De boca en boca y #Satirita
El Superior deja a la jueza Martini en Rawson por seis meses más. Los magistrados se quejan por la ART de Seros. Merino contestó el pedido de informes sobre los millonarios pagos a G-Digital pero a los concejales le quedan muchas dudas. Y más.
Vale refrescar la memoria: el año pasado, la jueza María Laura Martini fue severamente cuestionada desde Legislatura luego de que el Consejo de la Magistratura aprobara su traslado desde Comodoro Rivadavia a Rawson sin que esa decisión haya pasado por los diputados.
El tema se judicializó y en abril de este año la magistrada logró una medida cautelar de no innovar para quedarse en la capital al menos durante seis meses hasta que el Superior Tribunal de Justicia decidiera la cuestión de fondo: si los jueces pueden moverse de ciudad sin necesidad de concursar nuevamente ni de pedir permiso al parlamento.
El dato pasó inadvertido pero ese plazo venció este miércoles 5 de noviembre. Por eso Martini pidió una prórroga de otros seis meses. “La renovación de la cautelar es la única medida que puede garantizar la protección de su derecho, asegurar el adecuado servicio de justicia y conceder una tutela judicial efectiva en el contexto fáctico jurídico que dio origen al conflicto”, escribió.
En su respuesta, el Superior consideró que “recién en la sentencia definitiva que se dicte en el nuevo proceso iniciado se podrán interpretar las normas para dilucidar la cuestión de fondo, respecto de la pertinencia y legalidad de la necesidad de requerir Acuerdo Legislativo para disponer el traslado de jurisdicción de la actora”.
Hacerle caso a Legislatura y disponer el regreso de Martini a la ciudad petrolera “podría ocasionar perjuicios graves de imposible reparación ulterior, circunstancia que se evidencia en el estado de grave incertidumbre de la actora, en cuanto la afecta en su función, en su familia y, principalmente, porque se vislumbra que puede afectar a terceros”.
Tras verificar el “interés público” comprometido en el proceso, los ministros consideraron que “la medida peticionada de no innovar en la decisión que autorizó el traslado permitiéndole continuar cumpliendo sus funciones en la jurisdicción de Rawson, aparece como la única posibilidad de evitar perjuicios a terceros y a la comunidad, involucrados en los casos bajo su jurisdicción”.
“No se advierte que se haya producido alguna modificación en las circunstancias o la situación de hecho que fueron analizadas al momento de dictar dicha medida cautelar. Tampoco se considera en este estado del proceso que se encuentre afectado el interés público”, agregaron. “Tampoco se vislumbra una actuación dilatoria u obstruccionista que impida el avance del proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva”.
Como nada cambió, el máximo tribunal chubutense decidió prorrogar otros seis meses, hasta mayo de 2026, la estancia de Martini en Rawson. Si el STJ falla a su favor, ya se quedará definitivamente en la capital.
A la resolución la firmaron Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi y Mario Vivas.
Magistrados, ART y Seros
Hablando del Superior, se conocieron los términos de una nota enviada al presidente del STJ, Javier Raidan, firmada por la presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCh), Carina Estefania, dos que se han sacado chispas en los últimos tiempos, sobre todo por la última designación de un ministro (ingresó Andrés Giacomone cuando la Asociación reclamaba ese lugar para una mujer).
La nota de Estefanía expresa la “profunda preocupación por la situación jurídica de la ART que debe prestar servicios en caso de sufrir una enfermedad o accidente laboral y del funcionamiento de la obra social SEROS”.
Según la presidenta de la AMFJCh, “a mitad de año, recibimos un mail remitido por el Departamento de Recursos Humanos del STJ en el que se nos informó que la ART que cubriría los gastos derivados de alguna de las situaciones referidas sería cubierta por un auto seguro público de la provincia del Chubut”.
“Sin embargo -agrega Estefanía-, a la fecha, el trámite para autorizar su funcionamiento no ha concluido. Es decir, no tiene autorización para funcionar como tal”.
“Es oportuno mencionar que, en diciembre del 2024, en la misma sesión que la Legislatura aprobó el presupuesto para el ejercicio 2025 -que duplicó el porcentaje de aportes a la obra social provincial- se aprobaron dos proyectos de adhesión a leyes nacionales relacionadas con las ART”, recordó Estefanía.
Y agregó que “mediante el Decreto 881/25, el gobierno de Chubut adjudicó a la empresa Río Varadero S.A. la contratación como operadora de las prestaciones médicas en referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por considerarla ‘económicamente conveniente a los intereses del Estado provincial’ respecto de otras ofertas presentadas en la licitación pública 02/25, por un monto del 1,10% mensual de la masa salarial equivalente a $ 2.600 millones mensuales”.
Según la titular de la AMFJCh, el Estado habría recibido $ 5.200 millones de los aportes de agosto y septiembre, “desconociéndose el destino de tan importantes sumas de dinero”.
También pone la lupa sobre la creación de la Unidad Ejecutora Chubut ART, dependiente del Ministerio de Economía, que se haría cargo de las pólizas de seguro del personal con vigencia a partir del 1° de agosto del 2025 y sería la encargada de las prestaciones dinerarias de corresponder, siendo la Fiscalía de Estado la que intervendrá en caso de demandas que pudieran surgir.
“Sin embargo, ninguno de estos actos de gobierno fueron publicados en el Boletín Oficial”, asegura Estefanía. “Nótese, que la no publicidad, ha impedido que pudiéramos conocer, entre otras cuestiones, que los empleados del Banco Chubut y del ISSyS continúan con la ART Prevención, a diferencia del resto de la administración pública provincial, o de la elección de la empresa prestadora. Sobre esta diferenciación, hemos manifestado, en más de una ocasión que no era justo que los empleados bancarios puedan derivar sus aportes a una prepaga y que esa opción no estuviera disponible para los demás empleados provinciales".
"Recientemente, se produjo una reforma, pero mantuvo la excepción, modificando –solamente- que, si elegían derivar los aportes, al jubilarse no podían tener Seros cuando se jubilaban, lo cual aumentaba el nivel de la desigualdad denunciada”, cuestiona la titular de la AMFJCh.
“Más preocupante, aún, es que hemos tomado conocimiento en forma directa de empleados provinciales que han sufrido accidentes laborales no han tenido la debida cobertura de la ART y que ha sido la obra social SEROS la que ha cubierto los gastos derivados de los accidentes”, asegura la camarista de Esquel que preside la Asoción de Magistrados.
Este y otro conjunto de circunstancias, “obliga a solicitar al Máximo Tribunal adopte las medidas necesarias a su alcance, para garantizar las prestaciones médicas en caso de sufrir una enfermedad y/o accidente laboral e igualdad de trato por parte de la obra social a quienes trabajamos en el Poder Judicial”, concluye la nota de Estafanía a Raidan.
Media respuesta
Finalmente, llegó al Concejo Deliberante de Trelew la respuesta del Ejecutivo Municipal ante el pedido de informes sobre contrataciones millonarias a empresas para que realicen encuestas domiciliarias y campañas de comunicación, principalmente en redes sociales.
En estas mismas páginas se detalló que la firma G-Digital S.A. recibió pagos mensuales millonarios, según se denota del propio Boletín Oficial Municipal.
Con una rápida leída al informe firmado por el coordinador de Comunicación municipal, Fabio Abálsamo, la firma G-Digital fue contratada para que realice comunicación digital, encuestas y análisis de opinión pública en Trelew. También se menciona la capacitación de personal, pero hay algunas fechas y montos que no concuerdan y serían parte del debate en la próxima sesión del Concejo, prevista para el próximo jueves.
En el texto de la respuesta a los concejales, las autoridades municipales afirman que la empresa había presentado tres alternativas y que se había elegido “el escenario A”, que implicaba el pago de cinco cuotas de $ 7.260.000, pero que finalmente se dejó sin efecto.
Sin embargo, en el Boletín Oficial aparecen varios pagos precisamente por este monto: por ejemplo en el Nº 910 (del 21 de marzo pasado) o el Nº 919, del 16 de abril.
De la respuesta del Ejecutivo se desprende que finalmente se seleccionó el “escenario C”, con un costo de $ 16.000.000.
Pero la contratación de G-Digital, como también los pagos que figuran en el Boletín Oficial, hablan de $ 96.800.000 que se abonan en cinco pagos de $ 19.360.000 a partir del 1º de agosto.
Hete aquí otro detalle: hay pagos por esos montos antes del 1° de agosto. Por ejemplo, en el Boletín Oficial Nº 930, del 11 de junio pasado, ya figura un pago por ese monto a G-Digital SA.
Al parecer, las respuestas no dejaron satisfechos a algunos concejales de la oposición y en la sesión del jueves se esperan repercusiones.
Otra perlita: en el Concejo no cayó bien el párrafo de la respuesta en el que se acusa a los ediles de hacer un pedido de informes “cargado de intencionalidad política”.
Radio Nacional sin luz
En septiembre pasado, trascendió que la histórica emisora LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia estaba fuera del aire porque Radio y Televisión Argentina (RTA) no había pagado la factura de luz.
“Esto no es un hecho aislado. Es parte de un proceso sistemático de vaciamiento que venimos denunciando hace tiempo: abandono de infraestructura, precarización de contenidos, desfinanciamiento deliberado. Cada omisión, cada factura impaga, cada silencio forzado es una forma de censura encubierta. Y lo que no se defiende, se pierde”, señaló en aquel momento el gremio de trabajadores en un comunicado de prensa.
La situación llegó a la Legislatura de Chubut y un pedido formal de explicaciones por parte de los diputados provincial a las autoridades de RTA tuvo respuesta la semana pasada: “El 16 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 09:45, personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) cortó el suministro eléctrico a la sede de la emisora LU4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia. El corte obedeció a la presunta existencia de facturas vencidas. El propio jefe de la planta transmisora y un técnico de AM lograron normalizar la transmisión a las 15 de ese mismo día. Al día siguiente, 17 de septiembre, personal de la SCPL se presentó en la planta transmisora para realizar un nuevo corte; sin embargo, tras intervenir el jefe de Operadores de Planta y gestiones con la gerencia de la cooperativa, se acordó no interrumpir el servicio”, comienza explicando en su nota Julio Argentino Hormaechea. gerente de Asuntos Legales de Radio Nacional.
Pero lo que sigue en la respuesta es una muestra de la desorganización y la desidia en la que vive ese medio público de alcance nacional: “El informe interno emitido por la delegada administrativa, explica que los pagos correspondientes a la facturación de los servicios (energía eléctrica, gas, teléfono e internet) se gestionan desde Buenos Aires mediante claves y contraseñas que habrían sido entregadas oportunamente. La persona encargada de dichas gestiones se desvinculó de la empresa el 25 de septiembre y, al no recibir reclamo ni aviso de corte previo por parte de la empresa (SCPL), la emisora nunca tuvo conocimiento de la mora. Una vez obtenidas las facturas adeudadas, se procedió al pago inmediato, el cual se concretó el viernes 19 de septiembre de 2025”.
O sea, porque se fue un empleado, una radio pública salió del aire porque nadie en Buenos Aires sabía que la SCPL estaba reclamando por la mora.
Sin embargo, para Hormaechea, “no hubo decisión deliberada ni desidia. La interrupción se produjo por una situación administrativa extraordinaria, que fue la desvinculación de la agente responsable del pago y la falta de notificación por parte de la cooperativa-, no por una voluntad de RTA de incumplir sus obligaciones”.
Sin palabras.
Sin documentación
Un camión de la Municipalidad de Trelew fue secuestrado luego de chocar dos autos estacionados. ¿Cómo? Sí, ocurrió en la propia ciudad de Trelew el pasado fin de semana, sobre calle Pascual Daleoso, frente a la Escuela Primaria N ° 174 del barrio Inta.
Según denunciaron vecinos, el conductor del camión Ford Cargo (aparentemente de riego) se habría distraído con el celular al momento de chocar dos vehículos estacionados.
Si bien no hubo información oficial, el camión se encuentra estacionado a la vista de todos en la dependencia policial de barrio Inta. Es que, por si fuera poco, quedó secuestrado por falta de documentación. El conductor no sólo no poseía la categoría habilitante correspondiente para ese tipo de vehículo sino que tampoco tenía la Cédula de Identificación del automotor.
Completito.
El perro piquetero
Las distintas protestas que tuvieron como sede al palacio Municipal de Trelew tuvieron esta vez un asistente inusual: un perro “piquetero” que se acuesta frente a la camioneta oficial que está estacionada en la puerta de la Municipalidad, lo que obliga al chofer a realizar distintas maniobras para esquivarlo.
El perro mira indiferente y ni se molesta, porque la calle es suya.
#Satirita, por Descartes
Vale refrescar la memoria: el año pasado, la jueza María Laura Martini fue severamente cuestionada desde Legislatura luego de que el Consejo de la Magistratura aprobara su traslado desde Comodoro Rivadavia a Rawson sin que esa decisión haya pasado por los diputados.
El tema se judicializó y en abril de este año la magistrada logró una medida cautelar de no innovar para quedarse en la capital al menos durante seis meses hasta que el Superior Tribunal de Justicia decidiera la cuestión de fondo: si los jueces pueden moverse de ciudad sin necesidad de concursar nuevamente ni de pedir permiso al parlamento.
El dato pasó inadvertido pero ese plazo venció este miércoles 5 de noviembre. Por eso Martini pidió una prórroga de otros seis meses. “La renovación de la cautelar es la única medida que puede garantizar la protección de su derecho, asegurar el adecuado servicio de justicia y conceder una tutela judicial efectiva en el contexto fáctico jurídico que dio origen al conflicto”, escribió.
En su respuesta, el Superior consideró que “recién en la sentencia definitiva que se dicte en el nuevo proceso iniciado se podrán interpretar las normas para dilucidar la cuestión de fondo, respecto de la pertinencia y legalidad de la necesidad de requerir Acuerdo Legislativo para disponer el traslado de jurisdicción de la actora”.
Hacerle caso a Legislatura y disponer el regreso de Martini a la ciudad petrolera “podría ocasionar perjuicios graves de imposible reparación ulterior, circunstancia que se evidencia en el estado de grave incertidumbre de la actora, en cuanto la afecta en su función, en su familia y, principalmente, porque se vislumbra que puede afectar a terceros”.
Tras verificar el “interés público” comprometido en el proceso, los ministros consideraron que “la medida peticionada de no innovar en la decisión que autorizó el traslado permitiéndole continuar cumpliendo sus funciones en la jurisdicción de Rawson, aparece como la única posibilidad de evitar perjuicios a terceros y a la comunidad, involucrados en los casos bajo su jurisdicción”.
“No se advierte que se haya producido alguna modificación en las circunstancias o la situación de hecho que fueron analizadas al momento de dictar dicha medida cautelar. Tampoco se considera en este estado del proceso que se encuentre afectado el interés público”, agregaron. “Tampoco se vislumbra una actuación dilatoria u obstruccionista que impida el avance del proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva”.
Como nada cambió, el máximo tribunal chubutense decidió prorrogar otros seis meses, hasta mayo de 2026, la estancia de Martini en Rawson. Si el STJ falla a su favor, ya se quedará definitivamente en la capital.
A la resolución la firmaron Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi y Mario Vivas.
Magistrados, ART y Seros
Hablando del Superior, se conocieron los términos de una nota enviada al presidente del STJ, Javier Raidan, firmada por la presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCh), Carina Estefania, dos que se han sacado chispas en los últimos tiempos, sobre todo por la última designación de un ministro (ingresó Andrés Giacomone cuando la Asociación reclamaba ese lugar para una mujer).
La nota de Estefanía expresa la “profunda preocupación por la situación jurídica de la ART que debe prestar servicios en caso de sufrir una enfermedad o accidente laboral y del funcionamiento de la obra social SEROS”.
Según la presidenta de la AMFJCh, “a mitad de año, recibimos un mail remitido por el Departamento de Recursos Humanos del STJ en el que se nos informó que la ART que cubriría los gastos derivados de alguna de las situaciones referidas sería cubierta por un auto seguro público de la provincia del Chubut”.
“Sin embargo -agrega Estefanía-, a la fecha, el trámite para autorizar su funcionamiento no ha concluido. Es decir, no tiene autorización para funcionar como tal”.
“Es oportuno mencionar que, en diciembre del 2024, en la misma sesión que la Legislatura aprobó el presupuesto para el ejercicio 2025 -que duplicó el porcentaje de aportes a la obra social provincial- se aprobaron dos proyectos de adhesión a leyes nacionales relacionadas con las ART”, recordó Estefanía.
Y agregó que “mediante el Decreto 881/25, el gobierno de Chubut adjudicó a la empresa Río Varadero S.A. la contratación como operadora de las prestaciones médicas en referencia a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por considerarla ‘económicamente conveniente a los intereses del Estado provincial’ respecto de otras ofertas presentadas en la licitación pública 02/25, por un monto del 1,10% mensual de la masa salarial equivalente a $ 2.600 millones mensuales”.
Según la titular de la AMFJCh, el Estado habría recibido $ 5.200 millones de los aportes de agosto y septiembre, “desconociéndose el destino de tan importantes sumas de dinero”.
También pone la lupa sobre la creación de la Unidad Ejecutora Chubut ART, dependiente del Ministerio de Economía, que se haría cargo de las pólizas de seguro del personal con vigencia a partir del 1° de agosto del 2025 y sería la encargada de las prestaciones dinerarias de corresponder, siendo la Fiscalía de Estado la que intervendrá en caso de demandas que pudieran surgir.
“Sin embargo, ninguno de estos actos de gobierno fueron publicados en el Boletín Oficial”, asegura Estefanía. “Nótese, que la no publicidad, ha impedido que pudiéramos conocer, entre otras cuestiones, que los empleados del Banco Chubut y del ISSyS continúan con la ART Prevención, a diferencia del resto de la administración pública provincial, o de la elección de la empresa prestadora. Sobre esta diferenciación, hemos manifestado, en más de una ocasión que no era justo que los empleados bancarios puedan derivar sus aportes a una prepaga y que esa opción no estuviera disponible para los demás empleados provinciales".
"Recientemente, se produjo una reforma, pero mantuvo la excepción, modificando –solamente- que, si elegían derivar los aportes, al jubilarse no podían tener Seros cuando se jubilaban, lo cual aumentaba el nivel de la desigualdad denunciada”, cuestiona la titular de la AMFJCh.
“Más preocupante, aún, es que hemos tomado conocimiento en forma directa de empleados provinciales que han sufrido accidentes laborales no han tenido la debida cobertura de la ART y que ha sido la obra social SEROS la que ha cubierto los gastos derivados de los accidentes”, asegura la camarista de Esquel que preside la Asoción de Magistrados.
Este y otro conjunto de circunstancias, “obliga a solicitar al Máximo Tribunal adopte las medidas necesarias a su alcance, para garantizar las prestaciones médicas en caso de sufrir una enfermedad y/o accidente laboral e igualdad de trato por parte de la obra social a quienes trabajamos en el Poder Judicial”, concluye la nota de Estafanía a Raidan.
Media respuesta
Finalmente, llegó al Concejo Deliberante de Trelew la respuesta del Ejecutivo Municipal ante el pedido de informes sobre contrataciones millonarias a empresas para que realicen encuestas domiciliarias y campañas de comunicación, principalmente en redes sociales.
En estas mismas páginas se detalló que la firma G-Digital S.A. recibió pagos mensuales millonarios, según se denota del propio Boletín Oficial Municipal.
Con una rápida leída al informe firmado por el coordinador de Comunicación municipal, Fabio Abálsamo, la firma G-Digital fue contratada para que realice comunicación digital, encuestas y análisis de opinión pública en Trelew. También se menciona la capacitación de personal, pero hay algunas fechas y montos que no concuerdan y serían parte del debate en la próxima sesión del Concejo, prevista para el próximo jueves.
En el texto de la respuesta a los concejales, las autoridades municipales afirman que la empresa había presentado tres alternativas y que se había elegido “el escenario A”, que implicaba el pago de cinco cuotas de $ 7.260.000, pero que finalmente se dejó sin efecto.
Sin embargo, en el Boletín Oficial aparecen varios pagos precisamente por este monto: por ejemplo en el Nº 910 (del 21 de marzo pasado) o el Nº 919, del 16 de abril.
De la respuesta del Ejecutivo se desprende que finalmente se seleccionó el “escenario C”, con un costo de $ 16.000.000.
Pero la contratación de G-Digital, como también los pagos que figuran en el Boletín Oficial, hablan de $ 96.800.000 que se abonan en cinco pagos de $ 19.360.000 a partir del 1º de agosto.
Hete aquí otro detalle: hay pagos por esos montos antes del 1° de agosto. Por ejemplo, en el Boletín Oficial Nº 930, del 11 de junio pasado, ya figura un pago por ese monto a G-Digital SA.
Al parecer, las respuestas no dejaron satisfechos a algunos concejales de la oposición y en la sesión del jueves se esperan repercusiones.
Otra perlita: en el Concejo no cayó bien el párrafo de la respuesta en el que se acusa a los ediles de hacer un pedido de informes “cargado de intencionalidad política”.
Radio Nacional sin luz
En septiembre pasado, trascendió que la histórica emisora LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia estaba fuera del aire porque Radio y Televisión Argentina (RTA) no había pagado la factura de luz.
“Esto no es un hecho aislado. Es parte de un proceso sistemático de vaciamiento que venimos denunciando hace tiempo: abandono de infraestructura, precarización de contenidos, desfinanciamiento deliberado. Cada omisión, cada factura impaga, cada silencio forzado es una forma de censura encubierta. Y lo que no se defiende, se pierde”, señaló en aquel momento el gremio de trabajadores en un comunicado de prensa.
La situación llegó a la Legislatura de Chubut y un pedido formal de explicaciones por parte de los diputados provincial a las autoridades de RTA tuvo respuesta la semana pasada: “El 16 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 09:45, personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) cortó el suministro eléctrico a la sede de la emisora LU4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia. El corte obedeció a la presunta existencia de facturas vencidas. El propio jefe de la planta transmisora y un técnico de AM lograron normalizar la transmisión a las 15 de ese mismo día. Al día siguiente, 17 de septiembre, personal de la SCPL se presentó en la planta transmisora para realizar un nuevo corte; sin embargo, tras intervenir el jefe de Operadores de Planta y gestiones con la gerencia de la cooperativa, se acordó no interrumpir el servicio”, comienza explicando en su nota Julio Argentino Hormaechea. gerente de Asuntos Legales de Radio Nacional.
Pero lo que sigue en la respuesta es una muestra de la desorganización y la desidia en la que vive ese medio público de alcance nacional: “El informe interno emitido por la delegada administrativa, explica que los pagos correspondientes a la facturación de los servicios (energía eléctrica, gas, teléfono e internet) se gestionan desde Buenos Aires mediante claves y contraseñas que habrían sido entregadas oportunamente. La persona encargada de dichas gestiones se desvinculó de la empresa el 25 de septiembre y, al no recibir reclamo ni aviso de corte previo por parte de la empresa (SCPL), la emisora nunca tuvo conocimiento de la mora. Una vez obtenidas las facturas adeudadas, se procedió al pago inmediato, el cual se concretó el viernes 19 de septiembre de 2025”.
O sea, porque se fue un empleado, una radio pública salió del aire porque nadie en Buenos Aires sabía que la SCPL estaba reclamando por la mora.
Sin embargo, para Hormaechea, “no hubo decisión deliberada ni desidia. La interrupción se produjo por una situación administrativa extraordinaria, que fue la desvinculación de la agente responsable del pago y la falta de notificación por parte de la cooperativa-, no por una voluntad de RTA de incumplir sus obligaciones”.
Sin palabras.
Sin documentación
Un camión de la Municipalidad de Trelew fue secuestrado luego de chocar dos autos estacionados. ¿Cómo? Sí, ocurrió en la propia ciudad de Trelew el pasado fin de semana, sobre calle Pascual Daleoso, frente a la Escuela Primaria N ° 174 del barrio Inta.
Según denunciaron vecinos, el conductor del camión Ford Cargo (aparentemente de riego) se habría distraído con el celular al momento de chocar dos vehículos estacionados.
Si bien no hubo información oficial, el camión se encuentra estacionado a la vista de todos en la dependencia policial de barrio Inta. Es que, por si fuera poco, quedó secuestrado por falta de documentación. El conductor no sólo no poseía la categoría habilitante correspondiente para ese tipo de vehículo sino que tampoco tenía la Cédula de Identificación del automotor.
Completito.
El perro piquetero
Las distintas protestas que tuvieron como sede al palacio Municipal de Trelew tuvieron esta vez un asistente inusual: un perro “piquetero” que se acuesta frente a la camioneta oficial que está estacionada en la puerta de la Municipalidad, lo que obliga al chofer a realizar distintas maniobras para esquivarlo.
El perro mira indiferente y ni se molesta, porque la calle es suya.
#Satirita, por Descartes