De boca en boca y #Satirita
Después de los más de $ 70 millones pagados a una consultora porteña, ahora se supo que el intendente Merino le dio un polémico y millonario subsidio a la CICECh. Volvió Raidan, recargado. Y más.
En medio del ruido político que causó la semana pasada la publicación en esta Columna el contrato millonario con la consultora porteña G-Digital, especializada en “marketing digital”, ahora se supo que la Municipalidad de Trelew le otorgó un subsidio de $ 10 millones a la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh) “para solventar gastos de reparación, mantenimiento, servicio y equipos del predio ferial debido a su uso durante el evento ‘Dinosaurios Viven’”, según reza la resolución del intendente Gerardo Merino, firmada el 1° de septiembre pasado.
Los $ 10 millones de fondos públicos para la entidad que representa y defiende los intereses de los comerciantes de la ciudad valletana, serán pagaderos en dos cuotas $ 5 millones a favor de César Daniel Pailacura, presidente de la CICECh, y Diego Horacio Sanz, tesorero.
El espectáculo de los dinosaurios animados estilo Jurassic Park -que no tiene nada que ver con el Museo Egidio Feruglio, que reúne a los dinos que vivieron alguna vez en estas tierras- es un negocio que gira alrededor del país, que fue contratado por Merino luego de quedar obnubilado por el espectáculo en Comodoro Rivadavia.
Por ahora se desconoce si la Municipalidad de Trelew pagó un cachet a la productora comodorense que trajo el espectáculo de los dinos a Chubut, pero lo que es seguro es que algo pasó en el Predio CICECh -tal como se denomina desde hace pocos meses- como para que todos los contribuyentes de la ciudad valletana tengan que hacer frente a los millonarios arreglos.
Algunos se preguntan por qué el municipio tiene que pagar para usar un predio que fue adquirido por la CICECh hace algo más de una década con fondos públicos aportados por el Estado provincial.
Muchos no recuerdan el Decreto Nº 1188 del 24 de septiembre de 2014, mediante el cual el gobierno provincial de entonces, encabezado por Martín Buzzi, le otorgó a la CICECh un millonario subsidio destinado a la compra del enorme inmueble de la ex Lanera Austral, ubicado sobre la la calle Josiah Williams, entre la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Cacique Nahuelpán.
En total, el Estado chubutense le dio a la CICECh $ 10.450.000, que al valor del dólar en aquel año equivalió a más de 1.200.000 dólares.
Pedido de informes
El caso de la consultora que contrató el municipio trelewense, que la semana pasada causó preocupación en los pasillos del Palacio Municipal y también en la sede de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, llegó al Concejo Deliberante local y se advierten nuevos capítulos por la polémica contratación.
Resulta que el concejal peronista Juan Aguilar le puso la firma a un pedido de informes al Municipio para que informe sobre el millonario contrato por más de $ 70 millones.
Según escribió Aguilar en su pedido de informes, en “los Boletines Oficiales Municipales N° 910, 913, 919, 924, 930, 933 y 947 del corriente año, donde constan diversos actos administrativos relacionados con la contratación de servicios de la firma G-Digital S.A., representada por el Sr. Guillermo Gonzalo Gabriel Riera”, a quien el edil trelewense describe como poseedor de “un historial controversial en la comunicación política digital, a partir de la interconexión entre sus emprendimientos corporativos, su servicio en la función pública y su rol en posibles operaciones políticas partidarias”.
Aguilar asegura en el pedido de informes que la Municipalidad de Trelew le habría pagado a G-Digital un total de $ 79.860.000. “El contrato inicial, según la Resolución N° 1341/25, tenía una fecha de vencimiento estipulada para el 30 de junio de 2025. Sin embargo, la evidencia sugiere que la relación de servicios y los pagos se produjeron antes y más allá de este plazo, por lo que la Municipalidad de Trelew realizó pagos sin contrato vigente”, sugiere Aguilar.
Y concluye: “La figura de ‘actividades realizadas’ como justificación del pago de casi $ 80 millones no permite observar, calificar ni controlar las acciones realizadas por la firma G-Digital S.A, determinar si los servicios pagados fueron efectivamente prestados, si cumplieron con algún objetivo municipal o si representaron un valor justo por el dinero desembolsado.”
El edil opositor, que más de una vez se cruzó en público y en redes sociales con el intendente Merino, le solicita al Municipio que remita un informe detallado y documentado sobre la contratación de la firma G-Digital S.A.; una copia completa de los expedientes vinculados a la firma, incluyendo el contrato de servicios original, sus anexos y cualquier otra documentación que obre en el mismo; un detalle exhaustivo de los servicios específicos prestados por G-Digital S.A. mes a mes desde el inicio del contrato; y la aclaración sobre si los servicios contratados incluyen la gestión o creación de cuentas en redes sociales distintas a las oficiales de la Municipalidad de Trelew, monitoreo de opinión pública o cualquier otra actividad que exceda la estricta comunicación de actos de gobierno, entre otros.
El pedido de informes deberá ser respondido en el plazo de diez días hábiles. Ya hay ruido a pochoclos.
Extorsión
Mientras la investigación continúa, en los pasillos de Tribunales de Trelew sigue dando que hablar la denuncia por presunta extorsión del intendente Gerardo Merino contra el abogado Gastón Bordier y la exempleada municipal Belén Tromador. Cabe recordar que el jefe comunal les imputa haberlo amenazado con una falsa causa de abuso si es que no le conseguía un empleo en Provincia a Bordier.
Ahora, las juezas Carolina Marín e Ivana González debieron confirmar a Marcos Nápoli como juez de la causa. Es que primero Bordier –molesto con sus decisiones- lo denunció sin éxito ante el Consejo de la Magistratura, cuerpo que declaró inadmisible el reclamo. Luego fue el abogado César Oller –en representación de Bordier- quien lo recusó cuestionando su imparcialidad.
Pero tras analizar el rol de Nápoli en el expediente, las magistradas concluyeron que no había motivos para apartarlo del caso.
“Admitir la recusación en los parámetros expuestos por el señor defensor importaría habilitar un mecanismo de apartamiento mediante presentación de denuncias del magistrado que resuelve en contra de los intereses del peticionante en un proceso ya iniciado, al sólo efecto de seleccionar de esta manera el juez por el que se desea ser juzgado (…) Sólo bastaría con recurrir al recurso de la ‘denuncia’ para lograr de esta manera el desplazamiento de la legal y normal competencia del juez de la causa”, escribieron Marín y González.
No será el último ruido de este caso.
Volvió Raidán
En su vuelta al trabajo presencial en el Superior Tribunal de Justicia, el ministro Javier Raidan presidió nada menos que la audiencia de impugnación por las 10 condenas de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Quienes no lo conocían supieron lo que significa conducir con firmeza: cuando las intervenciones fueron largas no tuvo empacho en advertir a fiscales, defensores y hasta a uno de los empresarios condenado que quiso leer un pronunciamiento, pero el juez no se lo permitió. “Prefiero escucharlo a usted”, le dijo el ministro, amable pero sin dobleces. Es que es de estilo que en estas audiencias no se puede leer.
Sobre el final intervino el procurador adjunto Matías Froment, que pispeó un apunte. En el asiento de la otra punta el defensor comodorense Guillermo Iglesias notó el detalle y dio a entender que a algunos les permitían leer pero a otros no. Raidan lo cortó en seco y en tono casi de reto le dijo mirándolo fijo: “¿Usted me está diciendo que yo le permití que lea?”. Sorprendido y como pudo, Iglesias explicó que no había querido decir tal cosa. Y dejó el tema ahí.
Mejor.
La Causa Aonikenk, sin resolución
En septiembre de 2024, el juez de Esquel José Luis Ennis dictó el sobreseimiento a los tres imputados en la causa que investigaron la fiscal jefe María Bottini, y la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato, por el presunto fraude a la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.
El fallo absolutorio benefició a Carlos Moraga, jefe del Departamento Recursos Humanos de la Cooperativa y exadministrador de la mutual; al contador Jorge Vernengo; y a Graciela Warrel, extesorera de la prestadora de servicios.
Tanto el Dr. Daniel Sandoval, abogado de la testigo clave y denunciante Estefanía Peloff -despedida sin causa de la Coop.16 por este motivo-, como las fiscales Bottini y Bagnato, apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia el sobreseimiento dispuesto por Ennis.
El 26 de marzo pasado tuvo lugar la audiencia para dar tratamiento ante la Corte provincial del recurso presentado por la Fiscalía en contra de los tres sobreseimientos. Bottini y Bagnato indicaron que uno de los imputados, de acuerdo a la información obtenida por la Fiscalía, entre los años 2019 y 2022 tuvo a su cargo la administración de la mutual, de hecho, como una responsabilidad delegada. Cobraba los aportes y otorgaba los préstamos, y era el administrador financiero.
“En este rol quebrantó el deber de fidelidad, defraudando los intereses económicos encomendados. En cada cierre de ejercicio, de acuerdo a la acusación pública, se le informó falsamente a la asamblea. De acuerdo a la pericia contable, hay un faltante de más de 100 millones de pesos en capital y 25 millones en intereses”, revelaron las funcionarias fiscales.
Ha transcurrido el tiempo y el Superior Tribunal no se expide aún sobre la apelación. “Estamos esperando, por ahora no hay nada”, señaló Bottini ante la consulta de Jornada.
Malas noticias para Galende
Hablando de abogados, el que recibió malas noticias fue el veterano Emilio Galende, un reconocido profesional de la zona del Valle, hoy radicado en Gaiman.
Resulta que Galende denunció en 2021 al empresario Carlos Castro Blanco por agresión y amenazas con arma de fuego. El caso causó mucho impacto por el alto conocimiento social que tiene Galende pero también sus dos patrocinantes: Alfredo Pérez Galimberti y Arnaldo Barone.
Cuando la causa llegó a juicio en 2024, lo que parecía una cosa terminó siendo otra y el tribunal terminó absolviendo a Castro Blanco.
Al poco tiempo, Galende y sus defensores presentaron una impugnación extraordinaria en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que luego de analizar el caso rechazó el planteo por “improcedente” y, por ende, confirmó la sentencia del juez penal Marcelo Nieto Di Biase.
El fallo del Superior fue firmado por los ministros Camila Lucía Banfi Saavedra, Mario Luis Vivas, Silvia Alejandra Bustos y Andrés Giacomone.
En su voto, la jueza Bustos respondió a los dos puntos planteados por Galende y sus abogados: una presunta aplicación errónea de la ley sustantiva; y la arbitrariedad en la consideración de la prueba para fijar los hechos: “No advierto que la sentencia apelada incurra en los defectos señalados por la parte querellante. Entre las hojas 82/vuelta a 86/vuelta, el juez de grado explicó las razones por las cuales consideró que no se había alcanzado el estándar de certeza exigible para fundar una condena penal, esto es, más allá de toda duda razonable, en relación con el delito de lesiones leves”.
Y agregó Bustos: “A tal fin, desarrolló una argumentación respetuosa de los principios de la sana crítica racional, conforme lo impone el artículo 25 del Código Procesal Penal. Es decir, valoró la prueba producida en su conjunto y con arreglo a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. (…) No encuentro configurada una hipótesis de arbitrariedad que autorice la intervención de esta instancia revisora. (…) La querella critica la absolución por considerar que el juez no valoró adecuadamente determinados segmentos probatorios rendidos en el juicio. No comparto esa mirada”, escribió Bustos. (…) En suma, la sentencia apelada no incurre en arbitrariedad.”
Mientras tanto, la jueza Banfi Saavedra adhirió a los conceptos de Bustos y votó en la misma forma; y algo similiar hizo el ministro Giacomone, quien dijo que “los antecedentes del caso, así como los agravios introducidos por la querella, fueron debidamente expuestos en el voto que abre este acuerdo (de Bustos y Banfi), lo que torna innecesaria su reiteración. En cuanto al fondo, no observo que la sentencia atacada se aparte de los estándares exigidos por nuestra jurisprudencia para considerar configurada una decisión arbitrarla”.
Vivas, en tanto coincidió con sus colegas, y agregó que “luego de revisar detenidamente la sentencia apelada, considero que no se configura un supuesto de arbitrariedad. El tribunal de juicio valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional y brindó una respuesta fundada a los planteos oportunamente introducidos.”
Caso juzgado.
Apps de citas, las más consumidas
Jornada publicó la semana pasada en su sección Género estadísticas que indican que Argentina es el segundo país de Latinoamérica en consumir apps de citas. Allí se da cuenta que las estafas económicas y “románticas” escalaron de manera escandalosa. En Chubut, por ejemplo, hubo tres casos de estafas, todos en Comodoro Rivadavia. Pero deben existir muchos más no denunciados, creen los investigadores.
No está mal utilizarlas las app de citas pero aconsejan tomar rigurosos recaudos para evitar estafas: por ejemplo, no poner fotos de perfil, no dar direcciones, no utilizar la geolocalización ni realizar transferencias de dinero, entre otras.
“Cuando uno manda una foto se pierde el control de esa foto que mandó, o del video, de lo que sea. Por eso tiene que tener mucho cuidado”, dicen los expertos. Leé el informe de completo en este link.
#Satirita, por Descartes
En medio del ruido político que causó la semana pasada la publicación en esta Columna el contrato millonario con la consultora porteña G-Digital, especializada en “marketing digital”, ahora se supo que la Municipalidad de Trelew le otorgó un subsidio de $ 10 millones a la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh) “para solventar gastos de reparación, mantenimiento, servicio y equipos del predio ferial debido a su uso durante el evento ‘Dinosaurios Viven’”, según reza la resolución del intendente Gerardo Merino, firmada el 1° de septiembre pasado.
Los $ 10 millones de fondos públicos para la entidad que representa y defiende los intereses de los comerciantes de la ciudad valletana, serán pagaderos en dos cuotas $ 5 millones a favor de César Daniel Pailacura, presidente de la CICECh, y Diego Horacio Sanz, tesorero.
El espectáculo de los dinosaurios animados estilo Jurassic Park -que no tiene nada que ver con el Museo Egidio Feruglio, que reúne a los dinos que vivieron alguna vez en estas tierras- es un negocio que gira alrededor del país, que fue contratado por Merino luego de quedar obnubilado por el espectáculo en Comodoro Rivadavia.
Por ahora se desconoce si la Municipalidad de Trelew pagó un cachet a la productora comodorense que trajo el espectáculo de los dinos a Chubut, pero lo que es seguro es que algo pasó en el Predio CICECh -tal como se denomina desde hace pocos meses- como para que todos los contribuyentes de la ciudad valletana tengan que hacer frente a los millonarios arreglos.
Algunos se preguntan por qué el municipio tiene que pagar para usar un predio que fue adquirido por la CICECh hace algo más de una década con fondos públicos aportados por el Estado provincial.
Muchos no recuerdan el Decreto Nº 1188 del 24 de septiembre de 2014, mediante el cual el gobierno provincial de entonces, encabezado por Martín Buzzi, le otorgó a la CICECh un millonario subsidio destinado a la compra del enorme inmueble de la ex Lanera Austral, ubicado sobre la la calle Josiah Williams, entre la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Cacique Nahuelpán.
En total, el Estado chubutense le dio a la CICECh $ 10.450.000, que al valor del dólar en aquel año equivalió a más de 1.200.000 dólares.
Pedido de informes
El caso de la consultora que contrató el municipio trelewense, que la semana pasada causó preocupación en los pasillos del Palacio Municipal y también en la sede de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, llegó al Concejo Deliberante local y se advierten nuevos capítulos por la polémica contratación.
Resulta que el concejal peronista Juan Aguilar le puso la firma a un pedido de informes al Municipio para que informe sobre el millonario contrato por más de $ 70 millones.
Según escribió Aguilar en su pedido de informes, en “los Boletines Oficiales Municipales N° 910, 913, 919, 924, 930, 933 y 947 del corriente año, donde constan diversos actos administrativos relacionados con la contratación de servicios de la firma G-Digital S.A., representada por el Sr. Guillermo Gonzalo Gabriel Riera”, a quien el edil trelewense describe como poseedor de “un historial controversial en la comunicación política digital, a partir de la interconexión entre sus emprendimientos corporativos, su servicio en la función pública y su rol en posibles operaciones políticas partidarias”.
Aguilar asegura en el pedido de informes que la Municipalidad de Trelew le habría pagado a G-Digital un total de $ 79.860.000. “El contrato inicial, según la Resolución N° 1341/25, tenía una fecha de vencimiento estipulada para el 30 de junio de 2025. Sin embargo, la evidencia sugiere que la relación de servicios y los pagos se produjeron antes y más allá de este plazo, por lo que la Municipalidad de Trelew realizó pagos sin contrato vigente”, sugiere Aguilar.
Y concluye: “La figura de ‘actividades realizadas’ como justificación del pago de casi $ 80 millones no permite observar, calificar ni controlar las acciones realizadas por la firma G-Digital S.A, determinar si los servicios pagados fueron efectivamente prestados, si cumplieron con algún objetivo municipal o si representaron un valor justo por el dinero desembolsado.”
El edil opositor, que más de una vez se cruzó en público y en redes sociales con el intendente Merino, le solicita al Municipio que remita un informe detallado y documentado sobre la contratación de la firma G-Digital S.A.; una copia completa de los expedientes vinculados a la firma, incluyendo el contrato de servicios original, sus anexos y cualquier otra documentación que obre en el mismo; un detalle exhaustivo de los servicios específicos prestados por G-Digital S.A. mes a mes desde el inicio del contrato; y la aclaración sobre si los servicios contratados incluyen la gestión o creación de cuentas en redes sociales distintas a las oficiales de la Municipalidad de Trelew, monitoreo de opinión pública o cualquier otra actividad que exceda la estricta comunicación de actos de gobierno, entre otros.
El pedido de informes deberá ser respondido en el plazo de diez días hábiles. Ya hay ruido a pochoclos.
Extorsión
Mientras la investigación continúa, en los pasillos de Tribunales de Trelew sigue dando que hablar la denuncia por presunta extorsión del intendente Gerardo Merino contra el abogado Gastón Bordier y la exempleada municipal Belén Tromador. Cabe recordar que el jefe comunal les imputa haberlo amenazado con una falsa causa de abuso si es que no le conseguía un empleo en Provincia a Bordier.
Ahora, las juezas Carolina Marín e Ivana González debieron confirmar a Marcos Nápoli como juez de la causa. Es que primero Bordier –molesto con sus decisiones- lo denunció sin éxito ante el Consejo de la Magistratura, cuerpo que declaró inadmisible el reclamo. Luego fue el abogado César Oller –en representación de Bordier- quien lo recusó cuestionando su imparcialidad.
Pero tras analizar el rol de Nápoli en el expediente, las magistradas concluyeron que no había motivos para apartarlo del caso.
“Admitir la recusación en los parámetros expuestos por el señor defensor importaría habilitar un mecanismo de apartamiento mediante presentación de denuncias del magistrado que resuelve en contra de los intereses del peticionante en un proceso ya iniciado, al sólo efecto de seleccionar de esta manera el juez por el que se desea ser juzgado (…) Sólo bastaría con recurrir al recurso de la ‘denuncia’ para lograr de esta manera el desplazamiento de la legal y normal competencia del juez de la causa”, escribieron Marín y González.
No será el último ruido de este caso.
Volvió Raidán
En su vuelta al trabajo presencial en el Superior Tribunal de Justicia, el ministro Javier Raidan presidió nada menos que la audiencia de impugnación por las 10 condenas de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. Quienes no lo conocían supieron lo que significa conducir con firmeza: cuando las intervenciones fueron largas no tuvo empacho en advertir a fiscales, defensores y hasta a uno de los empresarios condenado que quiso leer un pronunciamiento, pero el juez no se lo permitió. “Prefiero escucharlo a usted”, le dijo el ministro, amable pero sin dobleces. Es que es de estilo que en estas audiencias no se puede leer.
Sobre el final intervino el procurador adjunto Matías Froment, que pispeó un apunte. En el asiento de la otra punta el defensor comodorense Guillermo Iglesias notó el detalle y dio a entender que a algunos les permitían leer pero a otros no. Raidan lo cortó en seco y en tono casi de reto le dijo mirándolo fijo: “¿Usted me está diciendo que yo le permití que lea?”. Sorprendido y como pudo, Iglesias explicó que no había querido decir tal cosa. Y dejó el tema ahí.
Mejor.
La Causa Aonikenk, sin resolución
En septiembre de 2024, el juez de Esquel José Luis Ennis dictó el sobreseimiento a los tres imputados en la causa que investigaron la fiscal jefe María Bottini, y la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato, por el presunto fraude a la Mutual Aonikenk de los trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.
El fallo absolutorio benefició a Carlos Moraga, jefe del Departamento Recursos Humanos de la Cooperativa y exadministrador de la mutual; al contador Jorge Vernengo; y a Graciela Warrel, extesorera de la prestadora de servicios.
Tanto el Dr. Daniel Sandoval, abogado de la testigo clave y denunciante Estefanía Peloff -despedida sin causa de la Coop.16 por este motivo-, como las fiscales Bottini y Bagnato, apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia el sobreseimiento dispuesto por Ennis.
El 26 de marzo pasado tuvo lugar la audiencia para dar tratamiento ante la Corte provincial del recurso presentado por la Fiscalía en contra de los tres sobreseimientos. Bottini y Bagnato indicaron que uno de los imputados, de acuerdo a la información obtenida por la Fiscalía, entre los años 2019 y 2022 tuvo a su cargo la administración de la mutual, de hecho, como una responsabilidad delegada. Cobraba los aportes y otorgaba los préstamos, y era el administrador financiero.
“En este rol quebrantó el deber de fidelidad, defraudando los intereses económicos encomendados. En cada cierre de ejercicio, de acuerdo a la acusación pública, se le informó falsamente a la asamblea. De acuerdo a la pericia contable, hay un faltante de más de 100 millones de pesos en capital y 25 millones en intereses”, revelaron las funcionarias fiscales.
Ha transcurrido el tiempo y el Superior Tribunal no se expide aún sobre la apelación. “Estamos esperando, por ahora no hay nada”, señaló Bottini ante la consulta de Jornada.
Malas noticias para Galende
Hablando de abogados, el que recibió malas noticias fue el veterano Emilio Galende, un reconocido profesional de la zona del Valle, hoy radicado en Gaiman.
Resulta que Galende denunció en 2021 al empresario Carlos Castro Blanco por agresión y amenazas con arma de fuego. El caso causó mucho impacto por el alto conocimiento social que tiene Galende pero también sus dos patrocinantes: Alfredo Pérez Galimberti y Arnaldo Barone.
Cuando la causa llegó a juicio en 2024, lo que parecía una cosa terminó siendo otra y el tribunal terminó absolviendo a Castro Blanco.
Al poco tiempo, Galende y sus defensores presentaron una impugnación extraordinaria en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que luego de analizar el caso rechazó el planteo por “improcedente” y, por ende, confirmó la sentencia del juez penal Marcelo Nieto Di Biase.
El fallo del Superior fue firmado por los ministros Camila Lucía Banfi Saavedra, Mario Luis Vivas, Silvia Alejandra Bustos y Andrés Giacomone.
En su voto, la jueza Bustos respondió a los dos puntos planteados por Galende y sus abogados: una presunta aplicación errónea de la ley sustantiva; y la arbitrariedad en la consideración de la prueba para fijar los hechos: “No advierto que la sentencia apelada incurra en los defectos señalados por la parte querellante. Entre las hojas 82/vuelta a 86/vuelta, el juez de grado explicó las razones por las cuales consideró que no se había alcanzado el estándar de certeza exigible para fundar una condena penal, esto es, más allá de toda duda razonable, en relación con el delito de lesiones leves”.
Y agregó Bustos: “A tal fin, desarrolló una argumentación respetuosa de los principios de la sana crítica racional, conforme lo impone el artículo 25 del Código Procesal Penal. Es decir, valoró la prueba producida en su conjunto y con arreglo a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. (…) No encuentro configurada una hipótesis de arbitrariedad que autorice la intervención de esta instancia revisora. (…) La querella critica la absolución por considerar que el juez no valoró adecuadamente determinados segmentos probatorios rendidos en el juicio. No comparto esa mirada”, escribió Bustos. (…) En suma, la sentencia apelada no incurre en arbitrariedad.”
Mientras tanto, la jueza Banfi Saavedra adhirió a los conceptos de Bustos y votó en la misma forma; y algo similiar hizo el ministro Giacomone, quien dijo que “los antecedentes del caso, así como los agravios introducidos por la querella, fueron debidamente expuestos en el voto que abre este acuerdo (de Bustos y Banfi), lo que torna innecesaria su reiteración. En cuanto al fondo, no observo que la sentencia atacada se aparte de los estándares exigidos por nuestra jurisprudencia para considerar configurada una decisión arbitrarla”.
Vivas, en tanto coincidió con sus colegas, y agregó que “luego de revisar detenidamente la sentencia apelada, considero que no se configura un supuesto de arbitrariedad. El tribunal de juicio valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional y brindó una respuesta fundada a los planteos oportunamente introducidos.”
Caso juzgado.
Apps de citas, las más consumidas
Jornada publicó la semana pasada en su sección Género estadísticas que indican que Argentina es el segundo país de Latinoamérica en consumir apps de citas. Allí se da cuenta que las estafas económicas y “románticas” escalaron de manera escandalosa. En Chubut, por ejemplo, hubo tres casos de estafas, todos en Comodoro Rivadavia. Pero deben existir muchos más no denunciados, creen los investigadores.
No está mal utilizarlas las app de citas pero aconsejan tomar rigurosos recaudos para evitar estafas: por ejemplo, no poner fotos de perfil, no dar direcciones, no utilizar la geolocalización ni realizar transferencias de dinero, entre otras.
“Cuando uno manda una foto se pierde el control de esa foto que mandó, o del video, de lo que sea. Por eso tiene que tener mucho cuidado”, dicen los expertos. Leé el informe de completo en este link.
#Satirita, por Descartes