La necesidad de una política energética para el desarrollo de Chubut
El grupo de pensamiento y acción política vinculado al Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y la Fundación Patagonia Tercer Milenio publicó un nuevo documento sobre soberanía, transición y seguridad energética.
Como ya venimos planteando hace tiempo desde AGENDA PATAGONIA, la política energética es un elemento central en la estrategia de desarrollo nacional, provincial y regional y, a su vez, es una condición necesaria para la integración del territorio, fundamental para la construcción de soberanía, igualdad y justicia social.
Actualmente, las decisiones de política energética se encuentran atravesadas por los ejes que promueve la transición energética global como concepto ordenador y que muchas veces desvía inconvenientemente, a nuestro criterio, las prioridades estratégicas de los decisores de la política energética nacional y provincial.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES UN TEMA TRASCENDENTE
Consideramos que la transición energética es un tema trascendente y, a su vez, complejo de abordar debido a la cantidad de dimensiones que lo atraviesan y lo configuran. Entre ellas, la dimensión geopolítica, en donde la soberanía, la defensa de los recursos naturales, la seguridad nacional, la seguridad energética y el desarrollo nacional cumplen un rol conceptual central.
SOBRE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE CHUBUT
La energía es un bien estratégico. En este documento pretendemos abordar la política energética provincial y su contexto a la luz de los últimos movimientos hacia su interior.
Antes, consideramos importante, para continuar con la coherencia conceptual, referirnos al previo documento emitido, donde vinculábamos los conceptos de soberanía, seguridad nacional y seguridad energética; en él planteábamos que la seguridad energética hace a la seguridad nacional, ya que aporta a la construcción de oportunidades para el desarrollo social y para el desarrollo económico, considerando a la energía como un bien estratégico de la economía y que, por lo tanto, no debe ser desregulado y liberado a las fuerzas del mercado, sino gestionado estratégicamente en beneficio de la comunidad en general.
Definición de seguridad energética propuesta por la OEA
Por ello, para abordar esta cuestión y enmarcar la situación nacional, regional y provincial, proponemos partir de una definición de seguridad energética propuesta por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Serie de informes de política del año 2009 denominada “Seguridad energética de las Américas”¹.
En el citado informe se plantean líneas conceptuales desde donde desprenderemos nuestro análisis. Allí se define que la seguridad energética es un tema complejo que se relaciona con la confiabilidad, resiliencia y sostenibilidad del suministro de energía.
En cuanto a la función de los tomadores de decisiones, el documento de la OEA plantea que, para los responsables de las políticas, las preocupaciones en materia energética varían ampliamente e incluyen: la estabilidad de los precios de los combustibles fósiles; la disponibilidad de recursos energéticos a largo plazo; el impacto de la producción de energía en el medio ambiente local y mundial; y la susceptibilidad de la infraestructura energética en torno a actos de violencia y desastres naturales.
En este párrafo ya se empiezan a delinear algunas cuestiones que invitan a plantear un debate sobre las políticas de la Nación y la Provincia respecto a la energía y los servicios públicos.
Además, continúa el documento, la disponibilidad y confiabilidad de los suministros de energía eficaces en función de los costos tiene un impacto directo sobre muchos aspectos del desarrollo social y económico de un país, incluidos el alivio de la pobreza, la modernización del sector privado y la balanza comercial².
DEFINIENDO LA SEGURIDAD ENERGÉTICA SEGÚN LA OEA
En consecuencia, se puede definir la seguridad energética como la capacidad que tiene un país de contar con un suministro confiable y asequible para satisfacer la demanda de energía y promover su desarrollo sostenible.
Tomamos esta definición no porque la Organización de los Estados Americanos sea nuestra referencia en política energética, sino porque ese organismo, junto a otros que forman parte del consenso hegemónico de Estados Unidos para América Latina, es el que marca el ritmo de los políticos que, como parte del actual gobierno nacional y sus acólitos provinciales, toman las decisiones sobre los distintos sectores, por lo cual no deberían desconocer estas definiciones.
Cuando hablamos de seguridad energética, partiendo desde la base del sistema y poniendo el énfasis en el sistema de distribución y el impacto en el consumidor, hacemos referencia a las condiciones de asequibilidad (capacidad de adquirirlo de manera accesible) y confiabilidad del sistema. Pensando exclusivamente en la provincia de Chubut, lo primero que se evidencia es una profunda crisis estructural del sistema que afecta a ambas condiciones, fundamentales para la seguridad energética.
LA CRISIS ENERGÉTICA EN CHUBUT ES ESTRUCTURAL
Definimos a esta crisis como estructural porque afecta todos sus niveles de organización: económico, comercial, técnico e institucional, lo cual requiere un abordaje sistémico e integral.
Por el contrario, esta crisis es abordada en el marco de una completa improvisación, tomando acciones aisladas, fuera de cualquier plan estratégico y sin sentido de lo sistémico y lo integral.
Cabe recordar, a los fines de considerar ambas condiciones planteadas para la seguridad energética (asequibilidad y confiabilidad), que en la provincia de Chubut conviven dos sistemas electroenergéticos cuyo contraste genera una gran asimetría socioeconómica dentro del territorio provincial: entre las ciudades conectadas al sistema interconectado nacional (SADI)³ y las ciudades y comunas rurales abastecidas por el sistema aislado de la provincia (32 comunidades). Esta situación genera una diferencia en ambas condiciones respecto a los usuarios del sistema interconectado.
Características diferenciadas entre ambos sistemas
Por un lado, el sistema aislado se caracteriza por el alto costo de la energía eléctrica; este se eleva a 570 dólares el MW/h (MegaWatt/hora), de acuerdo con lo reconocido por el gobierno provincial durante el anuncio del parque fotovoltaico a construir en Paso de Indios.
Este valor está indexado, es decir, directamente asociado a las fluctuaciones del valor de los combustibles fósiles, particularmente el gasoil y el gas que se utiliza en dos centrales: Río Mayo y Gobernador Costa.
Si consideramos que el sistema aislado, de acuerdo con las rendiciones que se realizan al CFEE4, genera anualmente aproximadamente cuarenta mil (40.000) MW/h, esto resulta en un costo total del sistema de aproximadamente 22 millones de dólares anuales solo en costo de la energía eléctrica, asociado directamente al uso de combustibles fósiles para su generación.
Si suponemos que la provincia recaudara el total de la energía eléctrica distribuida dentro del sistema aislado como proveedor mayorista al valor CAMMESA5 (aproximadamente 120 USD/MW/h), estaría aún en un déficit de 450 USD por MW/h (570-120).
Esto sería un total anual de aproximadamente dieciocho millones (18.000.000) de dólares que pesan sobre las arcas públicas provinciales en forma de subsidio a la generación eléctrica, suponiendo que Provincia tuviera una política energética que ordenara las relaciones comerciales entre la generación, la distribución y el consumo dentro del sistema aislado.
Pero tal política energética en Chubut no existe por el momento. Por lo anterior, la asequibilidad, como elemento esencial de la seguridad energética, no es una condición en el sistema aislado y, por el contrario, este sobrevive y agoniza en el tiempo sostenido por una política de subsidios provincial que se encuentra indexada por el precio de los combustibles fósiles que utiliza.
Por otro lado, y en cuanto a la condición de confiabilidad, son recurrentes las quejas de los vecinos y usuarios de este sistema respecto a los cortes y a la mala calidad del servicio, el cual se sostiene por los esfuerzos constantes de los trabajadores de las cooperativas y de la Dirección General de Servicios Públicos.
Por último, la convergencia de la ausencia de asequibilidad y de confiabilidad hace a la evidente imposibilidad de generar oportunidades reales de desarrollo en el territorio provincial.
Por lo tanto, el Estado provincial no garantiza las condiciones fundamentales de seguridad energética para el territorio provincial.
En este sentido y, para evidenciar el nivel de improvisación vigente, es necesario volver a hablar de transición energética, no sin antes recordar que la provincia realizará una inversión de 8400 millones de pesos para abastecer a una comunidad con un parque fotovoltaico, anunciando una baja en el costo de la energía de los USD 570 actuales el MW/h a 150 MW/h.
En perspectiva con el párrafo anterior, este proyecto es como querer tapar el sol con un dedo. Paso de Indios genera aproximadamente 3400 MW/h al año, menos del 10% (8,5% aproximadamente) del sistema aislado.
No obstante, teniendo esto en consideración, es necesario recordar que el MW/h más caro de CAMMESA está aproximadamente en los 120 dólares.
Por lo cual, la provincia seguirá generando energía con un costo por encima del precio más caro del mercado mayorista, haciendo énfasis en la reducción de combustibles fósiles en solo una de las 32 comunidades abastecidas por el sistema aislado.
UNA DECISIÓN PARA INTENTAR COMPRENDER
Ahora bien, para intentar comprender la decisión e intentar ordenarla en un marco de política energética, debemos ordenarla con el concepto de transición energética, el cual, como planteamos, es un tema complejo y no se limita exclusivamente a la matriz de energía eléctrica.
Además, si bien es un tema global, debemos abordarlo con perspectiva nacional.
Por ello, no debemos aceptar, al menos a priori, que Argentina deba ingresar con la urgencia de los países del norte al proceso de adopción de tecnologías renovables, cuando la verdadera transformación debería venir de la mano de la transformación del sistema de transportes y de la producción agrícola-ganadera.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Para poner en perspectiva la cuestión de la transición energética en términos del cambio climático: partiendo de datos de 2022, el mundo en su totalidad emite 50 GtCO2. Argentina produce menos del 1% de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) globales, equivalentes a 429 MtCO2, y de ese 1%, menos del 50% (205 MtCO2) corresponde al sector energético.
Dentro de ese porcentaje, el 29% (60 MtCO2) corresponde a la matriz de energía eléctrica. Es decir que la matriz de energía eléctrica nacional corresponde al 13% de menos del 1% de las emisiones globales. Por lo cual, pensar que la instalación de un proyecto experimental en una localidad aislada, dejando en lista de espera a las otras treinta y una, forma parte de un plan energético provincial y, más aún, de una política energética, es probablemente un tanto pretencioso.
No obstante, la importancia de la reducción de emisiones de GEI y los compromisos asumidos por Argentina a nivel global en el marco de los acuerdos de París por el cambio climático, someterse a las urgencias globales en función de los intereses industriales del norte es, por lo menos, apresurado.
Por lo tanto, la estrategia nacional y, consecuentemente, la provincial debería ser otra.
GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
Argentina en general, y Chubut en particular, tiene la capacidad de generar energía eléctrica, en el marco de lo planteado en la definición de la OEA como seguridad energética, de manera confiable y asequible a partir de su dotación actual de recursos naturales, renovables y no renovables.
La provincia de Chubut, apalancada en la disponibilidad de sus recursos, de los cuales constitucionalmente y por criterios de soberanía y federalismo es titular, podría construir una verdadera política energética en términos amplios y de energía eléctrica en particular para abastecer de manera asequible y confiable a todo su territorio.
Para ello solo necesita desarrollar un proceso de inversión en infraestructura que le permitiría no solo reducir el costo de la energía eléctrica más allá del aún alto costo de 150 dólares el MW/h para todo el sistema (no solo el aislado), sino también permitiría al territorio participar del negocio de las renovables, actualmente reservado para algunos actores del poder político y empresarial porteño.
Esta inversión es la interconexión eléctrica provincial en alta y media tensión, la cual permitiría el desarrollo de múltiples oportunidades económicas, no solo para el repago de la propia inversión sino para, como le gusta decir a más de uno, transformar la matriz productiva provincial.
LAS CAUSAS DE LA CRISIS ESTRUCTURAL ENERGÉTICA PROVINCIAL
De todos modos, ya no sorprende la falta de política energética provincial. Esta historia de una carencia no es una cuestión actual.
El sistema de distribución provincial, tanto aislado como interconectado, se encuentra en una profunda crisis estructural por diversas condiciones.
A saber:
- Falta de una política tarifaria común que tienda a armonizar las estructuras de costos.
- Falta de una institucionalidad clara que ordene los vínculos al interior de la jurisdicción provincial y entre esta y la nacional.
- Falta de una política sectorial que ordene los intereses de las distribuidoras bajo la órbita provincial para debatir con más poder relativo las condiciones de mercado.
- Falta de una actualización y ordenamiento regulatorio provincial que establezca reglas claras a todos los actores del sector, tanto del sistema interconectado como del sistema aislado.Estas situaciones planteadas no son excluyentes; de ellas podríamos derivar algunas asociadas al estilo árbol de problemas.
Pero lo principal en este momento es destacar que no hay una política energética provincial tendiente a la construcción de la seguridad energética a partir de una política de desarrollo provincial.
COOPERATIVAS INTERCONECTADAS
Habiendo ya repasado la cuestión del sistema aislado y trazado una línea de enlace entre ambos sistemas eléctricos provinciales, debemos pensar en las cooperativas interconectadas.
La histórica relación asimétrica entre las distribuidoras y CAMMESA, especialmente entre las distribuidoras chicas (relativas frente a las grandes del AMBA), se debería resolver mediante la unificación y armonización de criterios para una estrategia de negociación conjunta, buscando lograr mayor poder relativo y sumando el respaldo del Poder Ejecutivo provincial.
No mediante una política intervencionista, aislada, digitada por los propios actores de CAMMESA y en beneficio de los intereses vinculados a la nueva estructura de negocios derivada del decreto 450/25 y de la resolución 400/25 S.E.N., todo fundado en la Ley Bases, que liberaliza y desregula el mercado energético a voluntad de los intereses del negocio energético y en detrimento de los usuarios y consumidores.
En este sentido, un anuncio planteado como un hito histórico para el sistema cooperativo provincial —dejar de comprarle potencia y energía a CAMMESA y pasar a comprarle a un generador instalado en la provincia— resultó ser un negocio con una comercializadora de energía que cobraría aproximadamente un 20% en comisiones que pesará definitivamente sobre el costo final de la energía en la factura del usuario.
LA SOBERANÍA ENERGÉTICA COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Cuando hablamos de soberanía energética no lo hacemos desde una pretendida grandilocuencia o pomposidad. Lo hacemos desde su profundo significado y desde la gran carga simbólica que la palabra soberanía tiene, más aún desde un territorio como el patagónico, postergado siempre desde los gobiernos centrales y hoy en la mira de todos los intereses internacionales en el marco de una profunda disputa geopolítica.
En síntesis, más allá de los discursos tribuneros que pretenden cargar sobre los trabajadores del sector las culpas por la ineficiencia e inviabilidad del sistema, es necesario ahondar en la carencia de una política energética provincial que permita ordenar las condiciones políticas, comerciales, institucionales y técnicas del sistema.
Tendiendo a la armonización, a priori tarifaria, de todo el sistema y diseñando un plan de inversiones en infraestructura para transformar la realidad de la provincia, supuesto sobre el cual endeudarse en moneda extranjera, a casi el 10% anual, podría tener algún sentido.
La política energética es uno de los grandes temas de la agenda política nacional para remarcar la soberanía y la integridad territorial argentina y requiere por parte de los decisores de turno el más profundo sentido de la responsabilidad.
CONCLUSIÓN
La provincia del Chubut debería desarrollar, consecuentemente, una política orientada a priorizar las necesidades propias en orden a proveer, mediante una política responsable de servicios públicos, energía asequible y de manera confiable a quienes habitan en su territorio, sentando de esa manera bases sólidas para establecer las condiciones necesarias para un modelo de desarrollo basado en la ventaja competitiva que le otorga su condición de provincia productora y proveedora de energía primaria y secundaria.
Para eso debería servir una ley de soberanía energética. No para generar oportunidades de negocios para los grandes actores del mercado energético a costa de los recursos naturales de la provincia y el esfuerzo y sacrificio de sus habitantes.
Chubut, mayo de 2026
AGENDA PATAGONIA
Movimiento para la Integración Patagónica
1 Cumbre de las Américas, serie de informes de política. Seguridad energética en las Américas. Organización de los Estados Americanos. http://www.summit-americas.org/defaults.htm. https://www.summit-americas.org/V_Summit/Policy_Dialogue/Policy_Brief_Energy_Security_Sp.pdf
2 Diferencia entre exportaciones e importaciones.
3 Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Esquel, Trevelin, Cholila, El Maitén, Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo, Parque Nacional Los Alerces.
4 Consejo Federal de Energía Eléctrica.
5 Precio al que CAMMESA vende la energía a las distribuidoras (pass-thru).
Como ya venimos planteando hace tiempo desde AGENDA PATAGONIA, la política energética es un elemento central en la estrategia de desarrollo nacional, provincial y regional y, a su vez, es una condición necesaria para la integración del territorio, fundamental para la construcción de soberanía, igualdad y justicia social.
Actualmente, las decisiones de política energética se encuentran atravesadas por los ejes que promueve la transición energética global como concepto ordenador y que muchas veces desvía inconvenientemente, a nuestro criterio, las prioridades estratégicas de los decisores de la política energética nacional y provincial.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES UN TEMA TRASCENDENTE
Consideramos que la transición energética es un tema trascendente y, a su vez, complejo de abordar debido a la cantidad de dimensiones que lo atraviesan y lo configuran. Entre ellas, la dimensión geopolítica, en donde la soberanía, la defensa de los recursos naturales, la seguridad nacional, la seguridad energética y el desarrollo nacional cumplen un rol conceptual central.
SOBRE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE CHUBUT
La energía es un bien estratégico. En este documento pretendemos abordar la política energética provincial y su contexto a la luz de los últimos movimientos hacia su interior.
Antes, consideramos importante, para continuar con la coherencia conceptual, referirnos al previo documento emitido, donde vinculábamos los conceptos de soberanía, seguridad nacional y seguridad energética; en él planteábamos que la seguridad energética hace a la seguridad nacional, ya que aporta a la construcción de oportunidades para el desarrollo social y para el desarrollo económico, considerando a la energía como un bien estratégico de la economía y que, por lo tanto, no debe ser desregulado y liberado a las fuerzas del mercado, sino gestionado estratégicamente en beneficio de la comunidad en general.
Definición de seguridad energética propuesta por la OEA
Por ello, para abordar esta cuestión y enmarcar la situación nacional, regional y provincial, proponemos partir de una definición de seguridad energética propuesta por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Serie de informes de política del año 2009 denominada “Seguridad energética de las Américas”¹.
En el citado informe se plantean líneas conceptuales desde donde desprenderemos nuestro análisis. Allí se define que la seguridad energética es un tema complejo que se relaciona con la confiabilidad, resiliencia y sostenibilidad del suministro de energía.
En cuanto a la función de los tomadores de decisiones, el documento de la OEA plantea que, para los responsables de las políticas, las preocupaciones en materia energética varían ampliamente e incluyen: la estabilidad de los precios de los combustibles fósiles; la disponibilidad de recursos energéticos a largo plazo; el impacto de la producción de energía en el medio ambiente local y mundial; y la susceptibilidad de la infraestructura energética en torno a actos de violencia y desastres naturales.
En este párrafo ya se empiezan a delinear algunas cuestiones que invitan a plantear un debate sobre las políticas de la Nación y la Provincia respecto a la energía y los servicios públicos.
Además, continúa el documento, la disponibilidad y confiabilidad de los suministros de energía eficaces en función de los costos tiene un impacto directo sobre muchos aspectos del desarrollo social y económico de un país, incluidos el alivio de la pobreza, la modernización del sector privado y la balanza comercial².
DEFINIENDO LA SEGURIDAD ENERGÉTICA SEGÚN LA OEA
En consecuencia, se puede definir la seguridad energética como la capacidad que tiene un país de contar con un suministro confiable y asequible para satisfacer la demanda de energía y promover su desarrollo sostenible.
Tomamos esta definición no porque la Organización de los Estados Americanos sea nuestra referencia en política energética, sino porque ese organismo, junto a otros que forman parte del consenso hegemónico de Estados Unidos para América Latina, es el que marca el ritmo de los políticos que, como parte del actual gobierno nacional y sus acólitos provinciales, toman las decisiones sobre los distintos sectores, por lo cual no deberían desconocer estas definiciones.
Cuando hablamos de seguridad energética, partiendo desde la base del sistema y poniendo el énfasis en el sistema de distribución y el impacto en el consumidor, hacemos referencia a las condiciones de asequibilidad (capacidad de adquirirlo de manera accesible) y confiabilidad del sistema. Pensando exclusivamente en la provincia de Chubut, lo primero que se evidencia es una profunda crisis estructural del sistema que afecta a ambas condiciones, fundamentales para la seguridad energética.
LA CRISIS ENERGÉTICA EN CHUBUT ES ESTRUCTURAL
Definimos a esta crisis como estructural porque afecta todos sus niveles de organización: económico, comercial, técnico e institucional, lo cual requiere un abordaje sistémico e integral.
Por el contrario, esta crisis es abordada en el marco de una completa improvisación, tomando acciones aisladas, fuera de cualquier plan estratégico y sin sentido de lo sistémico y lo integral.
Cabe recordar, a los fines de considerar ambas condiciones planteadas para la seguridad energética (asequibilidad y confiabilidad), que en la provincia de Chubut conviven dos sistemas electroenergéticos cuyo contraste genera una gran asimetría socioeconómica dentro del territorio provincial: entre las ciudades conectadas al sistema interconectado nacional (SADI)³ y las ciudades y comunas rurales abastecidas por el sistema aislado de la provincia (32 comunidades). Esta situación genera una diferencia en ambas condiciones respecto a los usuarios del sistema interconectado.
Características diferenciadas entre ambos sistemas
Por un lado, el sistema aislado se caracteriza por el alto costo de la energía eléctrica; este se eleva a 570 dólares el MW/h (MegaWatt/hora), de acuerdo con lo reconocido por el gobierno provincial durante el anuncio del parque fotovoltaico a construir en Paso de Indios.
Este valor está indexado, es decir, directamente asociado a las fluctuaciones del valor de los combustibles fósiles, particularmente el gasoil y el gas que se utiliza en dos centrales: Río Mayo y Gobernador Costa.
Si consideramos que el sistema aislado, de acuerdo con las rendiciones que se realizan al CFEE4, genera anualmente aproximadamente cuarenta mil (40.000) MW/h, esto resulta en un costo total del sistema de aproximadamente 22 millones de dólares anuales solo en costo de la energía eléctrica, asociado directamente al uso de combustibles fósiles para su generación.
Si suponemos que la provincia recaudara el total de la energía eléctrica distribuida dentro del sistema aislado como proveedor mayorista al valor CAMMESA5 (aproximadamente 120 USD/MW/h), estaría aún en un déficit de 450 USD por MW/h (570-120).
Esto sería un total anual de aproximadamente dieciocho millones (18.000.000) de dólares que pesan sobre las arcas públicas provinciales en forma de subsidio a la generación eléctrica, suponiendo que Provincia tuviera una política energética que ordenara las relaciones comerciales entre la generación, la distribución y el consumo dentro del sistema aislado.
Pero tal política energética en Chubut no existe por el momento. Por lo anterior, la asequibilidad, como elemento esencial de la seguridad energética, no es una condición en el sistema aislado y, por el contrario, este sobrevive y agoniza en el tiempo sostenido por una política de subsidios provincial que se encuentra indexada por el precio de los combustibles fósiles que utiliza.
Por otro lado, y en cuanto a la condición de confiabilidad, son recurrentes las quejas de los vecinos y usuarios de este sistema respecto a los cortes y a la mala calidad del servicio, el cual se sostiene por los esfuerzos constantes de los trabajadores de las cooperativas y de la Dirección General de Servicios Públicos.
Por último, la convergencia de la ausencia de asequibilidad y de confiabilidad hace a la evidente imposibilidad de generar oportunidades reales de desarrollo en el territorio provincial.
Por lo tanto, el Estado provincial no garantiza las condiciones fundamentales de seguridad energética para el territorio provincial.
En este sentido y, para evidenciar el nivel de improvisación vigente, es necesario volver a hablar de transición energética, no sin antes recordar que la provincia realizará una inversión de 8400 millones de pesos para abastecer a una comunidad con un parque fotovoltaico, anunciando una baja en el costo de la energía de los USD 570 actuales el MW/h a 150 MW/h.
En perspectiva con el párrafo anterior, este proyecto es como querer tapar el sol con un dedo. Paso de Indios genera aproximadamente 3400 MW/h al año, menos del 10% (8,5% aproximadamente) del sistema aislado.
No obstante, teniendo esto en consideración, es necesario recordar que el MW/h más caro de CAMMESA está aproximadamente en los 120 dólares.
Por lo cual, la provincia seguirá generando energía con un costo por encima del precio más caro del mercado mayorista, haciendo énfasis en la reducción de combustibles fósiles en solo una de las 32 comunidades abastecidas por el sistema aislado.
UNA DECISIÓN PARA INTENTAR COMPRENDER
Ahora bien, para intentar comprender la decisión e intentar ordenarla en un marco de política energética, debemos ordenarla con el concepto de transición energética, el cual, como planteamos, es un tema complejo y no se limita exclusivamente a la matriz de energía eléctrica.
Además, si bien es un tema global, debemos abordarlo con perspectiva nacional.
Por ello, no debemos aceptar, al menos a priori, que Argentina deba ingresar con la urgencia de los países del norte al proceso de adopción de tecnologías renovables, cuando la verdadera transformación debería venir de la mano de la transformación del sistema de transportes y de la producción agrícola-ganadera.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Para poner en perspectiva la cuestión de la transición energética en términos del cambio climático: partiendo de datos de 2022, el mundo en su totalidad emite 50 GtCO2. Argentina produce menos del 1% de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) globales, equivalentes a 429 MtCO2, y de ese 1%, menos del 50% (205 MtCO2) corresponde al sector energético.
Dentro de ese porcentaje, el 29% (60 MtCO2) corresponde a la matriz de energía eléctrica. Es decir que la matriz de energía eléctrica nacional corresponde al 13% de menos del 1% de las emisiones globales. Por lo cual, pensar que la instalación de un proyecto experimental en una localidad aislada, dejando en lista de espera a las otras treinta y una, forma parte de un plan energético provincial y, más aún, de una política energética, es probablemente un tanto pretencioso.
No obstante, la importancia de la reducción de emisiones de GEI y los compromisos asumidos por Argentina a nivel global en el marco de los acuerdos de París por el cambio climático, someterse a las urgencias globales en función de los intereses industriales del norte es, por lo menos, apresurado.
Por lo tanto, la estrategia nacional y, consecuentemente, la provincial debería ser otra.
GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
Argentina en general, y Chubut en particular, tiene la capacidad de generar energía eléctrica, en el marco de lo planteado en la definición de la OEA como seguridad energética, de manera confiable y asequible a partir de su dotación actual de recursos naturales, renovables y no renovables.
La provincia de Chubut, apalancada en la disponibilidad de sus recursos, de los cuales constitucionalmente y por criterios de soberanía y federalismo es titular, podría construir una verdadera política energética en términos amplios y de energía eléctrica en particular para abastecer de manera asequible y confiable a todo su territorio.
Para ello solo necesita desarrollar un proceso de inversión en infraestructura que le permitiría no solo reducir el costo de la energía eléctrica más allá del aún alto costo de 150 dólares el MW/h para todo el sistema (no solo el aislado), sino también permitiría al territorio participar del negocio de las renovables, actualmente reservado para algunos actores del poder político y empresarial porteño.
Esta inversión es la interconexión eléctrica provincial en alta y media tensión, la cual permitiría el desarrollo de múltiples oportunidades económicas, no solo para el repago de la propia inversión sino para, como le gusta decir a más de uno, transformar la matriz productiva provincial.
LAS CAUSAS DE LA CRISIS ESTRUCTURAL ENERGÉTICA PROVINCIAL
De todos modos, ya no sorprende la falta de política energética provincial. Esta historia de una carencia no es una cuestión actual.
El sistema de distribución provincial, tanto aislado como interconectado, se encuentra en una profunda crisis estructural por diversas condiciones.
A saber:
- Falta de una política tarifaria común que tienda a armonizar las estructuras de costos.
- Falta de una institucionalidad clara que ordene los vínculos al interior de la jurisdicción provincial y entre esta y la nacional.
- Falta de una política sectorial que ordene los intereses de las distribuidoras bajo la órbita provincial para debatir con más poder relativo las condiciones de mercado.
- Falta de una actualización y ordenamiento regulatorio provincial que establezca reglas claras a todos los actores del sector, tanto del sistema interconectado como del sistema aislado.Estas situaciones planteadas no son excluyentes; de ellas podríamos derivar algunas asociadas al estilo árbol de problemas.
Pero lo principal en este momento es destacar que no hay una política energética provincial tendiente a la construcción de la seguridad energética a partir de una política de desarrollo provincial.
COOPERATIVAS INTERCONECTADAS
Habiendo ya repasado la cuestión del sistema aislado y trazado una línea de enlace entre ambos sistemas eléctricos provinciales, debemos pensar en las cooperativas interconectadas.
La histórica relación asimétrica entre las distribuidoras y CAMMESA, especialmente entre las distribuidoras chicas (relativas frente a las grandes del AMBA), se debería resolver mediante la unificación y armonización de criterios para una estrategia de negociación conjunta, buscando lograr mayor poder relativo y sumando el respaldo del Poder Ejecutivo provincial.
No mediante una política intervencionista, aislada, digitada por los propios actores de CAMMESA y en beneficio de los intereses vinculados a la nueva estructura de negocios derivada del decreto 450/25 y de la resolución 400/25 S.E.N., todo fundado en la Ley Bases, que liberaliza y desregula el mercado energético a voluntad de los intereses del negocio energético y en detrimento de los usuarios y consumidores.
En este sentido, un anuncio planteado como un hito histórico para el sistema cooperativo provincial —dejar de comprarle potencia y energía a CAMMESA y pasar a comprarle a un generador instalado en la provincia— resultó ser un negocio con una comercializadora de energía que cobraría aproximadamente un 20% en comisiones que pesará definitivamente sobre el costo final de la energía en la factura del usuario.
LA SOBERANÍA ENERGÉTICA COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Cuando hablamos de soberanía energética no lo hacemos desde una pretendida grandilocuencia o pomposidad. Lo hacemos desde su profundo significado y desde la gran carga simbólica que la palabra soberanía tiene, más aún desde un territorio como el patagónico, postergado siempre desde los gobiernos centrales y hoy en la mira de todos los intereses internacionales en el marco de una profunda disputa geopolítica.
En síntesis, más allá de los discursos tribuneros que pretenden cargar sobre los trabajadores del sector las culpas por la ineficiencia e inviabilidad del sistema, es necesario ahondar en la carencia de una política energética provincial que permita ordenar las condiciones políticas, comerciales, institucionales y técnicas del sistema.
Tendiendo a la armonización, a priori tarifaria, de todo el sistema y diseñando un plan de inversiones en infraestructura para transformar la realidad de la provincia, supuesto sobre el cual endeudarse en moneda extranjera, a casi el 10% anual, podría tener algún sentido.
La política energética es uno de los grandes temas de la agenda política nacional para remarcar la soberanía y la integridad territorial argentina y requiere por parte de los decisores de turno el más profundo sentido de la responsabilidad.
CONCLUSIÓN
La provincia del Chubut debería desarrollar, consecuentemente, una política orientada a priorizar las necesidades propias en orden a proveer, mediante una política responsable de servicios públicos, energía asequible y de manera confiable a quienes habitan en su territorio, sentando de esa manera bases sólidas para establecer las condiciones necesarias para un modelo de desarrollo basado en la ventaja competitiva que le otorga su condición de provincia productora y proveedora de energía primaria y secundaria.
Para eso debería servir una ley de soberanía energética. No para generar oportunidades de negocios para los grandes actores del mercado energético a costa de los recursos naturales de la provincia y el esfuerzo y sacrificio de sus habitantes.
Chubut, mayo de 2026
AGENDA PATAGONIA
Movimiento para la Integración Patagónica
1 Cumbre de las Américas, serie de informes de política. Seguridad energética en las Américas. Organización de los Estados Americanos. http://www.summit-americas.org/defaults.htm. https://www.summit-americas.org/V_Summit/Policy_Dialogue/Policy_Brief_Energy_Security_Sp.pdf
2 Diferencia entre exportaciones e importaciones.
3 Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Esquel, Trevelin, Cholila, El Maitén, Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo, Parque Nacional Los Alerces.
4 Consejo Federal de Energía Eléctrica.
5 Precio al que CAMMESA vende la energía a las distribuidoras (pass-thru).