienes estaban presentes en el momento del aciago suceso para tomar los testimonios que correspondían.
Supongo que, por estas razones señaladas, a la fiscal Berazategui le sacaron el caso que hoy está en manos del Dr. Bugueño.
El planteo que surge es si las desprolijidades cometidas por una funcionaria judicial se pueden resolver de manera tan liviana o si acaso no corresponde una investigación interna sesuda para analizar la performance de la fiscal.
¿Se trató de un caso aislado? ¿Estamos en presencia de una funcionaria judicial idónea para ejercer su tarea? Si los yerros de Berazategui traen consecuencias negativas para las pretensiones de la familia Danese en un eventual juicio oral y público, ¿se hará responsable la fiscal por las deficiencias cometidas en la etapa de investigación?
El Poder Judicial debe entender que las desprolijidades reveladas impactan de lleno en la imagen que tiene en la sociedad. De la misma manera, alimenta las suspicacias de quienes creen que hay un poder judicial que no actúa con la misma vara cuando los acusados tienen dinero y cargan con apellidos ilustres.
No es un dato menor que al empresario hotelero Walter March, que mató a una familia entera de Santa Cruz por manejar irresponsablemente en ruta 3, tampoco le hicieron el control de alcoholemia en el hospital, porque el fiscal de ese caso tampoco hizo bien su tarea.
No le echen la culpa después a los jueces, que tienen que juzgar con los pobres elementos que aportan fiscales ineficientes.
En medio de este berenjenal están las víctimas, como los Danese, que solo reclaman Justicia. Y que los funcionarios que deben atender sus derechos hagan cumplir ese principio fundamental que expresa que todos los hombres y mujeres de este suelo son iguales ante la ley.
- Por Esteban Gallo
Nuevos datos vinculados a la investigación de la muerte de Diego Danese provocaron indignación en la comunidad de Puerto Madryn.
La información fue suministrada a Jornada Radio por Francisco Castagnoli, abogado defensor de la familia del periodista y profesor atropellado en enero pasado en Puerto Madryn por Sofía Arnoldi, que según la Fiscalía conducía drogada y con 1,88 gr/l de alcohol en sangre.
El letrado adelantó que solicitó realizar la reconstrucción del hecho, debido a las “irregularidades” que se presentaron durante las horas posteriores al accidente y que dicho procedimiento se llevaría a cabo entre el martes o miércoles de la próxima semana.
Según Castagnoli la mayor irregularidad fue que no se hizo el estudio de alcoholemia cuando la imputada se encontraba en el Hospital Zonal”. A Arnoldi le hicieron el control de alcoholemia en el lugar y le dio positivo, pero por razones poco claras, no se le hizo la extracción de sangre que hubiera permitido saber con mayor precisión el nivel de alcohol y droga que la conductora tenía al momento del accidente.
“Hubiera sido una carta muy importante para nosotros” indicó el letrado a “Mañana G”.
El abogado apuntó contra la fiscal Ivana Berazategui, que teniendo todos los elementos para solicitar el examen no lo hizo. Incluso, desoyendo una orden dictada por la jueza Yamila Flores para que actúe en esa dirección.
Las afirmaciones de Castagnoli no tienen una importancia baladí. Las pruebas que se recolectan en los minutos posteriores al suceso que se investiga son cruciales. Una fiscal ineficiente que no hace bien su trabajo puede arruinar el destino de una causa. Un estudio mal hecho o peor aún, uno que no se efectúa, puede ser fatal en el posterior resultado de un juicio oral y público donde la diferencia la hacen las pruebas recolectadas en la etapa de investigación.
Tener datos precisos incide notablemente en la calificación de una causa. Es la diferencia que hace que la querella pueda pedir para el acusado una condena de hasta 25 años o solo una pena de 6 años de prisión como máximo.
La segunda irregularidad que detectó el abogado es que la principal testigo del hecho, una mujer que acompañaba a la imputada del homicidio, declaró fuera de término, 34 días después. Y que -además-se retiró del lugar del accidente junto con el marido de la implicada”, señaló Castagnoli.
Por supuesto que no es lo mismo que una testigo declare al instante de sucedido el hecho que hacerlo más de un mes después, que es tiempo suficiente como para armar una estrategia y ofrecer un testimonio beneficioso para su amiga.
Otra vez la mirada recae sobre la fiscal quien tenía la obligación de determinar quienes estaban presentes en el momento del aciago suceso para tomar los testimonios que correspondían.
Supongo que, por estas razones señaladas, a la fiscal Berazategui le sacaron el caso que hoy está en manos del Dr. Bugueño.
El planteo que surge es si las desprolijidades cometidas por una funcionaria judicial se pueden resolver de manera tan liviana o si acaso no corresponde una investigación interna sesuda para analizar la performance de la fiscal.
¿Se trató de un caso aislado? ¿Estamos en presencia de una funcionaria judicial idónea para ejercer su tarea? Si los yerros de Berazategui traen consecuencias negativas para las pretensiones de la familia Danese en un eventual juicio oral y público, ¿se hará responsable la fiscal por las deficiencias cometidas en la etapa de investigación?
El Poder Judicial debe entender que las desprolijidades reveladas impactan de lleno en la imagen que tiene en la sociedad. De la misma manera, alimenta las suspicacias de quienes creen que hay un poder judicial que no actúa con la misma vara cuando los acusados tienen dinero y cargan con apellidos ilustres.
No es un dato menor que al empresario hotelero Walter March, que mató a una familia entera de Santa Cruz por manejar irresponsablemente en ruta 3, tampoco le hicieron el control de alcoholemia en el hospital, porque el fiscal de ese caso tampoco hizo bien su tarea.
No le echen la culpa después a los jueces, que tienen que juzgar con los pobres elementos que aportan fiscales ineficientes.
En medio de este berenjenal están las víctimas, como los Danese, que solo reclaman Justicia. Y que los funcionarios que deben atender sus derechos hagan cumplir ese principio fundamental que expresa que todos los hombres y mujeres de este suelo son iguales ante la ley.