Editorial / La reforma penal, un peligroso baño de punitivismo

Viejo es el viento y sigue soplando, decía el gran Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Hay otras cosas igual de viejas que tampoco mueren.

Por ejemplo, las reformas penales ideologizadas nacidas del apuro y la demagogia, basadas en la ilusión de que una ley áspera resuelve el problema de la inseguridad.

Ya en el año 650 antes de Cristo en Grecia hubo legisladores que creían que todo tipo de delito merecía pena de muerte.

Algo así sucede con el proyecto de ley del Gobierno de Javier Milei para reformar el Código Penal. Una iniciativa –o más bien un rejunte de cambios- que merece una mirada bien a fondo porque bajo el disfraz de la libertad esconde un cuerpo represivo que casi no se corresponde con la democracia.

En una jugosa entrevista con La Linterna, que emite Jornada Radio, el abogado Alfredo Pérez Galimberti, referente en Chubut del prestigioso Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, analizó el proyecto que circula, bañado de punitivismo y auspiciado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Es la idea de que agravando las penas habrá más seguridad y mayor eficiencia en la persecución penal”, lo definió. No hay estadística que lo demuestre: ni subir penas ni crear calificaciones jurídicas especiales más graves redujeron el crimen ni mejoraron nunca la seguridad ciudadana.

Desde inicios del siglo XX el Código Penal tuvo más de 800 reformas, sin contar las leyes especiales. “Es un fenómeno de inflación penal tremendo con la idea de que el Derecho Penal puede solucionar incluso problemas políticos como la seguridad ciudadana y esto no funcionó nunca. Por eso tenemos idas y vueltas y no podemos hacer una reforma racional”, graficó el letrado.

Entre otros excesos, el proyecto oficial aumenta exageradamente la pena del hurto simple. Y un hurto calificado tiene una pena comparable al homicidio. “Es justamente esta idea draconiana de que todas las penas deben castigarse de una manera máxima”.

Pérez Galimberti admitió la necesidad de revisar, por ejemplo, las penas en los casos graves de homicidio culposo, pero sin cambiar la idea de que es un homicidio sin intención. “Se podría ampliar levemente la escala de punición para casos de conductores que tienen exceso de velocidad e ingesta de sustancias”.

Pero todo debe hacerse con lupa. De otro modo, el incremento exagerado de penas en delitos comunes conduce a reventar las cárceles de presos, un problema complejísimo incluso en Chubut, donde todavía hay condenados cumpliendo su pena en comisarías, un dato inconstitucional.

“Tener una persona en una comisaría obtura la capacidad operativa de la policía, que no está para cuidar presos, para eso están los sistemas carcelarios y los guardiacárceles. Las comisarías son centros operativos de la Policía y si los ponemos a cuidar presos reducimos completamente su efectividad”.

No podía estar ausente el caballito de batalla de la edad de imputabilidad de los menores. Una alternativa es fijar una pena disminuida pero hacer responsables a menores de una edad inferior. “Hoy se trabaja con una edad de imputación de 16 años para delitos graves y la idea sería bajarla a 14 años. Pero por ejemplo en lugar de tener la pena del homicidio de 8 o 25 años, los menores tendrían una pena máxima de 7 o 9 años”.

Aunque la discusión es toda una tradición, la experiencia empírica demuestra que pese a las indignaciones sociales, en Chubut los delitos cometidos por menores no son tantos ni tan graves.

Contar con evidencia es el único modo de construir una legislación que opere en el mundo real. “Hacerlo en el aire siempre es muy malo porque entonces lo que hacemos es trabajar sobre el humor social y no sobre la realidad –dijo Pérez Galimberti- . La realidad está dada por las conductas que se pueden contabilizar, que llenan algún tipo penal y ahí sí podemos hablar de cómo operar y desarrollar una política criminal frente a un fenómeno delictivo”.

Para reducir la tasa de robo de autos, por caso, habrá que identificar el mercado clandestino, dónde se depositan los vehículos, cómo se desguazan y quiénes los compran. Si todo el trabajo es sacar de circulación a los ladrones, otro delincuente los reemplazará de inmediato. El mecanismo es similar para otros fenómenos como la violencia doméstica o el lavado de dinero.

“Legislar sin tener en cuenta los recursos disponibles y los objetivos concretos para enfrentar cada fenómeno criminal es realmente una fantasía que llena el humor social pero no corrige la realidad”, dijo en la entrevista.

Al contrario, el abogado propuso una reforma racional, con una fuerte defensa social contra las agresiones más graves, de la convivencia civil, y al mismo tiempo una tutela individual frente a la arbitrariedad judicial y policial. “La idea es reducir en la medida de lo posible la arbitrariedad y el abuso de poder”, graficó.

“Tenemos un problema de falta de concentración en políticas públicas que nos permitan identificar los hechos más graves, dedicarles todos los esfuerzos y trabajar sobre realidades que garanticen la eficacia de la persecución y que no haya abuso de poder del Estado”.

Un dato preocupante de la iniciativa es que la tortura deja de ser un delito imprescriptible, un retroceso sin justificación que perfora la jurisprudencia permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la variedad de casos que dicen lo contrario.

Por si faltara, el proyecto de Casa Rosada tiene un sesgo preocupante, que apunta tanto a la prensa como a la ciudadanía: el ataque velado a la libertad de expresión, con el regreso de figuras como el desacato, que alguna vez eliminó bajo presión el presidente Carlos Menem. “Si uno habla mal de la autoridad va preso, y es un enorme retroceso”.

“El Congreso tiene una gran responsabilidad en delimitar qué cosas de este proyecto pueden admitirse y cuáles no. Hay puntos que son muy oscuros porque nos llevan a épocas que pensábamos superadas. No hay democracia sin libertad de expresión. Y cada vez que se intenta coartar tenemos un problema de autoritarismo. No se puede permitir”.

Hará falta mucha honestidad intelectual de los legisladores para definir qué se reforma y qué no, y un fuerte escrutinio social sobre esas decisiones para hacerse cargo de las consecuencias en nuestra convivencia de todos los días. Porque levantar la mano primero y hacerse el distraído después también es tan antiguo como el viento.