En un clima de fuerte tensión, las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) quedaron envueltas en una grave denuncia de irregularidades por parte de sectores opositores, que aseguran que el proceso se llevó adelante pese a una suspensión dictada por la Justicia.
Referentes de al menos cinco listas cuestionaron la legalidad de los comicios y advirtieron que se estaría incurriendo en un abierto desacato judicial. “Fueron notificados el viernes de la semana pasada y vemos que actúan en contra de la Justicia. Así quieren ganar las elecciones también, pasando por arriba la Justicia y a los empleados municipales”, manifestaron en instalaciones del Centro de Información Pública donde se realizaba, de todos modos, la elección sindical.
Según indicaron, la decisión de avanzar con la votación no solo desconoce una medida cautelar vigente, sino que además “no respeta a nadie: ni a la Justicia ni al empleado municipal” indicó Raúl Montenegro, referente de unas listas que reclama participación. En ese sentido, remarcaron que el proceso electoral “no se podía hacer” y cuestionaron la habilitación del espacio donde se desarrollan los comicios: “Hoy este lugar no podría haber sido habilitado porque había una jueza que dijo que las elecciones no se realizan”.
Las listas opositoras también apuntaron a presuntas maniobras para garantizar la participación en la votación. “Están haciendo firmar a compañeros que los traen en camionetas, están haciendo cosas raras”, denunciaron, al tiempo que alertaron que quienes intervengan en el proceso podrían enfrentar consecuencias legales: “Después van a tener que ir a la Justicia a declarar si sabían que había un amparo de por medio y una suspensión de elecciones”.
En ese marco, aseguraron que la situación “está metiendo en un problema a todos los empleados municipales” y remarcaron que el reclamo no es individual, sino colectivo: “Acá hay cinco listas que les están diciendo que todo lo que están haciendo está mal”.
Ante la gravedad de la situación, los sectores denunciantes convocaron a un escribano para dejar constancia formal de lo ocurrido. El profesional interviniente, Juan Pablo Arcioni explicó el alcance de su actuación: “Yo vine a requerimiento de las personas ante un llamado telefónico y simplemente vengo a constatar hechos”. Detalló además que uno de los puntos centrales fue consultar a la autoridad electoral si el proceso continuaría: “Se le preguntó a la presidenta de la comisión si se iba a llevar a cabo el proceso eleccionario y contestaron que sí”.
El escribano aclaró que su tarea se limita a la elaboración de un acta: “Hago un acta notarial en la cual relató los hechos que acontecieron, para que quede bajo protocolo y certificado de que esto realmente sucedió”, dejando en manos de las partes y de la Justicia las decisiones posteriores.
Con la constatación notarial en marcha y la decisión de acudir a la Justicia, el conflicto en el SOEM suma un nuevo capítulo que podría derivar en consecuencias legales tanto para los organizadores del proceso como para quienes participaron en él. Mientras tanto, desde las listas opositoras insisten en que lo ocurrido representa “una grave vulneración institucional” y advierten que el desenlace dependerá ahora de la intervención judicial para determinar la validez o nulidad de los comicios.

En un clima de fuerte tensión, las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) quedaron envueltas en una grave denuncia de irregularidades por parte de sectores opositores, que aseguran que el proceso se llevó adelante pese a una suspensión dictada por la Justicia.
Referentes de al menos cinco listas cuestionaron la legalidad de los comicios y advirtieron que se estaría incurriendo en un abierto desacato judicial. “Fueron notificados el viernes de la semana pasada y vemos que actúan en contra de la Justicia. Así quieren ganar las elecciones también, pasando por arriba la Justicia y a los empleados municipales”, manifestaron en instalaciones del Centro de Información Pública donde se realizaba, de todos modos, la elección sindical.
Según indicaron, la decisión de avanzar con la votación no solo desconoce una medida cautelar vigente, sino que además “no respeta a nadie: ni a la Justicia ni al empleado municipal” indicó Raúl Montenegro, referente de unas listas que reclama participación. En ese sentido, remarcaron que el proceso electoral “no se podía hacer” y cuestionaron la habilitación del espacio donde se desarrollan los comicios: “Hoy este lugar no podría haber sido habilitado porque había una jueza que dijo que las elecciones no se realizan”.
Las listas opositoras también apuntaron a presuntas maniobras para garantizar la participación en la votación. “Están haciendo firmar a compañeros que los traen en camionetas, están haciendo cosas raras”, denunciaron, al tiempo que alertaron que quienes intervengan en el proceso podrían enfrentar consecuencias legales: “Después van a tener que ir a la Justicia a declarar si sabían que había un amparo de por medio y una suspensión de elecciones”.
En ese marco, aseguraron que la situación “está metiendo en un problema a todos los empleados municipales” y remarcaron que el reclamo no es individual, sino colectivo: “Acá hay cinco listas que les están diciendo que todo lo que están haciendo está mal”.
Ante la gravedad de la situación, los sectores denunciantes convocaron a un escribano para dejar constancia formal de lo ocurrido. El profesional interviniente, Juan Pablo Arcioni explicó el alcance de su actuación: “Yo vine a requerimiento de las personas ante un llamado telefónico y simplemente vengo a constatar hechos”. Detalló además que uno de los puntos centrales fue consultar a la autoridad electoral si el proceso continuaría: “Se le preguntó a la presidenta de la comisión si se iba a llevar a cabo el proceso eleccionario y contestaron que sí”.
El escribano aclaró que su tarea se limita a la elaboración de un acta: “Hago un acta notarial en la cual relató los hechos que acontecieron, para que quede bajo protocolo y certificado de que esto realmente sucedió”, dejando en manos de las partes y de la Justicia las decisiones posteriores.
Con la constatación notarial en marcha y la decisión de acudir a la Justicia, el conflicto en el SOEM suma un nuevo capítulo que podría derivar en consecuencias legales tanto para los organizadores del proceso como para quienes participaron en él. Mientras tanto, desde las listas opositoras insisten en que lo ocurrido representa “una grave vulneración institucional” y advierten que el desenlace dependerá ahora de la intervención judicial para determinar la validez o nulidad de los comicios.